Una de las mayores evidencias de la pobreza es el frío permanente. Muchas veces se le ha vestido con el concepto de pobreza energética o bajo objetivos de eficiencia energética o sustentabilidad. Aun siendo conceptos relevantes, tanto en términos de la capacidad de solventar el gasto que implica alcanzar condiciones de confort térmico, como de hacerlo usando menos energía (o con menos contaminantes), derivado de un mejor uso de tecnologías y ajustes constructivos, subyace un problema de fondo: la dignidad del habitar.

Hace 4 años, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) trabaja en el sector costero San Pedro de la Paz y las dirigentas nos pidieron rendir cuentas de los resultados, tras medir temperaturas, humedades, calidades de muros y techos, rendimientos energéticos, condiciones de luminosidad, etc. Los resultados son duros, pero ratifica algo sencillo que aseveran con frecuencia ante la pregunta de si acaso sus viviendas son frías, con respuestas rotundas y unísonas: "sí". Este frío, no obstante, se acompaña de otros problemas que ellos detectan como incluso más importantes: el poco espacio que tienen disponible para vivir y también problemas de diseño de la vivienda, como dónde está el baño y lo difícil que es moverse adentro de las casas, por ejemplo, cuando se necesita ingresar una camilla. Es decir, si bien el frio y la humedad causan enfermedades, los temas de espacio priman, por las molestias cotidianas que traen consigo y porque la falta de espacio deriva en ampliaciones autoconstruidas.

Los resultados que les mostramos (o devolvimos), representan evidencias del problema, para que entre todos podamos comunicar mejor sobre la gravedad de la situación, pero también son para estimular la transformación de las viviendas y con ello la forma en la que experimentan sus barrios y la ciudad. Para esto el Estado de Chile dispone de subsidios, que mejoran las viviendas, y que representan oportunidades de transformación. No obstante, dados los problemas de espacio y diseño, prácticamente todas las viviendas están ampliadas, auto-gestionadamente y sin regularización, lo que complica la postulación a dichos subsidios.

Tres tareas inmensas persisten: que los vecinos se animen a postular a los subsidios disponibles para el mejoramiento de la vivienda, pese a la dificultad para cumplir los requisitos debido a las ampliaciones, sin perder la esperanza. Que las entidades gestoras acompañen estos procesos y apuesten por estos barrios. Y, finalmente, que el Estado dé esperanza, acompañamiento y oportunidades extraordinarias a personas de barrios dañados en su dignidad. Desde la ciencia podemos hace los diagnósticos científicos, apoyados por la comunidad, pero para que no quede solamente en el diagnóstico, sino que existan transformaciones, necesitamos que los vecinos se informen y movilicen, para postular y transformar sus viviendas, que los privados colaboren y que el Estado, a través de sus distintas instancias, funcione.

Según la ciencia, 1,5 grados Celsius podría considerarse el límite máximo de aumento de la temperatura de la Tierra ya que, si lo sobrepasamos, viviremos efectos catastróficos y difíciles de predecir en el planeta. En los últimos cien años ya ha aumentado 1,1 grados.

Por esa razón, un conjunto de países firmó el Acuerdo Climático de París 2015, donde se acordó reducir las emisiones en un 45% para el 2030 y alcanzar las cero emisiones para el 2050. A pesar de ésto, y lejos de cumplirse estos compromisos, las emisiones han ido incrementando. En ese sentido vale preguntarse ¿de qué forma nuestro país está aportando para alcanzar la meta propuesta?

Chile se encuentra actualmente viviendo un proceso de creación de una nueva Constitución, a la que ya se le conoce como "La Constitución Ecológica" porque en su primer artículo señala: "Chile es un Estado ecológico". Esto significa que considera al medio ambiente como uno de los principales actores de la organización sociopolítica. Se le otorga importancia a la conexión entre la naturaleza y los individuos como un conjunto inseparable, donde el Estado es responsable de promover el buen vivir en un sentido de equilibrio y armonía, según se lee en el Artículo 8.

Particularmente el capítulo "Naturaleza y Medioambiente", en su artículo 128, considera aspectos como progresividad, solidaridad intergeneracional y acción climática justa, entre otros. Lo anterior, propone una reconfiguración de nuestra relación con la naturaleza, considerando que somos parte de la naturaleza y que, por lo tanto, nuestras acciones tienen impacto en nosotros y en las próximas generaciones. De esta manera, la propuesta de Carta Magna propone un avance significativo en la posición del país respecto a esta materia.

No obstante lo anterior, y si bien es un hermoso texto en materia ambiental, aún quedan temas por aclarar, particularmente en lo referido a su implementación práctica. Por ejemplo, al igual que el proceso de redacción de la Constitución ha sido participativo a través de la democracia, se debieran considerar canales o formas de participación de la sociedad para ayudar a producir esta transformación.

Adicionalmente, cortes o tribunales de justicia que sean eficientes a la hora de sancionar juegan un rol clave, de lo contrario los incentivos para el cambio desaparecerán. La firma del Acuerdo de Escazú avanza en esa dirección, ya que busca garantizar el acceso a diversos derechos ambientales.

La crisis climática no diferencia bordes territoriales, sociales, culturales ni políticos y para enfrentarla necesitamos avanzar juntos. Ser un Estado/país ecológico es un gran desafío y aún queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, es un desafío que debiéramos aceptar por nosotros y por nuestros hijos e hijas.

Hace años es ya una costumbre en Chile que en agosto celebremos el "día del niño". Así viene sucediendo usualmente el primer domingo del mes y con unas semanas previas marcadas por las campañas publicitarias de tiendas y productos que invitan a regalar lo mejor, mostrando imágenes de niños, niñas y adolescentes felices y sonrientes. Este 2022 el "día del niño" se encuentra en Chile a menos de un mes del plebiscito del 4 de septiembre, oportunidad en que se decidirá si se aprueba, o no, la propuesta de texto elaborada por la Convención Constitucional, proyecto que reconoce expresamente a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos. Parece entonces una buena coyuntura pensar, a propósito de este día, en cuánto se le debe a la infancia y adolescencia, especialmente a aquella que sufre graves vulneraciones de derechos.

De acuerdo al último Censo nacional, realizado en 2017, Chile tiene una población cercana a los 18 millones de habitantes. De esa cifra, según UNICEF, al año 2020 más de 4 millones de personas tienen entre 0 y 17 años, lo que equivale al 24.2% de la población que habita en Chile. En relación a la población menor de 18 años, el Informe 2021 de la Defensoría Nacional de la Niñez confirma la cifra que entregó en 2020 UNICEF, y aporta datos que evidencian realidades críticas en áreas claves para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia: el 16% vive en situación de pobreza por ingresos, casi el 17% de las niñas y los niños entre 0 y 9 años de edad tiene sobrepeso u obesidad, el 13% de los niños, niñas y adolescentes viven situación de hacinamiento medio, alto o crítico.

Tenemos entonces a nuestra niñez y adolescencia sometida a una vulnerabilidad preocupante y a la que expone la pobreza, la falta de derechos tan esenciales como la salud o la vivienda, o la pertenencia a los grupos de la población que históricamente han sufrido la desigualdad que tanto define a Chile.

Así, entonces, para buena parte de la infancia y la adolescencia que vive en esta larga y angosta faja de tierra, el "día del niño" pasa por el lado, sin que veamos la felicidad y sonrisas que muestran la publicidad de agosto.

Toda la niñez necesita que cada día sea su "día del niño". No uno sólo de juguetes o consolas. Uno en que puedan iniciar cada mañana desplegando su autonomía progresiva para desarrollarse integralmente y creciendo en un entorno familiar, educativo, comunitario y social libres de violencias, de carencias y respetuoso de sus identidades.

Desde marzo de 2022 contamos con la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, que crea un sistema de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social, de los niños, niñas y adolescentes, aprobada bajo la vigencia de la actual Constitución. De aprobarse la propuesta del 4 de julio, dentro del plazo de 18 meses desde la eventual entrada en vigor de una nueva Constitución, el Presidente de la República deberá presentar un proyecto modificando la citada ley, para incorporar en ella mecanismos de prevención, prohibición y sanción de la violencia contra la niñez, como punto principal.

En un país miembro de la OCDE y que desde el año 1990 es parte de la Convención de Derechos del Niño, la realidad de la infancia debería ser un tema de prioridad y compromiso en toda agenda, sea pública o privada, y cualquiera sea el resultado del 4 de septiembre. Este compromiso sería el mejor regalo del país en este "día del niño".

Ya lo dijo nuestra Premio Nobel Gabriela Mistral: el futuro de los niños siempre es hoy. Mañana será tarde.