Por Felipe Cuevas Mora

Diversas reacciones han dejado en el mundo político la relevación de los primeros informes de la Contraloría General de la República respecto al Caso Convenios en el Biobío, particularmente aquellos que revisaron los traspasos de recursos desde organismos públicos como el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda a fundaciones en la zona.

Entre ellas, los consejeros regionales que denunciaron los hechos desde mediados de año valoraron la rapidez del órgano fiscalizador para presentar las primeras conclusiones y no descartaron tomar nuevas acciones a la luz de los antecedentes públicos conocidos el jueves.

En el caso del informe presentado tras cuatro meses de indagatorias en las oficinas de avenida Prat, se revelan irregularidades en los traspasos a nueve fundaciones por más de $7 mil millones, centrados fundamentalmente en la falta de antecedentes presentados y la idoneidad de las fundaciones para desarrollar la labor solicitadas.

Además, se reveló que el presupuesto destinado por el Gore Biobío para las transferencias a instituciones privadas o fundaciones creció un 593% entre 2020 y 2022, y que existieron faltas a la probidad por parte de varios funcionarios, partiendo por el gobernador regional quien no se habría abstenido de asignar recursos a la ONG Red Cultivarte, dirigida por su exjefa de comunicaciones internas.

El documento señala que dichos antecedentes se incluirán en el sumario mandatado por la propia Contraloría y que "no resultó procedente que el gobernador suscribiera el certificado de creación presupuestaria (...) toda vez que le asistía el deber de abstención debido al vínculo que existe con la presidenta y representante legal de la fundación".

Otros funcionarios cuestionados en su rol fueron el exjefe de división de Desarrollo Social y Humano del Gore (que renunció en agosto pasado) y del exjefe del departamento de Inversiones y Municipalidades del Gore (que hoy cumple labores como jefe de división), los nombres de los funcionarios fueron tachados por parte de la Contraloría, cuestión por la cual no pueden ser publicados apelando al principio de no publicidad de estos.

Hechos denunciados

El consejero independiente Gabriel Torres dijo que el informe de Contraloría es lapidario, y "demuestra la falta de prolijidad, falta de control y la facilidad con que se regalaban recursos públicos. Queda en evidencia que aquí hay pagos de favores políticos y preocupa que eso ocurra. Avala y asevera lo que he señalado como consejero en distintas comisiones e instancias de sesión, donde hemos solicitado informes sobre los proyectos donde asignamos recursos y no se nos presenta nada".

Su par Javier Sandoval planteó que "el informe es contradictorio con la información entregada por el Gore, ya que los procedimientos rigurosos que nos decían no eran tal como los describían. Hay incumplimientos que pudieron dar paso al término de algunos de los convenios, acciones que no se tomaron y dineros que se gastaron sin posible recuperación".

El consejero Piero Blas indicó que "no se ha cumplido con la responsabilidad propia del cargo de gobernador de cuidar los recursos públicos de la región. Es importante no pasar por alto que gran parte de las irregularidades han sido derivadas a la Fiscalía por posibles delitos. Se debe levantar el secreto bancario de los involucrados, es la única forma de saber qué ocurre realmente con los recursos públicos que han sido tan cuestionados y dañado la democracia".

Sobre posibles acciones futuras, el consejero Torres no descartó que incluso se pueda solicitar ante los tribunales electorales la destitución del gobernador Díaz: "Vamos a llegar a las últimas consecuencias y no descartamos nada. Estamos analizando los documentos, y ya se ven indicios para actuar de otra forma distinta. Cuando tengamos los antecedentes analizados, veremos si podemos pedir la destitución del gobernador, o esperar los próximos informes para presentarlos con la totalidad de los hechos. Aunque a primera vista, ya hay antecedentes para que podamos proceder".

Desde el Gobierno Regional, señalaron que Rodrigo Díaz no emitirá declaraciones, salvo las entregadas en el marco del encuentro de gobernadores realizado en Valdivia el pasado jueves: "Todas las iniciativas que se revisan en el Gobierno Regional del Biobío, todas, el 100% fueron autorizadas por la Contraloría General de la República, todas fueron revisadas por la Contraloría (…) No estamos libres de que tengamos errores administrativos, no estamos libres de que existan personas que abusen, no siendo funcionarios públicos del sistema, y para eso están las instituciones públicas".

Como parte de la agenda de actividades y de difusión de la propuesta de texto constitucional que se plebiscitará el 17 de diciembre, exconsejeros constitucionales han participado de distintas instancias de diálogo.

Una de ellas se realizó este viernes en la Universidad San Sebastián, donde los exconsejeros Luis Silva (Republicanos) y Paloma Zúñiga (R. Democrática) abordaron las claves del texto, en una actividad organizada por la Facultad de Economía y Negocios.

"En este texto está la huella de todos los consejeros que representan a los partidos que tuvieron representación en el consejo, más aquellos que no estuvieron, pero que sí tuvieron una participación en el proceso", destacó Silva, mientras que en contrapartida Zúñiga puso el énfasis en que "hay muchos temas jurídicos, muchos errores que hacen imposible habilitar esta propuesta. Está en riesgo la norma del aborto en tres causales, pudiendo incluso derogar esa ley; esas son alertas claras para poder ir en contra de esta propuesta".

Fernando Peña, director de Administración Pública de la USS sede Concepción, dijo que "este espacio de diálogo no solo contribuye al conocimiento sobre el proceso constitucional, sino que también promueve un ambiente propicio para el intercambio de ideas y el fortalecimiento del diálogo en la sociedad".

Esta semana, el Ministerio de Educación dio el vamos a la nueva escuela de emergencia Juan Aguilera Sáez del sector Antiquina en Cañete, la cual se levantó luego de que un incendio arrasara con las obras de conservación en 2020, que ya alcanzaban en ese entonces un 75% de avance.

Debido a esto, se generó un nuevo proyecto de emergencia al que se sumaron los dineros rescatados por el municipio a través de la liquidación del seguro, así fue como en noviembre de 2022 las autoridades regionales establecieron un compromiso de reconstrucción, que permitió contar con esta nueva infraestructura de emergencia, con una inversión cercana a los 675 millones de pesos.

En el proyecto se consideró la construcción de una escuela de emergencia de 764 metros cuadrados. Los recintos docentes, administrativos y de servicio se edificaron en base a módulos metálicos, con circulaciones y cubiertas en madera.

El alcalde de Cañete Jorge Radonich, indicó que "se dispusieron $572 millones que se necesitaban para la escuela y de ahí en adelante todo empezó a funcionar al 100%. Posteriormente faltaron recursos, pero el Gobierno nuevamente intervino y puso lo que faltaba, más el aporte municipal lo que permitió inaugurar esta escuela, después de tres años a falta de un edificio cómodo, agradable y digno para la comunidad".

En el exterior del recinto se ejecutaron obras de cierre de la multicancha, la construcción de una estructura metálica galvanizada, revestimiento pv6 y revestimiento interior de placas de terciado. Se completó el cierre perimetral del predio y se aisló el área siniestrada mediante cierres de polines y malla.

675 millones de pesos se contemplaron para la edificación de la infraestructura de emergencia