Por Felipe Cuevas Mora

El plan Más Movilidad para el Gran Concepción, que durante mayo fue presentado por las autoridades del Ejecutivo junto al Gobierno Regional, contempla entre otros elementos una serie de proyectos de inversión agrupados tanto en convenios de programación como también en iniciativas sectoriales que buscan mejorar significativamente la infraestructura vial de la intercomuna.

Entre ellos, están tres proyectos emblemáticos que el pasado viernes el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y su Dirección General de Concesiones (DGC), confirmaron que entrarán en la cartera de licitaciones durante el segundo semestre.

Se trata de los estudios y la construcción de la Ruta Pie de Monte, además de los electrocorredores de las rutas 160 (San Pedro de la Paz-Coronel), 150 (Concepción-Penco) y autopista Concepción-Talcahuano, junto con la relicitación de concesión de la Ruta del Itata, todo por un monto cercano a los $1.326 millones de dólares.

El seremi de Obras Públicas Hugo Cautivo puso el énfasis que "siempre hemos planteado que tenemos una urgencia en este periodo de Gobierno de acelerar temas que estuvieron pendientes durante mucho tiempo. Estamos a punto de iniciar una serie de proyectos que le cambiarán el rostro a la Región, varios por el área de concesiones que serán parte de la impronta para los próximos años".

Además, dijo que la apuesta ministerial a nivel de inversión "es llegar a los $3 mil millones de dólares en materia de inversión. Sabemos el rol que jugamos en materia de inversión pública, las grandes esperanzas y misión que nos ha puesto el Presidente, al ser el músculo del Estado. Lo importante es trabajar en que estos temas se cumplan en los plazos propuestos".

Avance en inversiones

Durante los últimos días de julio, se espera que la DGC abra el proceso de relicitación de la Ruta del Itata, luego de que en abril pasado culminara la concesión asignada a Globalvía por 25 años, y que se renovó por todo este año y hasta fines de 2024, con la condicionante de que los montos recaudados en el peaje Agua Amarilla -que fue rebajado hace dos semanas- irán directamente a las arcas ministeriales.

La licitación contempla una inversión de $564 millones de dólares, y entre las principales novedades contempla el reemplazo de los peajes por pórticos, además de significativas mejoras de las medidas de seguridad y una conexión de ocho kilómetros de extensión entre la ruta que une Concepción y Chillán con la ruta Concepción-Cabrero.

En el caso de la ruta Pie de Monte, el seremi de Obras Públicas detalló que "primero debíamos resolver por un lado el compromiso financiero que debe asumir el Estado con la ruta, eso significa un visto bueno del Ministerio de Hacienda que ya se obtuvo. Hoy estamos trabajando en la definición de las bases administrativas de licitación, junto con las bases de licitación de la asesoría fiscal paralela que se requiere para estas iniciativas".

Además, dijo que "esperamos que esta licitación se realice a inicio del cuarto trimestre de este año, porque debemos trabajar en los estudios de ingeniería de detalles y de impacto ambiental que trae aparejado. Hemos estado en el inicio de conversaciones con distintos actores, tanto públicos como privados, porque esto es una gran intervención que tendría un costo cercano a los $416 millones de dólares. Tiene una serie de implicancias para las comunidades que la rodean al confeccionar su trazado, además de las demandas del sector productivo".

Electrocorredores

La última licitación que contempla para este año Concesiones tiene relación con las obras de tres electrocorredores por un monto cercano a los $346 millones de dólares, los cuales serán desarrollados por una sola empresa.

"Después se verá la planificación determinará el orden de trabajo de cada una de ellas, pero del punto de vista administrativo será una sola concesión", dijo Hugo Cautivo, junto con señalar que "la modalidad de concesión apunta al cómo se construyen las obras, no a cómo operan o se explotan. Estas no tendrán tarifado, sino que mediante una concesión se hace el proceso de construcción, como ocurre con los hospitales. Quien asume el costo de estas obras es el Estado, y por eso es importante tener los vistos buenos de Hacienda a nivel de planificación presupuestaria".

"Lo que se discute hoy apunta a la conversación y mantención, para ver si en estos proyectos se incorpora este elemento para los corredores de transporte público, para aquella empresa que se gane la operatoria", cerró.

El seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo también dio cuenta de que se proyecta que durante agosto o septiembre se puedan reanudar las obras paralizadas del Puente Bicentenario, vía trato directo. "Se ingresó el documento con las observaciones que hizo Contraloría a nivel administrativo en algunos aspectos, esperamos que la toma de razón demore poco tiempo, porque ha habido un proceso de conversación con Contraloría desde que se decidió la modalidad de trato directo", dijo para agregar que "la empresa está definida, esperamos adjudicar y de ahí la empresa tiene 30 días para los trámites administrativos de entrega de garantías y firma del contrato. Tenemos la esperanza de que a inicios del tercer trimestre de este año se retomen las obras para que sea este Gobierno el que cierre este círculo de conexión definitiva".

Con una visita al jardín infantil Hijos de la Tierra de Concepción, las autoridades locales dieron inicio al segundo semestre del año escolar 2023, con un foco tanto en la reactivación educativa pero también en revertir la inasistencia a clases: según datos entregados por la cartera, la asistencia promedio alcanzó un 88,6% en la Región, mientras que la inasistencia grave llegó al 24,8%, la que representa una concurrencia menor al 85% del total de clases.

"Estamos trabajando para que los indicadores de asistencia a clases se mantengan al alza como ya le dimos cuenta. Nos importa la educación de los niños, y con especial atención en los más pequeñitos, en sus primeros espacios de desarrollo educativo. El llamado a los padres y las familias es a que vuelvan al colegio, porque es el lugar donde se aprende no solo aprendizajes disciplinares sino a convivir con otros", dijo la seremi de Educación Elizabeth Chávez.

"Respecto a la asistencia -añadió-, habrá profesionales en cada uno de los municipios para que podamos recuperar, saber que les pasa a los niños que no vuelven al colegio, y que regresen. Hay una acción educativa que está enfocada en esa materia".

Sobre la labor que realizarán, la autoridad contó que "los profesionales contratados recogerán la información y elaborará un plan de trabajo, para luego asistir a los hogares de los niños, conversar con las familias, ver porque no están asistiendo y abordar su regreso".

Entre las causas que han logrado identificar, la seremi de Educación indica que "algunas causas están asociadas a enfermedades, cuidado de otras personas y porque las familias han optado porque los niños se queden estudiando en la casa".

Otras de las medidas que se adoptarán durante las próximas semanas, Chávez detalló que "hemos realizado un trabajo, considerando que cada dos meses el ministerio entrega información confidencial a los establecimientos educacionales de los alumnos con mayor inasistencia. Por otro lado, tenemos unas mesas de trabajo con los sostenedores y directores provinciales para elaborar y compartir estrategias asociadas a los intereses de niños".

Según indicadores

entregados por la Seremi de Educación, el 24,8% de los estudiantes registran una inasistencia grave.

Avanzan las diligencias en torno al Caso Convenios al interior de la Delegación Presidencial del Biobío. Particularmente, este lunes culminó la indagatoria que realiza el departamento de Auditoría Interna de la Subsecretaría del Interior, en la que se solicitó a todas las delegaciones presidenciales del país el detalle de los aportes entregados a fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro durante la actual administración.

Sobre ello, la delegada Daniela Dresdner indicó que "estamos esperando los resultados de esa auditoría que se está haciendo en todas las regiones. La levantó la Subsecretaría del Interior, sus resultados van para allá y se busca analizar los distintos tratos realizados durante nuestro actual periodo de Gobierno".

Respecto a la indagatoria solicitada por la propia delegación respecto a los convenios firmados por todas las secretarías ministeriales y servicios públicos desde 2018, dijo que "es una indagatoria que sigue en curso. Hemos recibido gran cantidad de información de los servicios y seremias, y lo que se está haciendo es un trabajo exhaustivo para investigar los distintos convenios, y ver si hay algunos con intereses cruzados. Seguimos recabando información y levantándola a la Subsecretaría del Interior".

"Aún no me citan a declarar", añadió sobre la querella presentada por Revolución Democrática, en el marco del caso Democracia Viva.