Conmemoración de Día de las Regiones
Fue en Temuco, el año 2008, cuando luego del Encuentro Nacional de la entonces Red Sinergia Regional de las Universidades Regionales del Consejo de Rectores, que se propuso instituir el 31 de marzo como el Día de las Regiones. Así, luego de realizarse las gestiones pertinentes con el mundo político, al año siguiente se efectuó la primera conmemoración, durante el primer mandato de la exPresidenta Michelle Bachelet. De esta forma, durante los 12 años siguientes en esta fecha se recuerda especialmente las demandas por un proceso más acelerado de descentralización del poder en el país.
Este año, las complejas circunstancias sanitarias que afectan a todo el territorio nacional debido al recrudecimiento de la pandemia originada por el covid-19 hicieron que la fecha pasara especialmente desapercibida. Sin embargo, aquello no impide la necesidad de reconocer oportunidades y amenazas del proceso que busca hacer de las regiones espacios con mayores niveles de desarrollo, más autónomos y conectados con las demandas locales.
Profundizar en este aspecto es por estos días especialmente importante, considerando que se está ad portas de la elección de los integrantes de la Convención Constitucional, quienes tendrán la misión de redactar, en un plazo máximo de un año (nueve meses, en principio, prorrogables en tres), una nueva Carta Magna para el país.
Y tal como lo señaló en una reciente entrevista con EL SUR el académico y experto en descentralización Egon Montecinos, la pelea real en torno al poder de las regiones va a estar en la discusión constitucional. De allí que resulte tan importante considerar la visión y postura que los miembros de la Convención Constitucional elegidos en los territorios regionales tengan del proceso descentralizador y de la configuración del Estado.
En el caso del investigador de la Universidad Austral de Chile, se mostró partidario de declarar al país como un "Estado unitario regional descentralizado", ya que -a su juicio- eso permitiría reconocer desde la perspectiva constitucional "que hay diversidad y heterogeneidad territorial y que requiere de políticas que reconozcan aquello".
Otro proceso importante, también en curso, que marca un hito muy significativo para las regiones es la próxima elección de los gobernadores regionales.
Y si bien las atribuciones con que estas nuevas autoridades iniciarán sus labores han sido objeto de crítica -especialmente por la figura del delegado presidencial, con la cual compartirá el mando de la región- lo que está claro es que la figura del gobernador regional será clave en la alineación de la estrategia que se trace cada zona en materia de desarrollo, con las prioridades que se soliciten establecer con miras a que la inversión pública sea coherente con esos principios específicos establecidos en cada territorio.
Con todo, es muy importante advertir que para que haya una real conciencia del significado de este proceso, no basta con concentrarse en las potenciales oportunidades, sino también abordar las amenazas. Y es que el éxito de la descentralización no pasa sólo por transferir recursos fiscales a los niveles regionales, ni solamente por la elección directa de sus autoridades (democratización) y menos aún por la transferencia de responsabilidades a los niveles subnacionales sin que éstos cuenten con recursos económicos y humanos competentes para su implementación, ya que -desde una perspectiva más integral- se debe ver la descentralización como un proceso que depende de múltiples factores políticos, socioculturales y económicos, los cuales no se manifiestan de manera aislada, sino que actúan conjuntamente.
Así, un tema que siempre debería ir de la mano en esta discusión es el de las denominadas "capacidades subnacionales" para fomentar un proceso de efectiva descentralización, pues ante realidades territoriales diversas -por ejemplo con dispares niveles de calidad de la política local o de la organización de la sociedad civil- claramente los avances que uno y otro territorio obtendrán serán muy disímiles.
En otras palabras, se trata de despojar al proceso de una visión puramente "buenista", que asegura que el solo hecho de que las decisiones se tomen localmente eso conllevará un mayor desarrollo regional. Aquello, si bien es posible y deseable, choca con las realidades -incómodas, por cierto- de procesos de descentralización mal hechos en otras latitudes, que han terminado con mayores niveles de corrupción y malgasto del dinero público.
Un caso cercano es el de Perú, donde un estudio de la Procuraduría para Casos de Corrupción señala que 67 gobernadores y exgobernadores regionales han sido sujetos de investigación por delitos de corrupción desde que se implementó un fuerte traspaso de competencias y recursos a las regiones, el año 2002. Prácticamente todos los gobiernos regionales han estado comprometidos con denuncias y procesos de investigación, lo cual ha causado un profundo daño al proceso de descentralización y ha dañado la eficacia en la gestión de los gobiernos regionales. La desconfianza generalizada, las obras paralizadas y el perjuicio económico han sido las consecuencias de los altos niveles de la corrupción.
Es cierto que la descentralización es un objetivo deseado, pero no puede perderse de vista de que se trata sólo de un medio para alcanzar lo verdaderamente importante: mayores niveles de desarrollo para las regiones del país, lo que se consigue -efectivamente- con nuevas atribuciones, pero también con una gran responsabilidad de quienes están llamados a hacerse cargo de esas crecientes cuotas de poder.
Las complejas circunstancias sanitarias hicieron que este año esta fecha -31 de marzo- pasara especialmente desapercibida. Sin embargo, aquello no impide la necesidad de reconocer oportunidades y amenazas del proceso de descentralización, especialmente ante la cercanía de la redacción de una nueva Constitución y la elección de gobernadores regionales.