Por Felipe Cuevas Mora

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz mantuvo latente la idea de remover a alguno de sus colaboradores de confianza, como parte del plan para afrontar la crisis asociada a las esquirlas del Caso Convenios en la Región.

"Un par de personas del equipo ejecutivo me han señalado que cuente con toda libertad para poder tomar la mejor medida que estime pertinente, poniendo sus cargos a disposición. Eso es algo que analizo permanentemente, y sobre lo que me tendré que pronunciar en algún minuto", señaló en su entrevista con este medio el pasado domingo.

Idea que finalmente llevó a cabo la mañana de hoy, luego de una discusión interna con su equipo de trabajo el fin de semana: pasadas las 8 de la mañana, aceptó las renuncias presentadas por su jefe de gabinete Rodrigo Alarcón, el administrador regional Rodrigo Martínez y el jefe de división Social Simón Acuña, con el objetivo de "entregar mayor transparencia y celeridad en la resolución de los anhelos que tiene la Región", según señaló un comunicado, en el que se anticipó que la elección de sus sucesores se realizará "tras un proceso de elección exhaustivo que cumpla con los más altos estándares de probidad y condiciones técnicas".

La decisión, explican al interior del equipo del Gobierno Regional, responde a la responsabilidad política que Díaz asume en medio de la crisis, desprendiéndose de tres pilares fundamentales en su regreso a la arena política en 2021, luego de ser electo gobernador.

Pero también al cuestionamiento público, que ha recaído en contra de los salientes colaboradores a quienes se pidió sus cargos en reiteradas ocasiones debido a posibles implicancias en los hechos que indaga la Fiscalía.

Círculo de hierro

El vínculo entre Rodrigo Díaz y Rodrigo Martínez se extiende por más de quince años, en que han trabajado a la par distintas iniciativas: en la época de intendente del hoy gobernador, su hasta ayer administrador regional primero fue su encargado de programación y contenidos desde 2014, para luego asumir en 2015 funciones como presidente del Comité de Desarrollo Productivo, en representación del propio Díaz.

Tras la salida de ambos de la Intendencia, sus caminos se vuelven a encontrar en 2021 cuando, luego de asumir como gobernador electo, Rodrigo Díaz convoca a Martínez para que asuma tareas como administrador regional, tras su trabajo en universidades como del Bío-Bío y de Concepción, esta última donde fue parte del equipo estrecho de colaboradores del rector Carlos Saavedra.

En el caso de Rodrigo Alarcón, también fue parte del equipo de contenidos y programación de Díaz en su paso por la Intendencia, hasta 2017 cuando el trabajador social asumiera como seremi del Trabajo en reemplazo de Victoria Fariña. En el periodo de gobernador de Díaz, Alarcón se incorporó como parte del equipo para luego asumir labores de jefe de gabinete de la máxima autoridad regional.

Simón Acuña, en tanto, llegó al Gobierno Regional en marzo del año pasado para reemplazar a Roberta Lama -hoy en Corfo- como jefe de división de Desarrollo Social, luego de sus pasos por Infocap (2018-21), y durante la administración de Díaz como Intendente, fue coordinador regional de Subsistema Seguridades y Oportunidades de la seremi de Desarrollo Social (2014-18).

Decisión necesaria

A nivel parlamentario y de consejeros regionales, la noticia informada a primera hora este lunes fue calificada como positiva, pero a la vez tardía.

El diputado ecologista Félix González manifestó que "es evidente que los funcionarios tienen responsabilidad y corresponde que se les desvincule, pero eso no puede servir para que el gobernador evada su propia responsabilidad al asignar los recursos, porque eso significa que él hace cheques de 250 millones de pesos sin saber a quién y sin saber para qué", mientras que su par del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo valoró la medida, pero dijo que "eso no viene a solucionar los problemas que son mucho más de fondo. Hace mucho tiempo estamos diciendo que hay que mejorar la ley que tiene relación con los Gobiernos Regionales, con la normativa que tiene que ver con las transferencias de trato directo, lo que va a ayudar a mejorar esta situación que tenemos".

El consejero James Argo (UDI) manifestó que "hizo efectiva su responsabilidad política. La arista judicial continúa, pero su equipo directo ya pagó el costo de lo que se ha conocido", en tanto su par Yanina Contreras (PSC) puso el énfasis en que "a pesar de lo tardía, no es un decisión que haya que desmerecer y es asertiva. Se debe dar celeridad a todas las investigaciones que hay; nosotros y la ciudadanía esperamos resolución pronta a todas las indagatorias que se están llevando adelante".

Pasado el mediodía, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, arribaron a las dependencias del Gobierno Regional para iniciar una serie de diligencias en torno a las seis indagatorias que lleva adelante el Ministerio Público a raíz del Caso Convenios.

En un comunicado, el Gobierno Regional manifestó que "recibimos una solicitud por parte del Ministerio Público para entregar antecedentes y material de investigación. De manera voluntaria, entregamos documentos y computadores para el mejor trabajo de órgano investigativo que esperamos permitirá esclarecer cualquier situación que pudiese ser irregular y determinar las responsabilidades".

De las diligencias participó también la fiscal María José Aguayo, a cargo de la investigación por parte del Ministerio Público.

"Es una diligencia que se realizó de forma paralela a las cinco investigaciones asociadas al Gore, donde se incautó documentos y equipos tecnológicos como también con resoluciones judiciales de particulares", dijo, para luego señalar que "todas las investigaciones tienen naturalezas distintas, y no podemos proyectar cuánto tardará cada una de ellas. El encargo del fiscal nacional es realizarlo con la mayor prontitud posible, pero entendemos que serán de largo aliento".

Con un tono desafiante al principio pero intranquilo con el correr de los minutos, el exseremi de Gobierno Eduardo Vivanco anunció este lunes -acompañado del abogado José Miguel Rodríguez- la presentación de una querella contra quienes resulten responsables por el delito de violación a la privacidad, luego que se filtrara un audio en el marco de la conversación que sostuvo con Camila Polizzi, cuestionada por arrendar una fundación para postular a fondos del Gobierno Regional.

Con las cámaras transmitiendo en vivo para los matinales televisivos, la exautoridad reiteró que "el 13 de julio recibí una solicitud de conversación de la señorita Polizzi a quien conocía del ámbito político. Me solicitó esa conversación no por mi cargo, supuse que estaba relacionada con un problema que ella enfrentaba, y mi interés era saber si algún funcionario del gobierno a nivel regional estaba implicado".

Ante la denuncia de Polizzi en torno a amenazas por sicariato, Vivanco fue enfático en señalar que "en ningún momento insté en inculpar o exculpar a nadie, y de ninguna forma la amenacé. El audio que se conoció da cuenta de que yo no la amenacé de ninguna manera".

Además, la exautoridad indicó que "en ese audio, le hago la advertencia de que los hechos abordados son serios y que ella debe entregar todos los antecedentes (...) Quiero decirle a los inmigrantes colombianos que algunas de mis palabras fueron desafortunadas. Fue una metáfora que utilicé para que ella entregara los antecedentes, pero fue inadecuada".

Además, aclaró cuales fueron los vínculos que tuvo con Polizzi durante su estadía como seremi de Gobierno, entre marzo del año pasado hasta julio: "Descarto todo aquello que no es la entrega de textos constitucionales. Ella pasó a retirar textos, como era parte de organizaciones sociales; los funcionarios eran los que hacían la entrega de los textos y eso pasó por Contraloría. Lo demás, de que yo la traté de meter al Gobierno, es totalmente falso; nunca traté de meterla en ningún cargo".

250 millones de pesos fueron los que pagó el Gobierno Regional a la fundación En Ti para realizar una intervención en el Barrio Norte.