Empadronan a cuidadores informales de vehículos en centro de Concepción
Desde la Municipalidad penquista informaron que la Dirección de Seguridad Pública y Carabineros realizan esta labor con la idea de determinar quiénes son las personas que cobran en la vía pública. Hasta la mañana del viernes se había registrado a 27 cuidadores.
La Municipalidad de Concepción informó a fines de diciembre que al menos por tres meses la ciudad no contará con servicio oficial de parquímetros, luego de que el Concejo Municipal decidiera rechazar en una sesión extraordinaria la propuesta de realizar un nuevo trato directo con la empresa Estacionar S.A., contratada hasta el 31 de diciembre pasado a través de la misma vía.
Dependiendo de la calle, dicho escenario provoca preocupación en parte de los conductores que tienen que estacionarse. Por medio de redes sociales o en las propias cartas a la directora enviadas a este medio, algunos usuarios relatan que "hoy hay matones que se tomaron los estacionamientos del centro", que ahora hay cuidadores "que cobran, pero no cuidan", o que hay personas informales que exigen pagos por adelantado al momento de aparcar. "Si bien puede resultar una situación beneficiosa para quien quiere pagar menos, es riesgosa, porque no hay garantías de nada al dejar el vehículo", precisó esta semana el ciudadano Ramiro Soto en una de las cartas enviadas a EL SUR.
El director jurídico del municipio, Aldo Mardones, comenta que la entidad recibe, en promedio, $120 millones mensuales por concepto de la concesión de estacionamientos -aunque el alcalde afirma que esta cifra supera, incluso, los $180 millones- y que el impacto por pérdida afecta al presupuesto municipal en general. "No es que la recaudación por parquímetros esté destinada directamente a algún tipo de proyectos, sino que suma a las arcas para la ejecución de distintas acciones comunales, como la entrega de ayudas sociales o inversiones en infraestructura, de manera que el efecto es global y fuerte", resalta.
Respecto a la inseguridad que dicen sentir ciertos conductores, Mardones reconoce que este es un problema que se está presentando y que fue advertido en su momento, por lo que la Dirección de Seguridad Pública en conjunto con Carabineros profundizarán operativos de empadronamiento con el objetivo de verificar quiénes son las personas que efectúan estos cobros.
Entre el miércoles y la mañana del viernes se habían individualizado 27 cuidadores. El municipio espera aumentar este número en la medida que se avance con los recorridos, cuyo objetivo es facilitar la labor de control y el levantamiento de antecedentes ante una situación de riesgo o hecho delictual. Agregaron que se han reforzado los patrullajes y la presencia en distintas zonas.
Nueva propuesta
En vista de esta y otras consecuencias, el alcalde Álvaro Ortiz asegura que desde la Dirección de Tránsito ya se trabaja en una propuesta que debiese ser enviada luego al Concejo Municipal, de tal manera de poder destrabar el problema de forma más urgente.
Eso sí, el jefe comunal prefiere no entregar una fecha exacta antes de comunicar oficialmente a los concejales. "Invito con mucho cariño y respeto (a los concejales) a que, por favor, recapaciten de esta decisión que tiene a la ciudad pagando los costos que todos sabemos, principalmente en seguridad. Por eso queremos presentar una propuesta al Concejo respecto a cómo poder solucionarlo, y tiene que ser pronto, porque no podemos pasar tantos meses con esto", sostiene.
La concejal Andrea de la Barra (PL) fue una de las cinco autoridades que dio su voto favorable al nuevo trato directo. A su juicio, lo ocurrido vino a afectar el ordenamiento de la ciudad, el empleo de 100 trabajadores y los millonarios recursos que normalmente iban destinados a otras áreas municipales.
"Hay vecinos que me han comentado que se sienten amenazados. Hay cuidadores que están en ciertas cuadras y son súper tranquilos, pero en otras, por lo que me comentan, cobran antes de volver al auto, entonces eso genera un miedo de dejarlo y que le puedan hacer algo", dice De la Barra.
Su par RD, Eric Riquelme, quien fue parte de los seis concejales que rechazaron, insiste en que hubo varias razones que lo llevaron a dar su negativa, sobre todo por las condiciones laborales de los trabajadores. Sobre el problema actual, plantea que no ha recibido ninguna información acerca del desorden que acusan algunos conductores y que, incluso, ha visto comentarios positivos en redes sociales a propósito de la ventaja que significan las propinas voluntarias.
"Esto se pudo haber solucionado la misma semana en que se rechazó, pero no sabemos por qué no se hizo. Quien tiene la pelota en su cancha es la Municipalidad, pues ellos tienen que hacer las gestiones, además ellos tienen las facultades para proponer temas", insiste el concejal Riquelme.