Por Redacción

A cinco millones de personas se espera llegar a vacunar contra el coronavirus a fines de marzo en el país, confirmaron ayer las autoridades gubernamentales, en medio del inicio de la vacunación masiva con el componente CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac.

Esta primera etapa proseguirá la semana que viene para cubrir a los adultos mayores de 71 a 84 años, divididos en cinco grupos entre el lunes 8 y el viernes 12. En ese mismo período se inoculará a trabajadores esenciales con atención directa a la ciudadanía y a personal de farmacias y laboratorios, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad desplegado en el plan de acción por la pandemia, y a quienes cumplen funciones críticas del Estado. El presidente Sebastián Piñera estará entre quienes se vacunarán la próxima semana, según él mismo confirmó.

"Queremos pedirles que respeten el calendario de vacunación y dar la confianza de que todos podrán ser vacunados. Chile aseguró una cantidad de vacunas tal para que ello sea así", sostuvo el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, en uno de los primeros balances de la jornada.

15 MILLONES

Tras lograr vacunar a casi dos millones de personas al cabo de la segunda semana de este mes, se sumará a la población con enfermedades de riesgo y a otros grupos para completar los cinco millones fijados como meta para marzo.

El plan completo espera llegar a alrededor de 15 millones de habitantes a mediados de año. "Nunca antes Chile había enfrentado un desafío como este. Lo que más habíamos logrado vacunar era a ocho millones de personas, ahora nos hemos propuesto duplicar prácticamente esta meta", destacó ayer el presidente Piñera, en Futrono.

Una vez inoculado el grupo de riesgo, le tocará el turno a "la mayor parte de la población objetivo, es decir, todas las personas mayores de 18 años", explicó el gobernante desde dicha comuna de la Región de Los Ríos.

Ayer, además, el ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que las mujeres lactantes sí se podrán vacunar. Inicialmente la cartera había dicho que la vacuna para mujeres embarazadas y lactantes no estaba recomendada.

"Yo consulté ayer (martes) con el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Minsal y a algunos expertos, y en las mujeres lactantes no hay ningún problema para vacunar", aseguró el jefe sanitario. "Ellas no están en esta primera etapa de inoculación. Vamos a avanzar sobre ese tema", agregó el médico.

Sobre las embarazadas, Paris afirmó que van a "estudiar la literatura de otros países, pero por el momento no se pueden vacunar".

Chile tiene comprometidas 10 millones de vacunas de Pfizer-BioNTech y 13 millones de Sinovac; el resto son de AstraZeneca, Johnson & Johnson y la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna.

El ministro Paris indicó a radio Biobío que el 20 y el 24 de febrero, y el 2 de marzo llegarán casi nuevo millones de dosis más de Sinovac, en tres cargamentos, lo que aumenta en 3 millones lo inicialmente considerado con la compañía farmacéutica china. Añadió que a mediados de este mes Pfizer retomará la entrega de dosis con 400 mil dosis.

INFLUENZA: PLAN SIMULTÁNEO DESDE MARZO

"Tenemos un tremendo desafío: vacunar a cinco millones de personas de aquí al 30 de marzo, y a mediados de marzo comienza también el plan de vacunación contra la influenza", dijo la subsecretaria Paula Daza. Entre adultos mayores, enfermos crónicos y niños, el Minsal proyecta inocular contra la influenza a ocho millones de personas. "Es un desafío mayor, porque vamos a tener que estar vacunando simultáneamente", dijo Daza, aunque "son vacunas que tienen que tener distancia una de otra de al menos tres semanas" en una persona.

BELLOLIO Y AVIFAVIR

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aludió a la importación del fármaco ruso Avifavir que hizo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y a la autorización para estudio clínico que le dio el ISP. Bellolio dijo esperar "que nadie pretenda usar políticamente para una campaña presidencial los medicamentos, sobre todo cuando esto tiene un efecto que puede ser nocivo".

La supuesta importación ilegal de aparatos de radio portátiles es el argumento al que se aferra la junta militar birmana, responsable del golpe de Estado del lunes en Myannmar, para mantener en prisión a la depuesta líder de facto Aung San Suu Kyi .

El Ejército presentó cargos por este supuesto ilícito luego de encontrar los equipos durante un allanamiento a la vivienda de Suu Kyi, quien deberá permanecer al menos hasta el 15 de febrero tras las rejas, arriesgando además una pena de hasta tres años en caso de comprobarse el delito.

Tras el golpe, la consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz fue arrestada junto a parte de su gobierno y confinada en la residencia oficial de Naipyidó.

Además, las fuerzas golpistas presentaron cargos contra el también depuesto presidente, U Win Myint, a quien se le acusa de quebrantar la ley de gestión de desastres naturales, entre los que se incluye la pandemia. Esto, por haber movilizado en un viaje en plena campaña electoral 220 vehículos, vulnerando las restricciones sanitarias que prohíben la reunión de más de 30 personas.

Myint, de 69 años, ejercía como presidente desde 2018, sin embargo la líder de facto en Birmania era Suu Kyi, nombrada como consejera de Estado para sortear el artículo de la Constitución que veta la presidencia a quienes tengan parientes inmediatos extranjeros, lo que es su caso.

LIBERAN A DETENIDOS

Mientras el Ejército empieza a clausurar las sedes de la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido gobernante hasta el lunes pasado, paulatinamente ha ido liberando a miembros del gobierno y líderes regionales.

Este miércoles la junta militar ordenó a 350 parlamentarios del LND que abandonaran las residencias gubernamentales en las que los tenía retenidos bajo custodia policial.

Los legisladores, que tenían previsto jurar el lunes sus cargos tras las elecciones de noviembre, que el Ejército considera viciadas, tienen desde ayer permiso para volver a sus casas, pero por razones que hasta ayer no habían explicado, rechazan ahora marcharse hasta el próximo sábado.

PROTESTAS

El golpe militar ha generado en el país un incipiente movimiento de desobediencia civil y este miércoles el personal sanitario de más de 70 hospitales y centros médicos de la exBirmania se sumó a una convocatoria de protesta. En más de 30 ciudades los profesionales exhibieron lazos rojos en una de las primeras movilizaciones tras la asonada militar del lunes.

La manifestación se suma al masivo cacerolazo del martes en la ciudad de Rangún, en rechazo al levantamiento de los militares.

El ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga respondió a la publicación de un informe de Contraloría que revela un presunto desorden, cuando ejercía el cargo, en la gestión de las residencias sanitarias, en la estrategia ante el covid-19.

El diario electrónico El Mostrador reveló ayer que la Contraloría emitió un oficio en el que cuestiona el eventual desorden administrativo que habría significado la gestión de Zúñiga. El organismo de control detectó que no hubo una estrategia formal para llevar adelante la implementación de las residencias sanitarias.

El texto indica que no fue posible identificar la razón que fundamentó la asignación de dicha tarea a la División de Atención Primaria (Divap, perteneciente a esa subsecretaría), pese a que se consultó a diversas jefaturas. Otro aspecto detectado es que la subsecretaría no dio lineamientos generales a los servicios de salud locales para verificar, por ejemplo, la idoneidad técnica y sanitaria de las alternativas de hoteles seleccionadas para su funcionamiento como residencias sanitarias y corroborar la prestación de los servicios pactados.

"Hay temor porque puedo ser elegido", dijo Zúñiga al diario "La Segunda" al ser consultado por el reporte, aludiendo a su candidatura a la Convención Constitucional. "Yo, al leer el informe de Contraloría, no veo que haya habido una responsabilidad", agregó. "Las medidas de control funcionaron. Apenas supimos los conflictos de interés de un funcionario, inmediatamente tomamos las medidas correspondientes: instruimos sumario, denunciamos en la Fiscalía, terminamos su contrato laboral y dimos orden de no pago. Además, instruimos una auditoría en los contratos de residencias sanitarias de todo el país para evitar que esas situaciones se repitieran", comentó en Twitter, aludiendo con esto último a la contratación de un hotel que tiene como socia a la pareja de Orlando Durán, exjefe de la Divap.