Debate sobre estado de emergencia y reencuentro
En medio del descrédito que suele primar respecto de la actividad política -que golpea con especial fuerza al Congreso Nacional- hay señales que a veces son poco reconocidas, pero que dan cuenta de la voluntad que al menos un grupo de diputados y senadores tiene de contribuir genuinamente a la búsqueda de puntos de encuentro para avanzar de manera real en la solución de problemáticas complejas, con miradas que se alejen de los estereotipos o el populismo.
Algo de eso se observó en la discusión de la propuesta del Gobierno de extender por 15 días la declaración del estado de excepción constitucional de emergencia para las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío y las provincias de Cautín y Malleco en la Región de La Araucanía.
Durante el largo debate parlamentario que antecedió a la votación realizada en ambas cámaras del Parlamento el martes último, fue posible registrar una mayoría de visiones polarizadas -que poco aportan desde el punto de vista de la construcción de acuerdos- las que se caracterizan por el tono categórico, la caricaturización de las posiciones contrarias y la simplificación que lleva a visiones maniqueas donde pareciera que las cosas son "blanco o negro". Se trata de una expresión clara del peligroso pensamiento binario, que se empecina en reducir las realidades a tan solo dos ecuaciones posibles, negando la complejidad y secuestrando la riqueza de las opciones y alternativas.
Pero en la oportunidad también se expresaron visiones mucho más templadas, que intentaron ponderar con mucha más profundidad los argumentos del Ejecutivo para solicitar la extensión de la medida de excepción constitucional, con el foco puesto en lo que viven diariamente las personas que habitan los citados territorios.
En primer tiempo, se debe reconocer a quienes explicitaron algo que es fundamental. Y esto es la necesidad de retomar la seguridad y orden público en beneficio de las familias que sufren las consecuencias del conflicto, especialmente en zonas como Arauco, sin perder de vista que es necesario también avanzar de forma decidida en las acciones que contribuyan a una solución en el mediano y largo plazo a los problemas de fondo que se asocian al denominado "conflicto mapuche", con aquellos que sí estén dispuestos al diálogo.
Fue durante el debate que la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), anunció que desde la Cámara Alta presentarán una indicación en la Ley de presupuestos 2022 con el fin de "constituir una Comisión de Reencuentro en la que podamos no solo realizar la evaluación del estado de excepción sino también de lo que se ha hecho en este y otros gobiernos. Insto al Ejecutivo a perseverar en el diálogo con o sin estado de excepción. Como segunda autoridad de la República me ofrezco para mediar y fortalecer una solución de diálogo en el conflicto...se trata de hacer las cosas en forma distinta. Pido al Presidente de la República que dé respuesta favorable a la solicitud que haremos junto al senador Lagos para que se constituyan los fondos y dicha comisión".
Aquel llamado fue posteriormente acogido por los gobernadores regionales de La Araucanía y Biobío, quienes expresaron su disposición a participar en una instancia de esa naturaleza que logre efectivamente convocar al reencuentro y la reapertura de canales de diálogo.
Junto con ello, es importante valorar la argumentación de aquellos que han recorrido las zonas más afectadas por la violencia y han recogido el testimonio de quienes allí habitan. Así ocurrió en el caso de José Pérez (PR), quien expresó durante el debate parlamentario: "Estuve visitando a un amigo en Cañete, de muy avanzada edad, y me dice: 'Me robaron dos tractores y mi camioneta'. Pasé después a visitar a Carabineros y me señalan: 'Sí, aquí tenemos una buena dotación, pero no tenemos ningún vehículo'. Mira qué importante, en Cañete. Al oriente de Los Ángeles, tenemos el retén El Álamo, 15 carabineros y ningún vehículo. Entonces, de esa manera no pueden recorrer la zona ni asistir a una situación compleja", sostuvo.
Es un hecho que la mantención del estado de excepción constitucional es una medida necesaria para enfrentar situaciones inmediatas, como la falta de medios logísticos por parte de las instituciones policiales para hacer frente a una escalada violenta que afectaba duramente a la macrozona, con atentados incendiarios y baleos en las rutas como ejemplos más representativos. Pero también es claro que esta medida no resolverá por sí sola los problemas que se asocian, en lo inmediato, a la violencia y el quebrantamiento de la paz social.
Y es que no se puede desconocer que en el origen de estos fenómenos está también a la postergación, pobreza y falta de oportunidades, que hacen que algunos jóvenes se vean seducidos por proyectos cuyos líderes, mañosamente, se aprovechan de esas condiciones para sumar adherentes a determinadas causas que consideran "justas" pese a que la violencia sea un medio utilizado en la búsqueda del cumplimiento de sus fines.
Por eso es tan importante que se insista en la necesidad de condenar la violencia -venga de donde venga y sin matices ni contextualizaciones- pero también en avanzar con mirada de Estado en un reencuentro necesario si la aspiración es retomar las esperanzas en que haya una posible solución a un conflicto que, lejos de disminuir, parece seguir creciendo sin control.
Durante la discusión parlamentaria se expresaron visiones polarizadas, pero también otras más templadas, que intentaron ponderar con mucha más profundidad los argumentos del Ejecutivo para solicitar la extensión de la medida de excepción constitucional, con el foco puesto en lo que viven diariamente las personas que habitan los territorios afectados. A ello se sumó la intención de crear una instancia de reencuentro que aborde el conflicto.