Por Redacción

Una evolución positiva, de 40,7% en 2021 a 44,5% en 2022, arrojó el Barómetro de Acceso a la Información, informe realizado por la Asociación Nacional de Prensa (ANP), con la colaboración del Consejo para la Transparencia, que recoge las percepciones de los periodistas que trabajan en medios nacionales sobre el nivel de acceso a la información de distintas instituciones de relevancia pública.

En esta oportunidad la encuesta, en la que también colaboran la Fundación de la Prensa y la Universidad Central, fue respondida por 448 periodistas, editores y directores de medios de comunicación chilenos, incluyendo prensa, televisión, radio y revistas.

Como en años anteriores, se midieron tres dimensiones de acceso a la información: disposición a la entrega de información; confiabilidad y precisión de la información, y entrega oportuna de la información.

La dimensión "confiabilidad" es la mejor evaluada con un 48%; la variable "disposición" se encuentra en el promedio del Barómetro, con 42%, y "entrega oportuna" se sitúa bajo el valor promedio, con un 37%, siendo la peor evaluada. En las tres dimensiones se observa un alza en comparación con 2021: Confiabilidad (+4.7), Disposición (+3.8) y Oportunidad (+2.6). Además, todas las variables alcanzaron un máximo histórico desde 2017.

Los organismos mejor evaluados fueron la Teletón, la Onemi, el Servel, la CPC y Bomberos. En cambio, las instituciones peor evaluados fueron el Sename, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia, Superintendencia de Educación y el Ministerio del Interior.

Las instituciones más consultadas son las Municipalidades (un 71%), seguido de Carabineros (58%), Ministerio de Salud/Seremi (48%), PDI (46%) y Gobernación y Cores (42%).

En tanto, las instituciones menos consultadas son la Superintendencia de Pensiones (6%), Sofofa (7%), El Banco Central (7%), la Comisión de Mercado Financiero (7%) y la Fiscalía Nacional Económica (7%).

Juan Jaime Díaz, presidente de la ANP, evaluó positivamente el informe: "Nos parece que en general existe mayor conciencia de parte de los organismos sobre la importancia de entregar información confiable y oportuna, además de estar disponibles para requerimientos de la prensa".

María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, quien participó en el análisis de los resultados del Barómetro de Acceso a la Información, comentó que a su parecer "entidades nuevas que surgen con modelos de gobernanza en teoría más modernos, igual agarran vicios a veces de administración antigua".

Consultados sobre el acceso a la información pública, solo 29% de los periodistas encuestados manifestó que ha mejorado. El 49% dijo que el acceso a la información pública se ha mantenido igual y 22% planteó que ha empeorado. Respecto de la Ley de Transparencia, el 3% de los encuestados no la conoce. Aquellos que sí lo hacen, la evalúan con nota promedio de 4,9. Una particularidad de esta versión del Barómetro es que se incluyeron preguntas relacionadas con el proceso constitucional. En ese sentido, el 37% dijo haber solicitado información a la Convención Constitucional y 84% dijo recibir la información solicitada.

Luego de visitar de improviso a Nicolás Maduro en Venezuela para una "reunión bilateral extraordinaria", el presidente de Colombia, Gustavo Petro, iniciará mañana una visita oficial a nuestro país para reunirse con su homólogo Gabriel Boric, en una gira de marcado acento político y sin agenda económica, a pesar de los marcados vínculos que tienen ambas naciones en este ámbito.

Desde que asumió la presidencia colombiana, el pasado 7 de agosto, Petro ha manifestado su intención de fortalecer la integración latinoamericana aprovechando la coincidencia de gobiernos progresistas en la mayor parte de la región.

Su llegada Santiago está prevista para las 02.00 de la madrugada del lunes y en la misma jornada se reunirá con Boric, quien lo recibirá con honores militares en el Palacio de la Moneda en el tercer encuentro de ambos en menos de un año.

En el encuentro habrá intercambio de condecoraciones, una declaración conjunta a los medios y una cena de honor. El gobernante colombiano también se reunirá con los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, con la alcaldesa de Santiago y el martes con el presidente de la Corte Suprema.

Pese a la dinámica relación económica entre ambos países y a que son socios en la Alianza del Pacífico, en la agenda de esta visita no figura ninguna actividad empresarial.

Chile es el principal inversor sudamericano en Colombia y el país andino es el cuarto receptor del capital chileno en la región, después de Brasil, Argentina y Perú.

Las inversiones chilenas en Colombia se concentran en empresas del comercio y servicios como Cencosud, Falabella, Parque Arauco, Mallplaza, Sodimac y Latam, entre otras.

Colombia, por su parte, descubrió a Chile como destino para las inversiones en los sectores de ingeniería, alimentos, seguros y banca.

Los dos países tienen además un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde 2009 y gracias a la Alianza del Pacífico el intercambio del 92% de los productos se hace con arancel cero, una dinámica que llevó el intercambio comercial bilateral a superar los 2.300 millones de dólares en 2021.

La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), publicada esta semana, informa que sólo un 49% de los encuestados señala que "la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno", mientras que un 25% aseguró que "a la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario". Estos bajos porcentajes de valoración ciudadana de la democracia son un llamado de atención para mejorar la calidad de nuestro sistema político.

Decía Winston Churchill que "la democracia es la peor forma de gobierno, exceptuando a todas las otras que han sido intentadas". Sin embargo, si la democracia consistiera únicamente en asegurar el poder de las mayorías, o en una simple plataforma electoral, tarde o temprano sería ineficaz y serviría de tránsito hacia formas de autoritarismo.

Para fortalecer la democracia es preciso entender que lo central o esencial en ella no es la voluntad de una mayoría sino el ejercicio "justo" del poder del pueblo. Cuando la voluntad mayoritaria carece de límites, la democracia pasa a ser "democradura", palabra acuñada por Rosanvallon, o tiranía de masas. La democracia justa, en cambio, nace en Grecia bajo la idea de que sólo la unanimidad es reflejo genuino de la voluntad de todos. Como esto no es posible en sociedades modernas, la unanimidad ha sido reemplazada por el voto de la mayoría, pero esta no podría asumir para sí la fuerza legitimadora de la unanimidad.

¿Significa entonces que la aprobación mayoritaria de leyes y de gobiernos no es democrática o legítima por falta de unanimidad? No, al contrario, el gobierno de la mayoría continúa siendo el menos imperfecto de todos, pero no corresponde atribuirle un sentido de representación total de la voluntad social. Esto sugiere comprender la democracia como mecanismo de fijación de mínimos posibilitadores del desarrollo de todos, incluso de aquellos que no comparten el parecer mayoritario. Esto exige que las decisiones democráticas deben promover y resguardar, en igualdad de condiciones, a las familias, corporaciones educativas, empresas, juntas vecinales, iglesias, pymes, asociaciones, clubes, sindicatos, etc., que forman el tejido social.

En consecuencia, es una mala democracia aquella fundada en la exclusión o discriminación de minorías de distinta índole, o de desprecio del aporte de la familia -primera escuela de virtudes- y de las asociaciones al bien común. Resalta aquí otro resultado de la encuesta CEP. Un 53% de los encuestados dijo que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas y no en el Estado, versus un 17% que opinó lo contrario. Esta es señal inequívoca de que una gran mayoría de chilenos quiere un Estado que regule, fiscalice y apoye el emprendimiento privado, pero no que lo sustituya o reemplace.

Tampoco hay buena democracia cuando el sistema político cae en desprestigio por la ineficacia de sus directivos. La discusión constitucional que se avecina debería hacerse cargo de la falta de legitimidad de nuestras instituciones, principal factor de minusvaloración de la democracia. Asoman aquí la atomización de los partidos políticos, el nombramiento de autoridades sin concurso público o idoneidad suficiente, y la desregulación en materia de probidad y conflictos de interés, entre otras.

La democracia es la mejor defensa frente a los riesgos de autoritarismo y de totalitarismo, cuando logramos que funcione bien. La encuesta CEP demuestra que nuestra democracia muestra síntomas de enfermedad. Estamos a tiempo de remediar.

Jaime Arancibia M.

Profesor de Derecho Administrativo e investigador de Polis, Universidad de los Andes.