Delegación Presidencial revisará traspasos de recursos públicos a organizaciones desde 2018
La revisión a nivel local la llevará adelante la Unidad Jurídica de la delegación. Además, la Subsecretaría del Interior comenzó ayer auditoría interna.
El pasado sábado 24 de junio, la delegada presidencial Daniela Dresdner adelantó a Diario EL SUR que, luego de que se conocieran los primeros antecedentes del caso "Fundaciones", que se solicitaría a todos los servicios públicos de la Región antecedentes sobre el traspaso de recursos, en caso de que existieran irregularidades.
"Si no se hizo nada mal, no habría que tener problema en entregar la información", exponía la autoridad regional, luego de que se conocieran sus vínculos con Democracia Viva y Urbanismo Social.
Con el correr de los días, la representación máxima de La Moneda en la Región decidió sacar el factor condicional, y solicitó hasta hoy la entrega de antecedentes por parte de secretarías ministeriales y servicios con el objetivo de realizar una completa revisión de los vínculos económicos, superando incluso la frontera de la actual administración.
Solicitudes a servicios
El correo electrónico que recibió cada una de las secretarías ministeriales y servicios presentes en la Región señala que "se solicita un informe detallado de procesos administrativos entre 2018 a la fecha, que hayan dado origen a una transferencia de recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro".
Además, la misiva detalla que el informe contemplará aportes a organizaciones "sean estas corporaciones, fundaciones, asociaciones gremiales, sindicatos, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, cooperativas u otras instituciones cuyo objeto no es el lucro económico".
La revisión interna estará a cargo de la Unidad Jurídica de la propia delegación, liderada por la abogada Angélica Retamal, quién desde 2016 desempeña labores en la antigua gobernación provincial de Concepción en el área, además de ser el nexo con el programa Estadio Seguro.
Sobre la solicitud de antecedentes a seremis y servicios, la delegada Daniela Dresdner enfatizó -en el marco de una visita en terreno a Tucapel- que "en todas las instancias que corresponda, vamos a poner la información por delante porque la transparencia es lo primero. Eso es lo que haré yo en cualquier caso".
Además, valoró la decisión de oficio del Ministerio Público de abrir dos investigaciones de oficio por los traspasos de recursos de Serviu y el Gobierno Regional a Urbanismo Social y RedCultivarte por $708 millones entre ambas, y dijo que "en este momento, yo no estoy requerida por el Ministerio Público, pero si se requiere información la entregaré sin ninguna duda ni miramiento", pese a que en la querella presentada por Revolución Democrática y su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre se solicitó que se le tome declaración.
Auditoría preventiva
En paralelo a la iniciativa impulsada por la propia Delegación Presidencial, ayer se inició una auditoría preventiva a los traspasos que han realizado todas las delegaciones presidenciales del país, mandatada por el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, y de la cual estará a cargo el departamento de Auditoría interna de la subsecretaría.
"Tenemos una instrucción del Presidente, la sé yo y la conoce la delegada junto a todos los funcionarios de confianza. El compromiso de probidad y severidad ante la falta de probidad es total", indicó Monsalve en su reciente visita a Cabrero el pasado viernes, junto con señalar que "se harán auditorías preventivas para el uso de recursos en las delegaciones presidenciales. Es un plan que se está llevando a cabo, mientras dos instituciones independientes están investigando con toda la autonomía, como son el Ministerio Público y Contraloría".
En el oficio enviado a cada una de las regiones del país, se señala que "la auditoría está dirigida especialmente a verificar la correcta asignación de recursos, la habilitación legal de los receptores de fondos, la correcta inversión y rendición de dineros, y dar cuenta de eventuales riesgos, asociados a posibles incumplimientos normativos que puedan afectar los objetivos institucionales, la imagen institucional y/o puedan importar denuncias de irregularidades", junto con indicar que la revisión se amplía a convenios y transferencias realizadas durante la actual administración.
La delegada Dresdner en tanto, explicó que "la auditoría preventiva buscará hacer revisión, todo en la línea de la transparencia. La auditoría tomará el plazo que corresponda ya que no depende de nosotros".
2018 es el año de partida de la revisión que hará la Unidad Jurídica de la DPR a todos los traspasos desde organismos del Estado.
708 millones de pesos está investigando el Ministerio Público en el marco de aportes del Serviu y el Gob. Regional.