Almondale Valle: acceso genera conflicto entre el dueño y administrador
Alrededor de las 8 de la mañana de ayer, Teobaldo Uribe, administrador provisional del Colegio Almondale Valle Noble, profesores y otros funcionarios llegaron al recinto ubicado en el Valle Nonguén en Concepción. Sin embargo, no pudieron ingresar porque la puerta de acceso se encontraba con cadenas y candado.
El contrato de arrendamiento del edificio, de propiedad de la inmobiliaria Santa Lucía, terminó el 29 de febrero. Al no existir un nuevo convenio, los dueños del inmueble donde funciona el colegio particular subvencionado decidieron tomar posesión de éste ya que no hay un nuevo contrato.
Uribe, nombrado por la Superintendencia de Educación para mantener el establecimiento que se declaró en quiebra funcionando, calificó esta acción como una medida para obstaculizar el trabajo que busca darle continuidad al servicio educativo del colegio, que está en pleno proceso de matrículas. Por eso tomó la decisión de cortar las cadenas para poder ingresar al recinto.
Para los propietarios del terreno y el edificio, nunca hubo mala fe y lo único que hicieron fue ejercer su derecho.
"Al no llegarse a ningún acuerdo, y no haberse cancelado la deuda que existía pendiente, es que se procedió a cerrar con cadenas", explicó el abogado Santiago Wilckens, del estudio Jurídico de Fernando Saenger que representa a la inmobiliaria.
Para el abogado del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Almondale Valle, Guillermo Rioseco, la acción ejecutada por la inmobiliaria se informó a la Corte de Apelaciones a través de un "téngase presente", en el marco del recurso de protección que interpusieron en enero y que ordenó el inicio de matriculas.
"De alguna manera se estaba impidiendo continuar con el proceso de matrícula e indirectamente incumpliendo el fallo de la Corte de Apelaciones", aseveró.
Contrato
El contrato de arrendamiento del terreno y el edificio donde está emplazado el Colegio Almondale Valle terminó el 29 de febrero pasado. Los propietarios, inmobiliaria Santa Lucía, informaron de este término del alquiler el 31 de julio de 2019 a los ex sostenedores, la Fundación Educacional Almondale.
Tras la declaración de quiebra por parte de esta organización, el 21 de febrero notificaron de la situación al administrador provisional, Teobaldo Uribe, quien fue nombrado en el cargo el 31 de enero.
Para tratar este tema, ayer se había programada una reunión donde se acordaría un nuevo contrato de arriendo. Producto de lo anterior, la cita fue suspendida para una fecha que se informará.
"Estaba dispuesto a asistir, pero si estos son los métodos, tendré que ver de nuevo y considerar cuándo voy a conversar", dijo el administrador provisional.
Para Uribe, no hubo ninguna acción ilegal al romper las cadenas e ingresar al recinto. Aseguró que tomó posesión del establecimiento a través de un acta que le entregaron los representantes la fundación y fue porque "aquí hay un bien superior, que son los niños y niñas que tiene que recibir su educación. Esta es una comunidad educativa que tiene que continuar. Eso es lo que ha dicho el Estado a través de la Superintendencia de Educación".
OBSTACULIZAR
Para el seremi de Educación, Fernando Peña, la medida adoptada por la inmobiliaria habla de la mala fe con las que están actuando la Fundación Educacional Almondale y los propietarios del edificio.
"A nosotros nos genera la sospecha de que quizás hay un ánimo de obstaculizar el servicio educativo y eso nos parece intolerable", sostuvo la autoridad regional de Educación.
Para ratificar esta hipótesis, la autoridad regional de Educación mencionó que esto ocurrió justo cuando el administrador provisional se iba a reunir con los abogados de la inmobiliaria para abordar el tema.
"Me parece muy extraño, que horas antes que se sostenga esa reunión, a la cual el administrador iba acudir de buena fe, se encuentra con una situación con el inmueble cerrado y con candado", enfatizó Peña.
ACCIONES
El abogado Santiago Wilckens indicó que hubo un plazo suficiente, tras la notificaciones, para que hubiera un acercamiento con los sostenedores para negociar un nuevo contrato de arriendo. Por ello tomaron la decisión de cerrar el recinto, lo que descartó como un acto de mala fe.
Para él, la decisión del administrador provisional de ingresar de todas formas "es un último argumento, una medida casi desesperada ante la pasividad y la negligencia del administrador".
Wilckens adelantó que están analizando algunas acciones legales: "Estamos planificando distintas acciones legales, como pueden ser un recurso de protección en este caso".