Por Karlyng Silva Leal

Por quinta vez en el año se registró un acto violento contra funcionarios de Carabineros en la Provincia de Arauco. En este último caso el afectado fue un funcionario de la Cuarta Comisaría de Cañete mientras se encontraba en su casa en la localidad de Quidico, comuna de Tirúa. Al respecto, el presidente del Comité de Seguridad del sector, Fernando Fuentealba, sostuvo que la situación es crítica y que a la comunidad se le ha coartado la libertad de trabajo, tránsito y el derecho a la seguridad.

El comandante Patricio Gómez, comisario de la Tercera Comisaría de Cañete, explicó que durante la madrugada de ayer, "uno de nuestros carabineros de dotación de la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público (COP) Los Álamos, resultó atacado por un grupo de encapuchados, quienes efectuaron una gran cantidad de disparos al inmueble para, posteriormente, quemar uno de los vehículos pertenecientes a la familia".

Los hechos tuvieron lugar en el sector La Puntilla, al sur de la localidad de Quidico en la comuna de Tirúa, pasadas las 2 horas de la mañana y, según detalló el comandante Gómez, ninguno de los integrantes de la familia del uniformado resultó con lesiones producto de los disparos.

Al respecto, el gobernador de la Provincia de Arauco, Óscar Muñoz, informó que desconocidos llegaron al hogar del uniformado perpetrando disparos, por lo que los integrantes de la familia del funcionario policial debieron buscar refugio donde pudieron. El cabo logró realizar un llamado a sus colegas para dar cuenta de lo que estaba sucediendo, pero mientras los efectivos se trasladaban al lugar, los sujetos, que estaban encapuchados, incendiaron el vehículo particular de la familia.

SITUACIÓN PERMANENTE

Durante los últimos cuatro días han ocurrido distintos hechos de gravedad en el cono sur de la provincia y al respecto, Fernando Fuentealba, presidente del Comité de Seguridad de Quidico, aseguró que en la localidad la violencia nunca se ha detenido. "No es que aquí ocurran cosas de repente, hay muchas cosas que se quedan acá, la cantidad de robo de vehículos, ataques armados, quemas y disparos en las noches son algo permanente", sostuvo.

Fuentealba comentó con pesar que la comunidad ha normalizado los diversos acontecimientos que tienen lugar en Quidico, lo cual no quita que las personas se sientan vulneradas, desesperanzadas y con una gran impotencia por tener que vivir en la zona. "Estos tipos andan con un nivel de impunidad tremendo, saben que nadie les va a hacer nada, incluso robaron (ayer) unas camionetas a punta de armamento en el límite entre Contulmo y Purén", aseguró.

El dirigente añadió que como ciudadanía lo normal es depositar el resguardo y la seguridad de la comunidad en Carabineros y las Fuerzas Armadas, pero que ante la falta de ello en Quidico sus habitantes han decidido crear colectivos para organizarse e intentar reaccionar y protegerse de los ataques de diferente índole que se dan en la zona. "Acá está en riesgo tu vida, porque cosas como un auto uno puede recuperarlas quizás, pero cuando atacan tu casa, a tu familia, no hay forma de recuperar una pérdida así", expresó.

CARABINEROS

El gobernador de Arauco recordó que no es el primer evento de estas características contra Carabineros, ya que el retén de Quidico ha sido atacado tres veces durante este año. Además a fines de marzo un cabo fue atacado por desconocidos en la ruta P-72-S, que une Cañete con Tirúa, mientras se dirigía a su hogar. Por otra parte, en abril también se registró el incendio de una vivienda en el sector Colcuma de Tirúa, en el cual no se encontraron indicios de un ataque.

"Carabineros termina generando una labor esencial para nuestra democracia, para la seguridad de nuestros ciudadanos. Cuando tenemos un problema siempre llamamos a Carabineros y por lo mismo debemos cuidar al personal de esta institución por la función que realiza, desde el gobierno y la gobernación condenamos enfáticamente este tipo de hechos", sostuvo Muñoz.

Además, la autoridad provincial indicó que durante la jornada de ayer el fiscal de turno instruyó que Labocar acudiera al sector de Quidico para realizar las diligencias de rigor destinadas a identificar el tipo de arma utilizada a través de las pericias balísticas entre otras. "De esta forma poner todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía y la justicia para poder dar con los responsables de este cobarde ataque al carabinero que se encontraba en descanso", agregó.

4 días suma la escalada que se registra en la Provincia de Arauco, con ataques en distintas comunas del cono sur.

Con su publicación en el Diario Oficial, ayer entró en vigencia la modificación número 15 del Plan Regulador Comunal de Concepción que, entre otros puntos, establece límites máximos de altura a las nuevas edificaciones en las zonas donde hasta ahora ésta era libre.

Esta modificación fue trabajada desde noviembre de 2018, iniciando un proceso de análisis y propuesta ampliamente participativo, con talleres barriales destinados a realizar un diagnóstico y la priorización de problemas urbanos. Luego se realizaron jornadas de trabajo incluyendo a la academia, gremios y técnicos del área, para elaborar una propuesta de modificación del Plan Regulador Comunal, a lo que siguió la exposición pública para recepción de observaciones y en enero del año pasado la propuesta fue sometida a una consulta ciudadana.

Para finalizar el procedimiento legal correspondiente, fue enviada para su revisión a la Seremi de Vivienda y luego de cumplir ese paso, se publicó en el Diario Oficial. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, agradeció a todas las personas e instituciones que participaron a lo largo de este proceso y al equipo municipal que se dedicó a este tema, encabezado por la arquitecta de Asesoría Urbana, Karin Rudiger.

"Fue un trabajo ante todo participativo y, en segundo lugar, viene a regular la construcción en altura, zonificando la comuna de Concepción para construcciones que permitan garantizar el derecho al sol, el desarrollo armónico y el respeto al patrimonio histórico, cultural y natural", señaló. Destacó además que "esto se logró tras un debate abierto con legítimas diferencias en la visión de ciudad, siempre pensando en los parámetros de la ciudad que queremos heredar a las futuras generaciones".

En una visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, la ministra Yolanda Méndez Mardones sometió a proceso al exagente de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI), Enrique Sandoval Arancibia, por su responsabilidad en el delito de aplicación de tormentos a una mujer detenida en Penco en 1981, por lo que será notificado de la resolución en el CCP de Punta Peuco.

En la actual etapa procesal, la ministra reunió antecedentes con los cuales se ha podido acreditar que agentes de la Brigada Azul de la CNI en abril de 1981 se trasladaron hasta Concepción con el propósito de desarrollar un operativo simultáneo que terminó con 25 detenidos, entre ellos Arinda del Carmen Ojeda Aravena, quien fue detenida el 16 de abril de dicho año en Penco.

Además, esta misión tuvo participación de Enrique Sandoval Arancibia y José Aravena Ruiz, quienes utilizaron otras identidades para desarrollar esos actos en la Región del Biobío.

Asimismo, que la persona a cargo de las agrupaciones en la ciudad penquista de la época era el comandante Jorge Mandiola Arredondo.

También se determinó que la víctima fue detenida cerca de las 10 horas en la vía pública por un grupo de agentes de la CNI. Allí la sometieron a golpes y amenazas y realizaron un simulacro de fusilamiento antes de llevarla al fuerte El Morro en Talcahuano.

Las diligencias permitieron demostrar que en este último lugar la sometieron a sesiones de tortura. Luego, el 18 de abril la trasladaron a Santiago en avioneta sin que ella se percatara, la llevaron al Cuartel Borgoño donde permaneció 18 días donde la sometieron a violentos interrogatorios que le provocaron secuelas físicas y diversos vejámenes

Tras ser obligada a firmar documentos que no pudo revisar, el 5 de mayo de 1981 la presentaron ante la Fiscalía Militar de Santiago, donde la Justicia Militar la procesa y la condena por delitos como infracción a la Ley sobre Control de Armas e ingreso ilegal al país. La mujer recuperó su libertad el 21 de agosto de 1989 al ser indultada, tras permanecer más de 8 años en prisión.