Propuesta de descentralización fiscal
Con 19 páginas, el 30 de septiembre recién pasado fue ingresado al Senado el proyecto de ley que "fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica". Se trata, sin duda, de una normativa esperada desde las regiones y que en principio se esperaba que correspondiera a una "ley de rentas regionales", aunque -por su contenido- no alcance para ser definida de esa forma.
En relación a esta iniciativa, se deben hacer dos consideraciones iniciales. Primero, que se enmarca dentro del concepto de descentralización fiscal, mediante la cual se busca traspasar poder, funciones o responsabilidades desde el gobierno central a los niveles subnacionales, en este caso en particular, vinculadas al ingreso y gasto público.
La segunda consideración es que el proyecto de ley complementa el proceso de democratización de la elección de la autoridad regional, que se realizará por primera vez en abril del año próximo. Así lo planteó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al dar a conocer el envío del proyecto de ley al Congreso durante su participación en el Encuentro Regional de Empresas, Erede 2020, donde a la vez reconoció que "Chile ha sido lento en dar más peso y potencia a sus regiones. Lamentablemente todo sigue muy Santiago-céntrico y creo que existe un talento impresionante en todas las regiones de nuestro país".
Entre las novedades que incluye el texto ingresado para su discusión en el Parlamento resaltan varios puntos que dan cuenta de la forma en que suele asumirse el proceso de descentralización en el país.
La propuesta define que será el gobernador regional quien elabore cada año el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI). Se trata de una medida positiva, en consideración a que este es el principal instrumento de planificación regional, y representa una estimación de la inversión y de las actividades que el gobierno regional, los ministerios y servicios públicos efectúan en cada territorio.
Destacan dos aspectos en torno a esta atribución. La primera es que su elaboración deberá fundarse en los objetivos estratégicos del gobierno regional y de los servicios que operen en la región, así como los planes de desarrollo comunales vigentes. La segunda, es que el proyecto de presupuesto de inversión del gobierno regional deberá contener una programación financiera de todos los ingresos y gastos para los tres años subsiguientes. Indudablemente, un avance en poner la mirada no solo en el corto, sino también -al menos- en el mediano plazo. Ahora todo esto implica una gran responsabilidad que tendrá la autoridad elegida y su equipo, al concentrar de manera explícita una labor clave para la planificación de la inversión sectorial en cada uno de los territorios.
Junto con ello, se otorga cierto grado de flexibilidad para hacer ajustes en las inversiones: "La posibilidad de realizar modificaciones en su presupuesto respecto a iniciativas de inversión que han sido previamente identificadas". Eso sí, para que esto se concrete los gobiernos regionales deberán enviar a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) la solicitud de modificación de su presupuesto. Este último, en especial, es fiel reflejo de la idea de transferencia "controlada" de poder que suele primar en el proceso de descentralización nacional.
La iniciativa también propone ajustes al actual Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Se aumenta de 90% a 95% su distribución de acuerdo con las variables que establece la ley. Además, los gobiernos regionales podrán contar con los fondos asignados que no se han invertido, si es que los tienen ya asignados a proyectos. El 5% restante, destinado originalmente al financiamiento de emergencias, pasará a integrar el Fondo de Apoyo a la Contingencia Regional, que es una de las dos nuevas fuentes de recursos que se crearán. Está pensado para financiar gastos asociados con emergencias, principalmente.
Además se genera un fondo de equidad regional, para financiar iniciativas para disminuir brechas en el ámbito económico y de desarrollo. "Su distribución se determinará según diferencias de ingreso y de pobreza multidimensional, respecto del promedio nacional. Se establecerá un polinomio de distribución y un decreto anual determinará los porcentajes que correspondan a cada gobierno regional", se explica en el texto enviado al Senado.
También se establece que al menos un 40% de los recursos de este fondo se destinarán a ejecutar planes o proyectos en territorios rezagados y zonas extremas, según corresponda.
Es indudable que la iniciativa mantiene varios de los principios que rigen la forma en que se lleva adelante la descentralización en Chile, es decir, con un férreo foco en el control desde el centro. Pero no hay que olvidar una realidad que pocas veces se considera desde nuestras regiones y que merece particular atención si queremos tomar en serio la batuta del proceso de transferencia de poder. Y es que éste puede significar muchos beneficios, pero también algunos riesgos, asociados a elementos como la captura política, el clientelismo y los efectos redistributivos negativos.
Con todo, contar con las cartas sobre la mesa es un punto de partida necesario e importante para seguir avanzando en la tarea de dotar de un mayor poder de decisiones a las regiones.
Contar con las "cartas sobre la mesa" sobre un aspecto tan relevante como la descentralización fiscal es un punto de partida importante. Por eso, aunque perfectible, es positivo que se hayan podido conocer los detalles del proyecto de fortalecimiento de los gobiernos regionales, con miras a las elecciones de 2021.