Avance en políticas de género en Educación Superior
Hace exactamente un año, la Sala del Senado aprobó con 26 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior, iniciativa que en los días posteriores fue promulgada y el 15 de septiembre de 2021 publicada en el Diario Oficial. Es posible recordar el momento de su aprobación como un hecho positivo, que en ese instante se celebró con aplausos por parte de las representantes del mundo académico presentes en el Congreso, que veían en ello la consolidación de una extensa labor destinada a que la temática fuera considerada como prioridad y que fuera aplicada de forma transversal a cada uno de los estamentos que forman la Educación Superior.
La normativa tomó forma a partir de tres mociones presentadas por un grupo parlamentario diverso, como son Ximena Órdenes, Isabel Allende, Yasna Provoste, Ena Von Baer y Carlos Montes, por los senadores Juan Pablo Letelier, Ricardo Lagos y Jorge Pizarro, y por el senador Ricardo Lagos. El objetivo central, según se definió, es "promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual".
Un año después de este hito, la vigencia de la nueva ley 21.369 está a punto de comenzar y los recientes datos entregados por la Superintendencia de Educación Superior (SES), revelan que universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica han avanzado en políticas y protocolos internos. Al analizar los resultados a nivel nacional, en base a información aportada por un total de 150 instituciones de educación superior, a junio de este año, se constató que 129 casas de estudios (89%) declararon contar con algún tipo de política contra el acoso, la violencia y la discriminación de género, evidenciando con ello un importante avance del sistema en la implementación de los requerimientos mínimos que estipula la ley. De lo anterior, eso sí, también se desprende que se deberá avanzar en el apoyo a los 21 planteles (11%) que informaron no contar con alguna política.
En la Región del Biobío la situación también demuestra progresos, ya que de un total de 28 instituciones con presencia en la Región, 23 declararon tener algún tipo de política de género, y 18 de ellas indican que optaron por elaborarlas, incluso, con anterioridad a la promulgación de la ley en septiembre del año pasado. Además, en materia de elaboración de las políticas de género y prevención, al menos 15 de los 23 planteles que ya las tienen elaboradas dijeron haber realizado el proceso con algún tipo de participación de los estamentos de cada institución y, por el contrario, hay dos establecimientos que informaron que no alcanzarán a llegar a la fecha señalada como límite.
Un alcance importante que realiza la Superintendencia de Educación Superior es que en lo que se refiere a la implementación de los distintos elementos que dan cuenta de la Política Integral para la regulación del acoso sexual, la discriminación y la violencia de género, es posible comprobar que el mayor avance que registran las instituciones de Biobío se presenta en la conformación de las unidades de implementación y de sanción.
Por otro lado, el componente que registra menor nivel de desarrollo y ejecución a nivel regional tiene relación con la existencia de modelos de prevención. En ese sentido, también preocupa que 8 instituciones (35%) reconozcan que ninguno de los elementos considerados haya sido elaborado de forma participativa, lo que obligará a establecer canales de evaluación, deliberación y validación, según corresponda, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos legales.
Si la normativa no se cumple a cabalidad y se detectan infracciones, las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica arriesgan tres tipos de sanciones, pero la más grave de ellas es que no podrán acceder a la acreditación institucional, lo que sin dudas afectaría el desarrollo y crecimiento de la entidad afectada, además del prestigio que ello conlleva.
Faltan poco más de cinco semanas para que el plazo dado para el inicio de la vigencia de la ley 21.369 se cumpla, que corresponde al 15 de septiembre, y no deja de ser una buena noticia que el 82% de las instituciones que tienen presencia local hayan avanzado con anterior a la fecha límite. Es clave ahora que sigan en el mismo camino, pero en el ámbito de la prevención, ya que siempre será mejor evitar que los hechos asociados a violencia y discriminación de género ocurran y no solo que tengan una sanción de forma posterior al daño que ya produjeron en sus víctimas.
En lo que se refiere a la implementación de los distintos elementos es posible comprobar que el mayor avance que registran las instituciones de Biobío se presenta en la conformación de las unidades de implementación y de sanción.