Por Redacción

La aprobación de una orden de compra de pasajes aéreos por $8.277.141 en Mercado Público, a nombre de la Universidad de Chile, con el objetivo de traer al exjuez español Baltasar Garzón, quien hace unas semanas fue homenajeado por el Presidente Gabriel Boric debido a la detención de Augusto Pinochet en Londres, motivó a que diputados RN solicitaran una auditoría a la casa de estudios pública.

Los legisladores señalaron en el oficio que "impresiona, en primer lugar, el excesivo monto que se destina para adquirir un único pasaje de avión, el que evidentemente, pese a que la orden de compra no lo explicita, debe corresponder a un pasaje tipo business, incluyendo las más altas comodidades y servicios a bordo en aspectos de gastronomía, bebidas o entretención, por ejemplo".

Esto, "se trata de un gasto que no se condice con las necesidades que tiene la Universidad de Chile y por cierto la educación pública en Chile, mas cuando cada día es más frecuente el uso de tecnologías que permiten la comparecencia remota de profesores o expositores con ocasión de actividades académicas", destacaron los diputados.

La orden de compra justifica el monto como una "Conferencia con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe militar", aunque no especifica eventuales otros gastos, como hospedaje, alimentación y recorridos por Santiago u otras ciudades.

La subjefa de bancada, Marcia Raphael, señaló que "los $1.100 millones que el Gobierno ha licitado para conmemorar los 50 años del pronunciamiento militar no fueron suficientes para ellos. Ahora se suman los más de $8 millones de pesos que pagó la Universidad de Chile para que el juez Garzón venga a exponer una charla profundamente ideológica y que claramente contribuirá a seguir dividiendo a los chilenos".

"No olvidemos que este famoso juez, que es avalado por la izquierda chilena, más encima fue inhabilitado y condenado por la justicia española por delitos de prevaricación", agregó la diputada, en referencia a 2012, cuando Garzón fue condenado a 11 años debido al caso Gürtel, sobre corrupción a partir de empresas que conseguían licitaciones públicas, lo cual también produjo la salida del Jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, en 2018.

La diputada Camila Flores recordó en Twitter que Garzón "fue quien asesoró a Bolivia en su demanda contra Chile por el mar, fue quien vino a visitar a los delincuentes de la primera línea en pleno estallido de violencia. Pero tenemos que tolerar que se dilapiden recursos para traer a quien debería ser declarada persona no grata en Chile".

Su par republicano, Luis Sánchez, destacó, asimismo "un video circulando en que el Presidente Boric se queja de cuanto pagaba en la Universidad" de Chile, cuando cursó la carrera de Derecho, de la que no se tituló. Esta queja fue planteada en la U. de La Sorbonne, Francia, durante la visita oficial a aquel país, donde Boric afirmó que estudiar "me salía como US$5.000 al mes": un poco más de eso costaba la carrera entera por aquellos años.

Sánchez ayer continuó con que ahora en la casa de estudios santiaguina "trabaja su hermano en un muy alto cargo": Simón Boric es periodista, titulado de la misma universidad, y ejerce como jefe de gabinete de la rectora Rosa Devés. Al cierre de esta edición, la universidad aún no se refería a los pasajes de Garzón.

El Presidente Gabriel Boric promulgó ayer una nueva ley contra delitos económicos y ambientales, iniciativa que a su juicio "contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años", haciendo alusión a la serie de casos de corrupción que se han destapado en el país durante la última década.

"Desde hoy Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales, que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un daño que es difícil de cuantificar", afirmó.

"Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia cómo los delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos. Hay una percepción en la ciudadanía de que a veces parecieran existir dos justicias, una para ricos y otra para pobres. Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente, y para que no sea real. La promulgación de esta legislación es un paso importante en esa dirección, y en la recuperación de la confianza en las instituciones", subrayó el jefe de Estado.

"El sistema de penas no se ajustaba bien a los delitos económicos. Cuando se dictaba la condena muchas veces terminaba cumpliéndose en libertad, o la condena consistía en vergonzosas clases de ética. Recordemos el caso farmacias y otros de colusión. La señal que recibía la opinión pública es que este tipo de delitos recibía un trato distinto. El problema es que cuando la ciudadanía siente y ve que ha habido impunidad o una vara distinta para juzgar a unos o a otros, se debilita la confianza pública y la cohesión social", señaló Boric.

"Las innovaciones de esta ley es que se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activos y se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad", agregó.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió ayer a las Fuerzas Armadas de su país "precautelar los recursos naturales" del país de "apetitos extranjeros" al igual que "luchar" contra el contrabando y cuidar las fronteras.

El mandatario boliviano participó junto al vicepresidente David Choquehuanca; el ministro de Defensa, Edmundo Novillo; ministros y autoridades militares, entre otros, en el acto por los 198 años de las Fuerzas Armadas que se realizó en Tarija, el sur de Bolivia.

"Hoy más que nunca nuestras Fuerzas Armadas tienen las tarea de precautelar las fronteras, luchar contra el contrabando y sobre todo precautelar los recursos naturales que en esta época de nueva configuración internacional generan apetitos extranjeros", sostuvo el mandatario.

Enfatizó en que los recursos naturales son "la base" del modelo económico social, comunitario y productivo del país, por lo que se los debe proteger de "apetitos extranjeros", ya que en Bolivia se industrializa los mismos y luego se distribuye sus ingresos entre todos los bolivianos.

Agregó que la industrialización de los recursos naturales ayudan a "mejorar la calidad de vida" de los bolivianos al igual que "dignifica" al pueblo.

El mandatario boliviano realizó un resumen de la historia de las Fuerzas Armadas de Bolivia y destacó que los "vientos de cambio" llegaron con el "instrumento de las organizaciones sociales" y el nacimiento del Estado Plurinacional en 2009.

"Desde entonces nuestras Fuerzas Armadas nunca más fueron obligados a rendir su armamento a fuerzas extranjeras", enfatizó el mandatario.

Agregó que ahora las Fuerzas Armadas del país "no disparan" contra su propio pueblo y que ahora los militares volvieron a sus cuarteles para ayudar en tareas como la lucha contra el contrabando o la mitigación de desastres y riesgos.

En tanto, el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Hugo Arandia, recordó la vocación de esa institución de "defender la soberanía" y que ahora están "de la mano de nuestro pueblo" para contribuir con el desarrollo y la democracia del país.

La diputada peruana Margot Palacios denunció ayer que hay "peligro de fuga" durante el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil, hasta donde viajó ayer para participar en la cumbre de países amazónicos, en su primer viaje al exterior desde que asumió el cargo. La congresista subraya que existe el riesgo, puesto que la mandataria "se encuentra en plena investigación a nivel del Ministerio Público por la presunta comisión de ilícitos penales de genocidio, homicidio y lesiones graves", durante la represión de las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

La Procuraduría General de Brasil (Fiscalía) pidió ayer la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados de participar el en asalto a las sedes de los tres poderes de la nación, en el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero. En un documento remitido a la Corte Suprema, la Fiscalía dice que para estos 40 casos comprobó tanto la "materialidad" como la "autoría" de al menos cinco delitos: asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado", daño calificado y grave amenaza y deterioro de patrimonio público.