Por Redacción

Tras un segundo día consecutivo sin que pudiera sesionar la Convención Constitucional, este martes el abogado y vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, fue tajante: "Tenemos toda la disposición para que las cosas funcionen e iniciarla mañana (hoy), pero si las condiciones tecnológicas y sanitarias no están, vamos a sesionar en la Universidad de Chile".

Durante toda la jornada el representante participó, junto a la presidenta Elisa Loncon, en reuniones tendientes a superar el bochorno del lunes, cuando la primera cita de trabajo -luego de la instalación del domingo- no se pudo llevar a cabo debido a que no estaban las condiciones para hacerlo: no había internet, sistema de comunicaciones ni implementos sanitarios, entre otros.

Uno de los encuentros de ayer fue, precisamente, con el rector de la Casa de Bello, Ennio Vivaldi, y el Consejo de Rectores, quienes pusieron a disposición -tal como anticipó en Twitter- las dependencias de esta y otras universidades para que allí sesionaran los 155 convencionales, de ser necesario.

La oferta, además de agradecida, fue tomada por la mesa directiva, además como una forma de presionar a La Moneda. "Aquí hay un poder del Estado que está tratando de instalarse, hay una manifestación del poder constituyente que está tratando de empezar a trabajar con normalidad y se ha encontrado con obstáculos (…) No vamos a permitir que, por errores técnicos y administrativos, la Constituyente no pueda iniciar su trabajo", agregó el abogado.

Con todo, desde La Moneda, bien entrada la tarde, aseguraron que la Convención sesionará en el ex Congreso, como siempre estuvo previsto: "A nombre del Gobierno queremos anunciar que todas las cosas que estaban pendientes fueron dadas buenas por la mesa de la Convención", señaló el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, dando por superado el impasse.

GOBIERNO: TODO EN REGLA

Mientras ocurría la cita con los rectores, a primera hora el Gobierno, a través del propio subsecretario Pavez, aceleraba los preparativos para el rearranque de la Convención. De hecho, la autoridad -en un improvisado recorrido por el ex Congreso, en que incluso "probó" los micrófonos- hizo "un llamado a la comprensión, a no ponernos ansiosos, esto va a funcionar bien".

El subsecretario admitió que "la responsabilidad del Gobierno es una fundamental, dar todas las garantías que lamentablemente ayer no estuvieron para que la Convención funcione", aunque le bajó el perfil a la problemática suscitada, atribuyéndola a "una causal de fuerza mayor, hubo un problema con el proveedor", asegurando que ayer -esta vez sí- todo "está en regla".

En la revista del subsecretario sorprendió la ausencia del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, el principal encargado político de echar a andar la Convención y a quien varios constituyentes -entre ellos del PS y Apruebo Dignidad- le pidieron la renuncia.

Algunos medios, entre ellos La Tercera, señalaron que el Presidente Sebastián Piñera le pidió a Ossa resolver a la brevedad los inconvenientes y dejar todo resuelto para que el órgano redactor constitucional reinicie hoy su labor.

La molestia del mandatario sería, en especial, con el secretario ejecutivo de la Convención y hombre de confianza del ministro Segpres, Francisco Encina, quien ayer puso su cargo a disposición (ver recuadro).

El ministro de Interior, Rodrigo Delgado, pidió no cuestionar al Ejecutivo. "Uno puede entender que efectivamente puede haber algunos temas técnicos como se plantearon en esta última hora, pero no por eso se va a cuestionar el rol del Gobierno en este proceso tan importante", dijo, mencionando el acuerdo constitucional, el plebiscito y la jornada del domingo, como parte del compromiso que La Moneda habría tenido.

AYUDA DE LA CÁMARA

Mientras se intentaban resolver los problemas, la presidenta Elisa Loncon pidió ayuda a la Cámara de Diputados en la implementación de la Convención, a través de la provisión de personal profesional y administrativo, "para coadyuvar en las tareas que lleven adelante el pleno de la Convención, las comisiones que se formen en su seno y otras que surjan desde la Mesa, con el propósito de cumplir debidamente y a tiempo el encargo formulado por la ciudadanía de elaborar una propuesta de nueva Constitución para Chile".

En una carta de la mesa directiva, solicitan también al Parlamento apoyo en temas tecnológicos y de sistemas que faciliten el trabajo de los representantes. Según reportó Biobío, fuentes de la Cámara de Diputados señalaron la plena disponibilidad de la Corporación en facilitar los apoyos requeridos desde el órgano.

Desde la Cámara se ha seguido con atención lo ocurrido el lunes. Al anuncio de acusaciones desde el PC y el PS (ver recuadro), ayer la bancada de la Democracia Cristiana (DC) ingresó un requerimiento ante la Contraloría para que investigue "eventuales irregularidades" en el contrato de la productora de la Convención, cercana a autoridades UDI.

SECRETARIO EJECUTIVO FRANCISCO

ENCINA PUSO SU CARGO A DISPOSICIÓN

El cuestionado secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina, encargado de los preparativos para el funcionamiento de la instancia, puso su cargo a disposición, según señaló ayer CNN, la cual no ha sido aceptada por el Gobierno, por ahora enfocado en resolver los problemas técnicos suscitados este lunes y martes que valieron la solicitud de renuncia a Encina y al ministro de Segpres, Juan José Ossa, por parte de algunos conglomerados de constituyenyes. En paralelo, un grupo de diputados del PC y el PS anunció que evalúan presentar una acusación constitucional contra el mencionado secretario de Estado y el Presidente Piñera, dada la imposibilidad de sesionar que tuvo el órgano durante estos días.

GALLI DESESTIMA IDEA DE AMNISTÍA

En línea con lo indicado por otras autoridades, ayer el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, negó que hubiera presos políticos en Chile, desestimando así la solicitud de la mesa directiva de la Convención de discutir una amnistía para detenidos en el marco del estallido social. "No pueden quedar impunes quienes cometan acciones violentas, porque esas acciones violentas se salen del pacto social. Y quienes se salen del pacto social a través de la violencia no son y no serán presos políticos", dijo.

2 días sin actividad completó ayer la Convención Constitucional, a raíz de problemas técnicos.

La Agencia de Calidad de la Educación, en coordinación con el Ministerio de Educación (Mineduc), decidió suspender la prueba Simce 2021, de forma "excepcional", programando en su lugar una nueva Evaluación Diagnóstica Integral (DIA).

Así lo informó la entidad, que se encarga de aplicar la evaluación estandarizada de la educación, mediante un comunicado en el cual justificó su decisión en que la prueba requiere "cumplir estándares de validez, confiabilidad y comparabilidad, y para que sus resultados sean útiles al sistema educacional, condiciones de aplicación estandarizadas, esto es, que todos los estudiantes puedan realizar la prueba en las mismas circunstancias", situación que en la actualidad es complejo de asegurar.

El organismo agregó que "una prueba de naturaleza censal requiere niveles de participación muy altos para que los resultados sean representativos de cada establecimiento y del sistema escolar".

La Agencia concluyó que "el Simce en este contexto no es la herramienta técnicamente más adecuada para un momento en que toda la fuerza del sistema escolar debe centrarse en retomar la presencialidad y la recuperación de los aprendizajes", situación que, no obstante, podría cambiar hoy en el marco del anuncio del nuevo Plan Paso a Paso que, según adelantó el fin de semana el ministro de Educación, Raúl Figueroa, podría contemplar avanzar a la modalidad presencial.

En lugar del Simce, que esperan retomar desde 2022, la Agencia de Calidad de la Educación habilitará las evaluaciones DIA entre segundo básico y segundo medio en Lectura y Matemática.