El crimen organizado bajo la óptica de la política regional
Comisiones investigadoras de la Cámara se aprestan a visitar la zona. Asimismo, hoy existe un trabajo parlamentario y regional transversal con la ministra Siches para crear propuestas.
nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
Esta semana la Delegación Presidencial, junto al Gobierno Regional, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos (SII), Gendarmería, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Aduanas y las seremis de Hacienda y Justicia, participaron en la segunda sesión del Consejo Regional de Crimen Organizado, instancia que se dio por iniciada el 8 de julio pasado y que fue encabezada por el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La presencia de uno de los hombres fuertes de La Moneda ayudó a transmitir la urgencia de un asunto que hace algunos años asomaba de una manera sutil, sin que hubiese un interés mayor de parte de la institucionalidad chilena por enfrentarlo. Hoy, recién, sus representantes abren los ojos y confluyen esfuerzos para evitar una hecatombe.
El mediodía del miércoles, la delegada presidencial Daniela Dresdner comentaba que durante el último mes los equipos técnicos se han mantenido trabajando para elaborar planes de acción contra los delitos de robo de madera y un eventual tráfico de armas, preocupaciones principales en cuanto al crimen organizado. Entre las acciones propuestas -que serán enviadas a la administración central para que sean replicadas en otras regiones- aparecen el fortalecimiento de las competencias humanas y tecnológicas de las policías y entes fiscalizadores, la generación de espacios para albergar el acopio de camiones robados, el análisis de las brechas jurídicas en la persecución del delito (modificaciones penales) y las coordinaciones para el acceso a la información, de tal modo que las policías puedan controlar eficientemente el tránsito de mercaderías robadas.
"En el caso de la Región del Biobío se ha observado la presencia o posible presencia de crimen organizado en delitos como robo de madera. El gobierno del Presidente Boric se está haciendo cargo de enfrentar decididamente un delito que creció considerablemente en el gobierno anterior, y lo hacemos utilizando todas las herramientas del Estado de Derecho", insiste Dresdner, quien también pone de manifiesto la necesidad de incluir a la academia como un actor observador que complemente con datos técnicos el trabajo que efectúa el sector público.
Análisis parlamentario
En una mirada compartida, Joanna Pérez y Eric Aedo, ambos diputados democratacristianos, sostienen que el crimen organizado es un problema complejo y que ya se advierte nítido en la Región del Biobío y toda la Macrozona Sur. Pérez, quien encabeza la comisión investigadora de la Cámara sobre la materia, plantea que hoy el foco de su instancia está puesto en el tema migratorio que afecta al norte del país, aunque adelanta que en septiembre se debiese concretar en la zona un espacio con las autoridades regionales, locales y policiales, además de Fiscalía y "víctimas de la inacción u omisión del Estado".
"En la zona llevamos meses en un estado de excepción, pero creo que es necesario ver cómo se está llevando a cabo, los medios, la estrategia y la forma de relacionarse en un todo. También hay que evaluar los hechos, porque siempre se habla que los delitos han bajado en 30% o 40%, pero la violencia es mayor. Hay que abordar aquello", dice, en atención al robo de madera y vehículos y a eventuales delitos asociados a armas y drogas, "que probablemente tendremos que revisar".
A diferencia de otros territorios, según revela Pérez, Biobío posee una bancada transversal de parlamentarios que ya cuenta con un trabajo iniciado junto a la ministra del Interior, Izkia Siches, con quien se están reuniendo cada 15 días. Se espera que a este proceso se sume La Araucanía y se origine una línea que considere instrumentos que no hayan sido aplicados por el Plan Buen Vivir, con la idea de establecer propuestas conjuntas y en la que puedan participar, por ejemplo, los municipios. "Eso facilitará un trabajo investigativo en nuestras materias", desliza.
Respecto al robo de madera, el diputado Aedo, presidente de la comisión investigadora ad hoc, asegura que los actuales acontecimientos "no son para nada incipientes" y que representan "uno de los tres principales problemas que tiene la Región del Biobío", en donde lo más difícil tiene que ver con el nivel de control territorial del crimen organizado asociado al robo de madera, narcotráfico y violencia en la Provincia de Arauco.
En la primera sesión de dicha comisión, la que se celebró durante la tarde del lunes, participaron víctimas de delitos. La ausencia del Estado en parte de la Macrozona Sur fue una de las primeras ideas que se puso sobre la mesa de los parlamentarios integrantes. A partir de la cita, Aedo comparte otros datos, como el aumento que ha tenido el costo del robo de madera, que pasó de US$ 20 millones a US$ 100 millones, o el alto poder de fuego de las bandas, que tienen armas automáticas y de alto calibre. "Mueven una cantidad de dinero que les permite mantener a mucha gente que está detrás de esta actividad ilegal, impidiendo que el Estado llegue a estos lugares", lamenta.
A la fecha, en la comisión tienen identificadas a unos siete grupos organizados, "con un nivel alto de infraestructura y maquinaria para las faenas ilegales, que a veces superan los $1.000 millones". Además, al año se habla de 2,5 millones de metros cúbicos de madera robada, equivalentes a unas cinco mil o seis mil hectáreas de bosque, y de unos 30 aserraderos clandestinos en pleno funcionamiento entre Los Álamos, Lebu y Tirúa, de los cuales 18 estarían a orillas de las rutas, según dice.
Por lo mismo, advierte la necesidad de actualizar herramientas en una ley de crimen organizado, es decir, escuchas telefónicas, agentes en cubierto o delación compensada, integrar las bases de datos de los distintos organismos públicos como el SII o la Conaf para una mejor coordinación, o implementar una estrategia de trazabilidad que posibilite identificar el origen, camino y destino de la madera que es sustraída ilegalmente.
Avance en materia penal
En conversación con EL SUR, el subsecretario Manuel Monsalve decía hace una semana: "En la medida que haya éxito en la persecución penal y se desbaraten las organizaciones que comenten delitos en la Macrozona Sur, uno podría pensar en retirar el estado de excepción". Consultados al respecto, tanto Aedo como Pérez sostienen que el avance ha sido pobre, pese a que desde la Delegación Presidencial informan que sí existen avances, aunque prefieren mantenerlos en reserva.
Por un lado, la parlamentaria por el distrito 21 dice que faltan recursos para el Ministerio Público y Carabineros, con instrumentos y capacidad que permitan efectuar las diligencias que sean necesarias para iniciar los procesos y tener antecedentes suficientes que sirvan como medios probatorios. "Además, creo que hay pasividad de las autoridades actuales de utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico entrega, lo que muchas veces genera que la calificación de los delitos en las querellas no sea lo suficientemente completa o no sea del todo específica con los actos realizados, como en el caso Llaitul", ejemplifica Pérez.
De acuerdo a cifras que le fueron entregadas por la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), Eric Aedo asegura que de más de 300 denuncias presentadas en los últimos siete u ocho años solo tres tienen una resolución judicial, equivalentes al 0,7% del total, "que es un dato súper concordante con el que entrega la Corporación Chilena de la Madera (Corma)".
"Esperamos que con la fiscal Marcela Cartagena haya un avance, pero eso tiene que ir de la mano con la ley de crimen organizado y una ley de inteligencia", agrega.
Se espera que la comisión investigadora por robo de madera, que podría trasladarse a la zona durante octubre, reciba este 29 de agosto a los gobernadores del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. La delegada Dresdner también se comprometió a asistir a una de las sesiones y a enviar parte de las conclusiones que ha dejado el Consejo Regional de Crimen Organizado, según Aedo.