Por Diana Aros Aros

"Se les dio un plazo bastante amplio a los terminales para que pudieran habilitar zonas de inspección para productos agroindustriales y lamentablemente aquello no ha sucedido, por lo que la dirección regional del SAG ha dado un plazo hasta julio del otro año. De no contar con esa zona, no van a poder transitar cargas del sector agroindustrial por los puertos". Así explicó el vicepresidente de la Mesa de Comercio Exterior del Biobío, Alfredo Meneses, la situación que afectaría a los terminales portuarios de la Región tras un decreto promulgado a través del Ministerio de Agricultura, el cual entrega la facultad resolutiva al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para coordinar los requisitos de infraestructura, instalaciones y equipamiento en los puertos, como una forma de aumentar la producción nacional y proteger los recursos naturales del ámbito silvoagropecuario.

Según detalló el director regional del SAG, Roberto Ferrada, se trata de una "situación preocupante", ya que han transcurrido cuatro años desde la entrada en vigencia de la resolución, la cual establece las condiciones necesarias para el desarrollo de las funciones del servicio en los puertos.

"Hasta ahora sólo hemos sostenido reuniones con administraciones portuarias y realizando talleres con el fin de esclarecer cuáles son los requerimientos necesarios para que el SAG pueda ejecutar sus labores de forma segura, no sólo para la integridad de la carga, si no también para la protección de las y los funcionarios, en conjunto con el personal de apoyo que se desempeña en la inspección fito y zoosanitaria en los puertos del Biobío", sostuvo.

Normativa

La compleja situación fue abordada en un encuentro de la Mesa del Comercio Exterior y autoridades, instancia en la que se planteó que en la Región el llamado es a cumplir con esta normativa por parte de los puertos de Coronel, DP World Lirquén, Penco, San Vicente, Talcahuano y Puerto Industrial Cabo Froward.

Los requerimientos específicos en infraestructura, instalaciones, equipamiento y materiales para los sitios de inspección (SI) o centros de inspección (CDI) son establecidos por el SAG, por lo que deben contar con la resolución del servicio para su funcionamiento. En tanto, aquellos espacios portuarios que no cuenten con esta autorización, no podrán ingresar, presentar o tramitar mercancías de importación de competencias del SAG, lo que perjudicaría el comercio exterior de la Región.

Ferrada añadió que "aún no se ha ingresado ningún proyecto formal de infraestructura al SAG Biobío para ser evaluado y autorizado para su ejecución, pero, aunque el plazo restante es muy acotado, si recibimos prontamente los proyectos que los puertos planeen ejecutar tenemos la opción de alcanzar a dar curso a la evaluación y autorización de estos dentro de los tiempos solicitados. Estamos disponibles para resolver todas las dudas de las administraciones portuarias".

Sector exportador

Sobre la afectación que esto podría tener en la cadena logística local, que podría incidir en la importación de mercancías como alimentos de uso animal, semillas, plaguicidas y fertilizantes, Alfredo Meses especificó que el hecho de que no se puedan transitar cargas en los terminales "no es una buena noticia, porque nuestra infraestructura logística está decaída, hay poca inversión pública y privada, y todo eso se ha visto coronado con una caída de 27 puestos en un indicador que elabora el Banco Mundial (...) Entre 2018 y 2022 tuvimos esa caída. Eso claramente no habla bien de nuestra infraestructura".

El también gerente general de Asexma Biobío recalcó que "es necesario hacer un llamado a que los terminales se pongan al día con esta obligación, con la premura necesaria, porque ya estamos muy cerca del vencimiento de los plazos y, como dijo el director regional del SAG, ya no hay vuelta atrás".

Desde San Vicente Terminal Internacional (SVTI) indicaron que para cumplir con el decreto "tenemos reuniones constantes con el SAG, lo que nos ha permitido identificar las mejoras que debemos aplicar en áreas administrativas y de apoyo y en la zona de inspección. Durante 2020 presentamos una propuesta para optimizar el control de cargas de importación, que es parte del trabajo que realizamos para cumplir con la normativa dentro de los plazos establecidos".

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) comenzó el trabajo en terreno de la 20° Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2023, operativo que permite conocer la cantidad de personas y hogares que han sido víctima de delitos, así como la percepción de inseguridad en la población.

La encuesta, que se realiza desde 2003 a través de un convenio entre el INE y la Subsecretaría de Prevención del Delito, contempla visitar alrededor de 70 mil viviendas y está dirigida a todas las personas de 15 años o más que tengan residencia habitual en la vivienda particular seleccionada.

En esta vigésima versión, la ENUSC 2023 presenta importantes mejoras metodológicas orientadas a mejorar su uso como herramienta para el diseño y evaluación de políticas públicas, como es la representatividad comunal, la incorporación de nuevas comunas y la actualización metodológica.

El subdirector técnico del INE, Leonardo González, señaló que "la ENUSC constituye un instrumento fundamental para las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, un ámbito de mucha preocupación para la población y que demanda cifras claras y confiables para abordar el fenómeno de la mejor forma posible. El trabajo conjunto del INE junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito permitirá caracterizar la percepción de inseguridad, obtener indicadores de victimización en los hogares y perfilar los delitos e intentos de delitos que hayan afectado a los hogares y personas de las zonas urbanas del país a nivel comunal, regional y nacional".

Desde el INE recordaron que las personas encuestadoras de la entidad siempre portan una credencial con foto y número de RUT que los identifica como funcionarios o colaboradores de la institución, lo que se podrá comprobar en la sección de "verificación de encuestadores" del sitio web del INE.

Respecto a las fechas, el operativo comenzará durante este mes y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023, mientras que los resultados estarán disponibles para el próximo año.

La Seremi de Energía anunció ayer el fin de la tarifa de invierno en la Región del Biobío, medida que ya se ha concretado en diversas partes del país y que en la zona busca eliminar este cobro en las cuentas de electricidad. Esto, tras un acuerdo alcanzando entre la mesa de trabajo compuesta por el Ministerio de Energía y las compañías integrantes del gremio Empresas Eléctricas A.G., que suministran a cerca de un 96% de los clientes.

Concepción aparece dentro de las diez comunas del país con mayor cantidad de clientes o medidores a los que se les aplicaba la tarifa de invierno, registrando un total de 4.055, según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y los que potencialmente serán beneficiados con esta medida durante este mes.

La seremi de Energía, Daniela Espinoza, valoró su entrada en vigor y señaló que "buscamos beneficiar a miles de familias, además de representar una oportunidad para diseñar nuevas herramientas que fomenten la inversión en tecnologías de calefacción eficientes, asequibles y sostenibles".