Por Felipe Cuevas Mora

Un tema que se ha vuelto recurrente en las primeras sesiones del nuevo Consejo Regional (Core) del Biobío tiene relación con el detalle de la compleja situación financiera que vive hoy el Gobierno Regional (Gore) liderado por Sergio Giacaman desde los primeros días de enero, y quien en estas páginas señalara que sólo en 2025 hay compromisos presupuestarios adquiridos por $90 mil millones.

En la sesión ordinaria de este miércoles se detalló desde la jefatura de división de Presupuesto, liderada por Juan Pablo González, que entre los años 2021 y 2024 se aprobaron proyectos por más recursos de los que se consideraban en el presupuesto total, siendo los años 2022 y 2023 los de mayor complejidad ya que por cada peso de presupuesto se aprobaron más de dos para gastos.

Además, se conoció que entre 2020 y 2021 el presupuesto aprobado expresamente por los consejeros escaló en un 97,1% y en un 40% entre 2022 y 2023.

Con todo ese análisis, los consejeros regionales solicitaron al gobernador Giacaman y su equipo ser parte de las conversaciones para definir los proyectos prioritarios en conjunto con los municipios, policías y autoridades de Gobierno, en consideración que las modificaciones presupuestarias deben ser sancionadas por el Core.

Pero también solicitaron conocer en detalle el estado real de las finanzas con que se afrontará el ejercicio presupuestario 2025, para lo cual se prevé realizar una sesión de consejo regional extraordinaria en las próximas semanas.

Conocer la realidad

El consejero Gonzalo Osorio (FA) manifestó que "deberíamos tener a la vista todos los antecedentes financieros del Gore. Logramos avanzar un poco en comisión de Presupuesto, vimos el compromiso económico de los últimos cinco años que sobrepasa en casi tres veces el presupuesto actual. El liderazgo del gobernador debe estar enfocado en tener un diálogo permanente con nosotros para priorizar los proyectos que impacten positivamente a la Región, algo que ha estado ausente".

Su par Marcelo Rivera (PR) fue más allá y señaló que "aún el Gore sigue pegado al pasado, y no logra entregarnos como órgano corporativo la información respecto a la situación que se encontró. En estos dos meses de ejercicio del poder el gobernador ha dicho a la prensa que la culpa está en el pasado, pero creo que ese discurso se debe terminar en algún minuto. Ahí lo importante es saber que vamos a hacer", y planteó que "el concepto de que la administración pasada le faltó el respeto a los recursos, al dinero, aquí también se está implementando. Entonces, creo que hace falta que a la brevedad nos entreguen el diagnóstico".

Discutir prioridades

Al momento de definir qué proyectos priorizar, algunos consejeros solicitaron ser parte de la discusión. Ignacio Fica (RN), representante de la provincia de Biobío, explicó que "acá lo primero es tener voluntad entre lo sectorial y el Gore, o las mismas municipalidades entender el escenario actual. Para eso hay que tener generosidad, y hemos exigido al gobernador tener esa relación más fluida entre los alcaldes, las gestiones del Ejecutivo y el rol de los consejeros".

"Debemos focalizar el trabajo en las necesidades de la Región, siendo fundamental el trabajo con el mundo municipal, pero también revisar lo que se ha priorizado anteriormente, como es el festival REC donde nosotros necesitamos tener las cuentas claras", añadió.

Por otro lado, Luis Santibáñez (Republicanos) expuso que "los alcaldes deben tener una relación más fluida con el consejo para la priorización comunal. Somos todos autoridades electas y hay una especie de sindicato de alcaldes que está desarrollando una priorización poco conveniente", y que "los temas sustantivos que deben ser priorizados son salud, educación y seguridad pública. Y a nivel de convenios de programación priorizar al MOP por sobre otras carteras, ya que, en otros casos, por ejemplo, no se va a prosperar en la compra de terrenos para campamentos irregulares en situación de toma".

El consejero Juan Carlos Villanueva (DC) por su lado indicó que "parte de la política responde a priorizar, no hay que tenerle miedo a esa palabra, y siempre los recursos son escasos. En este caso se ve acentuado por la situación actual de este y todos los gores por los recortes del año pasado. Eso implica que en este periodo se hagan los ajustes necesarios".

y participar de la priorización

La diputada del distrito 20 Marlene Pérez (Ind.-UDI), instó al Congreso Nacional a despachar en el menor tiempo posible un proyecto de ley que se presentó en mayo pasado y que tiene por objetivo tipificar como delito la acción de los conductores de no detenerse o darse a la fuga cuando exista un control policial, puesto que en la actualidad sólo se considera como una falta.

La legisladora indicó que la presentación de la iniciativa se justifica a raíz de la grave crisis de seguridad por la que atraviesa el país, en la cual los delincuentes -muchos con órdenes de detención vigentes- suelen utilizar vehículos con encargo por robo para cometer sus ilícitos, optando muchas veces por evadir las fiscalizaciones dado que la sanción puede ser mayor si son detenidos.

"Es indispensable poder tipificar como delito dicha acción, estableciendo una serie de sanciones que, incluso, pueden llegar a los cinco años de presidio en caso de que el conductor cause lesiones graves a un tercero por fugarse de un control", explicó.

"Durante los últimos años, a raíz del recrudecimiento de la crisis de seguridad que vivimos, se ha vuelto cada vez más frecuente que algunos conductores evadan los controles de tránsito, poniendo en peligro no sólo la integridad física de los funcionarios de Carabineros o de los fiscalizadores, sino que también del resto de los conductores o transeúntes que estén en el lugar. Y lo hacen porque han entendido que las sanciones son mucho más bajas que sin detenidos, sobre todo si tienen órdenes de detención pendientes o conducen un vehículo con encargo por robo", añadió la parlamentaria, que llamó al Gobierno a otorgar suma urgencia a la iniciativa para acelerar su tramitación.

En cuanto a los detalles del proyecto, que ya fue aprobado por la comisión de Seguridad Ciudadana, precisó que los conductores que no se detengan durante un control policial arriesgan ser condenados a 60 días de presidio, a pagar una multa de hasta $405 mil y a una suspensión de sus licencias por hasta seis meses. Sin embargo, si producto de la fuga se producen daños materiales o lesiones leves a personas, la pena podría llegar incluso a los 540 días, más una suspensión de nueve meses, la que podría subir a tres años en caso de que las lesiones sean graves.

En la edición de este miércoles de Diario EL SUR, se detalló que el Ejecutivo concurrió con una serie de dineros adicionales en una serie de proyectos comprometidos en un convenio de programación entre el Gobierno Regional del Biobío y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en una cifra que supera los $8 mil millones.

En esa publicación, la seremi Claudia Toledo dijo que "trabajamos un convenio de programación con el Gore para asegurar los recursos y pudieran ser calificados técnicamente, pero los recursos no llegaron e íntegramente fueron financiados por nosotros. Estábamos preocupados y no íbamos a dejar proyectos botados".

A raíz de dicha publicación, el gobernador Sergio Giacaman reveló en medio de la sesión ordinaria del Consejo Regional de este miércoles que dicho convenio no cumplió los procedimientos administrativos correspondientes por lo cual no tendría validez.

"En el diario se expuso la situación financiera de los convenios con los ministerios de Vivienda y Obras Públicas. La seremi (Claudia Toledo) planteó que ellos tuvieron que abordar el presupuesto de los proyectos comprometidos por el Gobierno Regional en el convenio, pero ahí no aplica porque no existe la resolución", detalló.

La máxima autoridad regional, además, explicó a los consejeros en funciones que "se firmó el convenio, pero el firmante no sacó una resolución inmediata que le diera validez administrativa, por lo tanto no aplica. De ese nivel estamos hablando, y eso no tiene que ver con el Consejo Regional anterior, sino que la administración anterior caía en ese nivel de faltas que nos dejan con una situación compleja".