Por Efe

El Senado de Australia aprobó ayer una ley pionera que prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y contemplará multas de hasta unos 32,1 millones de dólares para las plataformas como Facebook, Instagram o TikTok que la infrinjan.

El texto, que entrará en vigor en doce meses, recibió ayer el visto bueno del Senado con 34 votos a favor y 19 en contra, con apoyo de parte de la oposición, un día después de ser aprobada en la Cámara de Representantes (diputados) por 101-13.

Ahora, la medida regresará a la Cámara de Diputados para la aprobación final de una serie de enmiendas antes de convertirse en ley.

La ley, que busca proteger a los niños y adolescentes del acoso y de potenciales problemas de salud mental, introduce una nueva categoría llamada "plataformas de medios sociales con restricciones de edad" para prohibir a los menores de 16 años, incluidos aquellos que ya tienen cuentas, el acceso a las redes sociales.

En este sentido Facebook, Instagram (ambas de Meta), Reddit, Snapchat, X y TikTok tienen la responsabilidad de hacer que se cumpla la ley, de lo contrario afrontan multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32,1 millones de dólares).

En cambio, la ley, que excluye a plataformas de bajo riesgo como YouTube, no impone sanciones para los usuarios o los padres que la infrinjan, según explicó hace unas semanas el primer ministro australiano, el laborista Anthony Albanese, promotor de la medida.

Pasos necesarios

La senadora laborista Jenny McAllister explicó, en el debate de hoy, que el gobierno solamente quiere que las plataformas digitales tomen "los pasos necesarios" para que los menores de 16 años no abran ni tengan una cuenta en las redes sociales, de lo contrario afrontarán multas que son "intencionalmente grandes".

Esas normativas para que las plataformas digitales y redes sociales establezcan "medidas razonables" para restringir el acceso de los menores estarán a cargo de la Comisión Australiana de Seguridad Electrónica.

David Shoebridge, del Partido Verde, remarcó que la propuesta del gobierno australiano es "profundamente defectuosa" y "peligrosa", al recordar que diversos sectores de la salud mental, algunas agencias gubernamentales y defensores de los derechos humanos han alertado sobre los riesgos de su implementación.

Shoebridge recalcó que la ley impactará principalmente a los jóvenes vulnerables, como por ejemplo del colectivo LGTBIQ+ de las zonas rurales, que encuentran apoyo en las redes sociales, así como a la privacidad de todos los usuarios, incluyendo los adultos, según la transmisión en vivo en el portal legislativo.

Para Amnistía Internacional, esta ley "no aborda el problema fundamental de que las empresas de redes sociales se benefician de contenidos nocivos, algoritmos adictivos y vigilancia (a los usuarios)", según un comunicado publicado hoy.

Críticas de meta, google y x

El proyecto de ley llegó el pasado 21 de noviembre al Parlamento de Australia, en medio de peticiones de los gigantes digitales, como Meta y Google, para que se de tiempo para terminar las pruebas tecnológicas encargadas por el Gobierno australiano para la verificación de edad, que pueden incluir datos biométricos, entre otros asuntos.

X cuestionó la "legalidad" del proyecto de ley, diciendo que podría no ser compatible con las regulaciones internacionales y los tratados de derechos humanos que Australia ha firmado.

Con esta ley, Australia se suma a la de países como España, que fijó la edad mínima para abrirse una cuenta redes sociales primero en 14 y está en proceso de subirla a 16, y otros lugares del mundo como Puerto Rico y Nueva York que han adoptado medidas similares.

Desde febrero de 2024, la Comisión Europea mantiene abierta una investigación a TikTok sobre cómo protege a los menores, en línea con las denuncias que siete familias francesas presentaron contra la plataforma al asegurar que sus hijos sufrieron daños por su uso.

La Comisión está examinando los algoritmos, los posibles aspectos adictivos y las medidas adoptadas por TikTok para mitigar contenidos potencialmente nocivos y podría adoptar una decisión de incumplimiento que se traduciría en una sanción económica de hasta el 6% de su facturación anual mundial.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro admitió ayer que estudió la posibilidad de aprobar un decreto para ordenar una intervención militar en 2022, pero aseguró que la medida no se puso en práctica y que estaría amparada en la Constitución.

Bolsonaro, quien es acusado por la Policía de planificar un golpe de Estado, defendió la legalidad de las medidas que se estudiaron aplicar tras las elecciones que ganó el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista al portal UOL.

"El 'borrador del golpe' se basa en la Constitución. (...) ¿Discutir uno de los artículos de la Constitución es un crimen? ¿Se llevó adelante alguna de esas posibles propuestas?", dijo Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha detalló que, entre otras opciones, se discutió de la posibilidad de instaurar el estado de sitio y de ordenar un despliegue militar, al amparo de la carta magna.

El borrador de dec reto, encontrado por la Policía en la residencia de un exministro de Bolsonaro, de ponerse en práctica habría autorizado un despliegue militar para "restaurar el orden Constitucional".

El documento justificaba la intervención militar alegando que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral tomaron decisiones inconstitucionales que afectaron a los comicios que ganó Lula.

No obstante, Bolsonaro rechazó tajantemente haber tramado un golpe de Estado y negó conocer los planes supuestamente llevados a cabo por militares para asesinar a Lula y al magistrado de la Suprema Alexandre de Moraes, quien está a cargo de varias causas en su contra.

El exgobernante aseguró que no está en deuda con la Justicia por sus actos, pero no descartó que la Corte Suprema ordene su detención cometiendo una "arbitrariedad" en su contra. "Corro riesgo (de detención), sin deber nada, corro riesgo", dijo y respondió con ambigüedades sobre la posibilidad de pedir asilo político en una embajada extranjera.

"Las embajadas, por lo que veo en la historia del mundo, quien se ve perseguido puede ir para allá. Si debiera alguna cosa (a la Justicia), estaría en EE.UU.. No habría regresado", agregó.

Por cierto, Bolsonaro aseguró que mantiene sus intenciones de ser candidato en las elecciones de 2026, a pesar de que el año pasado fue inhabilitado políticamente por deslegitimar las instituciones democráticas y sembrar sospechas infundadas sobre el proceso electoral.

Además de Bolsonaro, la Policía presentó cargos contra otras 36 personas, entre ellas varios militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno, por cargos como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita.