Por Felipe Cuevas Mora

Informes de Contraloría, sucesivas diligencias policiales y una carpeta investigativa con más de 25 tomos dan cuenta que la arista del Caso Convenios en el Biobío, vinculada a la Fundación Bonhomía, es una de las más sustanciosas a nivel de hallazgos de posibles delitos en el uso de dineros públicos transferidos desde el Gobierno Regional.

Por esta razón, la jornada de este miércoles se anticipaba como el inicio de una extensa formalización de once personas acusadas por el Ministerio Público -la más grande a nivel nacional por este caso- y así se percibió en las inmediaciones del Juzgado de Garantía de Concepción: una prolongada fila de intervinientes y personas interesadas esperaban pacientemente ingresar al recinto poco antes de las 9 de la mañana.

Entre ellos, los exfuncionarios del Gore Simón Acuña, Marco Loyola, Rodolfo Adriazola, José Fuentes, y Patricia Sáez además de los miembros de la fundación Carlos Anabalón, Osvaldo Reinoso, Sebastián Mizón, junto a su hermano Luis Pavón y la madre de ambos Ana Hidalgo, además de otras personas de interés como Romina Quiñones.

Pero distintas solicitudes de las defensas y un debate que se extendió por poco más de una hora llevaron al juez Iohan León -que impidió el registro de imágenes de la audiencia por parte de los medios de comunicación- a decidir postergar la audiencia para el próximo 25 de noviembre, en cinco jornadas que se extenderán entre las 9 y 16 horas.

Pese a ello, varios de los intervinientes en la tercera formalización de este caso en 16 meses de investigación del Ministerio Público -tras las fundaciones En Ti y Mi Hogar Asuncionista- cuestionaron el tenor con que se ha tratado la causa de forma pública tras conocerse en detalle la existencia de irregularidades que podrían significar la existencia de delitos en el traspaso de $356 millones para la ejecución del programa "Biobío Vive Sano" hasta marzo del año pasado, asociados fundamentalmente a la obtención fraudulenta de prestaciones estatales, lavado de activos y fraude al Fisco, entre otros.

Alta complejidad

Tras la fallida audiencia, la fiscal regional Marcela Cartagena lamentó la decisión del juez -"nosotros veníamos preparados y listos para formalizar hoy día"- y explicó la relevancia que tiene para la Fiscalía este caso.

"Son muchos delitos vinculados, algunos relacionados con funcionarios públicos y el posible uso indebido e inadecuado de los fondos públicos. Pero también otros que se atribuyen a entes privados, donde por medio de la estafa y otros se contribuye a distraer estos fondos. Es un espectro bastante amplio desde los tipos penales que hemos conocido en esta causa", detalló, junto con valorar que "tenemos una cantidad de entidades importante que estamos investigando. Son muchas, y dijimos que en la medida de nuestras capacidades vamos a ir concretando estas decisiones".

Además, acotó que la querella del Consejo de Defensa del Estado contra 31 personas en la misma causa ha sido analizada, "pero no influye necesariamente en lo que hagamos. Estamos ejerciendo nuestro rol".

Responsabilidades

El único de los once convocados a la audiencia de formalización que emitió algún tipo de declaraciones fue el exfuncionario Gore y exseremi del Deporte por Evópoli, Marco Loyola, quién descartó haber incurrido en anomalías en el proceso donde le correspondió ser contraparte técnica del proyecto, quién debía garantizar el cumplimiento de obligaciones de ambas partes.

"No tengo nexos con los hermanos Mizón, ni los conocía. Fueron presentados durante mi labor: tomé este caso a una semana de llegar al Gore. Mi labor era muy limitada", dijo.

Gonzalo Elgueta, abogado de Carlos Anabalón y Osvaldo Reinoso -representantes de la fundación que tercerizó la ejecución del programa- en tanto apuntó que "se debe ser prudente con lo que se diga, pero con los antecedentes que tenemos a la vista la fundación Bonhomía realizó una completa ejecución del programa señalado, incluso con pronunciamientos de Contraloría".

Humberto Alarcón, abogado de Sebastián Mizón, Luis Pavón y Ana Hidalgo, por su lado lamentaron la postergación y descartaron las imputaciones que hasta ahora ha realizado la Contraloría -"mis clientes no han incurrido en conductas punibles"- respecto al actuar de sus representados, considerando que Sebastián Mizón fue el encargado del programa que subcontrató la empresa de su hermano.

"Nuestros representados ejecutaron asociativamente un proyecto, respecto al cual se rindió cuenta, la autoridad administrativa aprobó las cuentas y no vemos como el Estado un día te dice una cosa, al otro día otra e incriminarte por esa conducta", expuso.

Según los antecedentes detallados por Fiscalía y Contraloría, habrían existido una serie de irregularidades en el convenio suscrito entre Bonhomía y el Gore Biobío, entre julio de 2022 y marzo de 2023, donde se traspasaron $356 millones para ejecutar el programa que buscaba fomentar la vida saludable.

Entre los hallazgos de Contraloría se observó la entrega de documentos falsos, la subcontratación de empresas, rendiciones sin respaldo, y la acusación al Gore de incumplir sus responsabilidades al no asegurar el buen uso de los dineros.

En una instancia calificada como inédita, las tres agrupaciones de trabajadores municipales de San Pedro de la Paz -la Asociación de Funcionarios, Asociación de Personal y Sindicato de Trabajadores- desarrollaron la tarde de este martes en dependencias de Hacienda Patagonia un conversatorio con los candidatos a alcalde de la comuna sampedrina para los comicios del 26 y 27 de octubre.

En la instancia participaron seis de los nueve aspirantes que estarán en la papeleta y que fueron invitados, entre ellos Audito Retamal (Contigo Chile Mejor), Juan Pablo Spoerer (Chile Vamos), Gisela Vergara (Republicanos) y los independientes René Betanzo, Marcelo Bersano y Paula Opazo.

En la instancia, que se prolongó por casi dos horas y donde concurrieron cerca de 80 personas, se abordaron temáticas vinculadas a la situación laboral de los funcionarios, así como también temáticas relacionadas a la contingencia de la comuna.

Claudia Beiza, presidenta de la Asociación de Funcionarios destacó que "haber generado esta instancia de diálogo con los candidatos fue un verdadero hito, y es una acción de suma relevancia ya que se abordaron temas de interés para la comunidad municipal. Además, se pudo ver la disposición de los candidatos de proteger el recurso humano con que el municipio cuenta hoy".

José Chávez, presidente de la Asociación de Personal, en tanto, valoró la jornada "porque es algo inédito que no ocurre en otras comunas. Pudimos conocer sus propuestas, ideas", y pidió que "estos planteamientos se vean reflejados en las políticas que adopte la próxima autoridad que sea electa, y podamos conversar para saber cómo se va a trazar el camino de cuatro años, estando cada uno en su posición".

Vilma Bastías, presidenta del Sindicato de Trabajadores a Honorarios, también valoró que se pudieran conocer las propuestas y que "fue una actividad abierta a todos los funcionarios, para que conocieran las respuestas a temáticas imparciales y con un foco en el bienestar de los trabajadores. Esperamos que sea la primera de muchas instancias de conversación con los candidatos en lo que venga".

El Ministerio Público confirmó este miércoles que solicitó una nueva audiencia de formalización para cinco de los imputados en la causa Puerto Coronel, donde se investigan una serie de pagos irregulares con dineros de la empresa, varios de ellos asociados a la arena política.

La fiscal regional Marcela Cartagena explicó que "en horas de esta mañana, se solicitó audiencia de formalización para los señores (Eduardo) Hartwig, (Daniel) Anwanter, (Hernán) Romero, (Víctor) Olivares y Chamorro (Daniel) por las figuras típicas que vienen enderezadas en la querella del Servicio de Impuesto Internos (SII)", en alusión a la querella presentada a inicios de esta semana por diversos delitos tributarios.

La persecutora también reveló que "se le ha pedido al tribunal fijarla para el mismo 15 de octubre, cuando estos mismos imputados están citados por otros cargos", instancia donde también se formalizará al alcalde Boris Chamorro. "Si esta petición impacta en la fecha de formalización, no es algo que dependa de nosotros", sumó.

Luego de dos semanas de análisis, el Laboratorio de Genética del Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, corroboró que el cadáver hallado el pasado 19 de septiembre en Playa Arauco corresponde a Mauricio Toro Arosteguy, docente y director del Liceo Hipólito Salas de Chiguayante, que se encontraba desaparecido desde julio.

Para ello, y debido al estado en que se entregó el cuerpo, el servicio por medio de un comunicado detalló que el equipo de la Unidad de Genética del SML comparó el ADN de la víctima con el perfil genético de sus familiares, estableciendo una relación de parentesco del 99,9%.

"La conclusión fue posible después de un arduo trabajo de análisis de dos semanas, dado la calidad de las muestras recibidas", se citó en el escrito.

Los restos de Toro fueron entregados a su familia durante la jornada de ayer, misma jornada en que se realizó una servicio en la Iglesia San Agustín.