Diputados plantean que agenda de seguridad es insuficiente para mejorar realidad de Arauco
Sí destacan su aporte, pero insisten en que varias de las medidas llegan 20 años tarde y que es vital generar políticas que incluyan a las víctimas o formen a las policías.
En medio de una tramitación acelerada, el Congreso tomó la tarea de sacar adelante cuanto antes proyectos emblemáticos -y ralentizados - en materia de seguridad, como Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el Ministerio de Seguridad o la ley antiterrorista. Todo como un pacto acordado luego del triple homicidio que la madrugada del 27 de abril enlutó a Carabineros y que implicó, de hecho, suspender la semana distrital. Con este tranco, por ejemplo, el Senado logró despachar la la tarde del jueves, en tiempo récord, la norma contra el terrorismo.
Conocido el complejo panorama de las provincias de Arauco y Biobío, parlamentarios del distrito 21 creen que las iniciativas estudiadas, si bien son un aporte al conflicto de la zona, no son herramientas suficientes para llenar el todo que requiere el territorio. Según dicen algunos, la inseguridad que allí se vive es un tema que también debe ser trabajado por medio de políticas que vayan más allá del nivel legislativo y que se sustenten en el rol del Ministerio del Interior y las propias policías.
"Es probable que esto no lo saquemos pronto y, finalmente, nos quedemos sin herramientas que, además, hoy son insuficientes para la zona, porque además de las leyes lo que necesitamos es reforzar a los carabineros con tecnologías, resguardar su seguridad psicológica o hacer que las visitas domiciliarias nocturnas a sectores rurales puedan realizarse a través de videollamadas. Eso no pasa por una ley", enfatiza la diputada PDG Karen Medina.
Desde Demócratas, su par Joanna Pérez señala que para afrontar la realidad del distrito que representa "hay mucho más que hacer", en especial a la hora de dar un respaldo a las policías y Fuerzas Armadas en materia del uso de la fuerza. Agrega que todo lo que se pueda aplicar será insuficiente, "porque dejamos de hacer lo que hace 20 años había que hacer en inteligencia, despliegue y en la presencia del Estado", y que lo que urge es que el gobierno se decida a implementar estas leyes, "con un Poder Judicial y una Fiscalía que vayan a la par".
Visiones diversas
El independiente y exmilitante republicano Cristóbal Urruticoechea plantea que, sin duda, quedarán temas pendientes que no serán resueltos con estas medidas. Uno de los puntos que pone sobre la mesa tiene que ver con los apoyos a las víctimas del terrorismo, a los pequeños y medianos comerciantes que han debido cerrar sus negocios o a los agricultores que abandonaron sus campos a causa de la violencia. "Tampoco tendrán la tranquilidad para actuar las fuerzas de orden y seguridad pública si se les pretende enjuiciar, en el caso de alguna acción que pudiese llevar a interrogantes, por la ley civil y no la justicia militar. Y lo del Ministerio de Seguridad es, sencillamente, un despropósito", enfatiza el diputado.
En el oficialismo hay visiones que, incluso, recogen situaciones que podrían significar un retroceso. Clara Sagardía (Convergencia Social) reconoce que las iniciativas de ley que se debaten hoy no son suficientes, "ya que todo lo judicializan", por lo que pide concentrarse en generar políticas públicas atingentes a la formación de policías con herramientas de estudio y formación, o en fortalecer al Ministerio Público y al sistema de inteligencia.
"Darle a atribuciones a los carabineros y a los militares no es la solución", recalca.
Pese a que aún quedan pendientes los proyectos de ley de Inteligencia y el de Defensoría para las víctimas, la diputada UDI Flor Weisse ve como un elemento fundamental lo que aportarán las RUF y la modificación a la ley antiterrorista. "Esto último, por ejemplo, es una señal importante porque hasta ahora no se aplica esta norma, pues se dice que es muy difícil comprobar el ánimo de infundir terror (...) Hoy no es una ley funcional, por lo que se hace necesario corregirla", dice la legisladora, quien también reconoce que eso no es lo único que resolverá el problema de inseguridad, "pero sí es lo que estábamos pidiendo hace mucho tiempo, que se le diera urgencia".
Responsabilidad dirigida
A la hora de consultar por autocríticas -por no haber legislado con anticipación, pudiendo adelantar así el debate-, los diputados del distrito 21, en gran mayoría, evaden las responsabilidades, advierten que las urgencias siempre han dependido del gobierno y ponen el peso de la culpa sobre este último poder. La única diputada oficialista en la zona, Clara Sagardía, también se defiende al decir que ella no es parte de las comisiones parlamentarias que analizan estos asuntos, como Constitución, Defensa o Seguridad, "que se entrampan en muchas situaciones si no hay amplitud para encontrar putos en común".
Sagardía igual respalda al gobierno de Gabriel Boric, que a su juicio ha hecho un buen trabajo por medio de la ministra del Interior, Carolina Tohá, aunque "sin las mayorías necesarias en lo que se refiere a nuestro lado del gobierno". Desde el PDG, en tanto, enfatizan que el actual Ejecutivo se ha dedicado a legislar los temas de seguridad, "pero a punta de sangre y muerte de carabineros".