Por Felipe Cuevas Mora

En medio del complejo escenario financiero que ha expuesto el Gobierno Regional liderado por Sergio Giacaman desde inicios de este año, otra complicación es la que aparece en los equipos técnicos con miras a la planificación del ejercicio presupuestario 2025 donde ya han detallado que sólo hay disponibles $15 mil millones para libre uso a nivel de iniciativas de inversión.

Y es que a los compromisos ya adquiridos por la administración del exgobernador Rodrigo Díaz y la falta de dinero en las arcas locales, se suman aquellos adquiridos con los ministerios y que no pudieron ser cumplidos.

Estos responden a proyectos que forman parte de los convenios de programación suscritos entre el Gore Biobío y los ministerios que -ante la falta de presupuesto a nivel local- debieron complementar con recursos propios sectoriales para evitar que existieran retrasos: una revisión de los programas suscritos da cuenta que en promedio el aporte del Gore por cada proyecto fluctúa entre un 30% y un 35% del valor total.

La situación fue expuesta por el delegado presidencial regional Eduardo Pacheco, quien este lunes detalló que "algo que le solicité a los seremis es que se articulen directamente con el Gore para ver cada una de las iniciativas que se venían ejecutando, y que estaba el desafío que se concreten durante este año, en el sentido que se saquen adelante".

"Debemos lograr que no se pierda ningún beneficio social para los habitantes de la Región, y que proyectos que tienen inversiones millonarias sean vistos como una oportunidad", añadió, junto con apuntar que "si había gastos proyectados en proyectos emblemáticos hay que sacarlos adelante para beneficiar a la Región. En los casos de dificultad mayor evaluaremos como Delegación la gestión que podamos hacer como Gobierno".

Según indica la ley Nº21.074 de Fortalecimiento de la Regionalización, el "incumplimiento deberá ser fundado y deberá ser reprogramado por las partes".

Estado de deudas

Según antecedentes a los que pudo acceder este medio, una de las carteras a las que el Gore Biobío no pagó los dineros comprometidos es Vivienda y Urbanismo (Minvu), en base a un convenio de programación habitacional suscrito en 2023.

En concreto, el Gore Biobío debía traspasar 271 mil unidades de fomento -equivalentes hoy a $8.431 millones- al Minvu para la concreción de cinco proyectos habitacionales en el Gran Concepción, que beneficiarían a 1.096 familias de la intercomuna; entre ellos estaba el proyecto habitacional Talita Kum de Tomé que beneficia a 160 familias y fue entregado en enero por el propio Presidente Gabriel Boric en su visita a la Región.

La seremi Claudia Toledo explicó que "debíamos poner prioridad a proyectos que venían desde hace mucho dando vueltas, y no tenían solución por temas de financiamiento. Trabajamos un convenio de programación con el Gore para asegurar los recursos y pudieran ser calificados técnicamente, pero los recursos no llegaron e íntegramente fueron financiados por nosotros. Estábamos preocupados y no íbamos a dejar proyectos botados".

La situación se repite con el Ministerio de Obras Públicas, con quién el Gore suscribió un convenio de programación en dos partidas por $198 mil millones para ejecutar poco más de setenta iniciativas en un periodo de cinco años.

El seremi Hugo Cautivo manifestó que "el convenio de programación es uno de los más importantes a nivel país, tanto por la cuantía como por la diversidad de ámbitos que cubre. Involucra a varias de nuestras direcciones regionales con distintas programación en una visión de mediano y largo plazo, con un sentido de prioridad establecido desde la propia Región".

"Tuvimos una primera reunión de trabajo, establecimos darle continuidad a esta mesa para evaluar el estado de avance y también generar coordinaciones técnicas para darle proyección, considerando que se extiende por varios años más".

Gasto responsable

Consultado por este medio, el gobernador Sergio Giacaman descartó que existiese deuda con los ministerios, y dijo que tanto en los casos de Vivienda como de Obras Públicas "la decisión que tomaron habla bien de ellos, porque pudieron generar los suplementos para concretar esos proyectos".

Respecto a lo que ocurrirá con esos dineros a los que echó mano cada cartera, la máxima autoridad del Biobío dijo que "ahí no se genera una deuda, sino más bien fue una propia decisión de los ministerios ante el complejo escenario que dejó la administración anterior, donde incluso mi antecesor (Rodrigo Díaz) la calificó como deficiente".

Además, Giacaman reafirmó el compromiso de llevar adelante una gestión responsable de los recursos ante la compleja situación financiera. "Nos hemos reunido con los ministerios, también con las policías y los municipios, todos con quiénes hemos visto qué proyectos priorizar en base a las necesidades que tiene la ciudadanía, en temas tan relevantes como seguridad, infraestructura o salud", relevó, junto con manifestar que la política con la cual afrontará la relación con todos los actores es de "planificar la cartera de inversiones a cuatro años, que es mi periodo en un primer término".

En semanas anteriores, el propio Gobierno Regional reconoció abiertamente el complejo estado financiero con entidades con las que se suscribieron convenios de programación. Tal es el caso de las policías, donde en el caso de Carabineros de Chile sólo se transfirió el 4% de los $25 mil millones correspondientes al periodo entre 2022 y 2024, mientras que en el caso de la PDI la cifra no superó los $400 millones.

En ambas reuniones, el gobernador Giacaman indicó que el objetivo será priorizar aquellas inversiones más urgentes en materias de infraestructura y equipamiento técnico, considerando la compra de vehículos.

"Le damos gracias a Dios y los 43.600 militantes del partido Nacional Libertario, que ha tenido un crecimiento exponencial en el tiempo. En tres a cuatro meses logramos este número de militantes, a diferencia de otros partidos que se han demorado un año o más. Somos el tercer o cuarto partido más potente a nivel nacional, dejando de lado a los "Chile Fueron", porque ya no son Chile Vamos, y acercándonos a otros partidos, reflejando el respaldo a nuestro candidato presidencial Johannes Kaiser".

De esta forma, el diputado Leonidas Romero valoró con Diario EL SUR la reciente legalización del partido Nacional Libertario, tienda que integra al igual que el diputado Cristóbal Urruticoechea del distrito 21.

Sobre las perspectivas electorales apunta que "nuestro candidato si o si debe estar en la papeleta de la primera vuelta".

-¿Cuál es el panorama con que se proyectan las elecciones parlamentarias, y en su caso que ya completa su segundo periodo en la Cámara Baja?

-Dentro del partido hay tres diputados en ejercicio que no nos postulamos, entre ellos yo. Lo anuncié el primer día que asumí mi segundo periodo, así que esto no es con elástico.

Si estamos trabajando con harto interés con personas connotadas que quieren militar en el partido y ver la opción de ir a una elección parlamentaria. Tenemos personas con las competencias, ganas y compromiso de representar al partido, pero debemos ver si logramos acordar una lista parlamentaria con Republicanos, Libertarios y Social Cristiano para que Johannes Kaiser como presidente tenga una mayoría para cambiar las leyes.

-¿Qué lo llevó a decidir no repostular?

-Tengo 70 años, estar tres semanas fuera de mi casa me tiene aburrido, no hallo las horas que termine este periodo. Es una decisión tomada del primer día que asumí el segundo periodo y no es con elástico, usted no verá mi nombre en la papeleta. Me han dicho que postule a senador en otra región, pero esta es mi Región y la verdad es que no quiero volver al Congreso. Fui concejal, alcalde, diputado y hoy veo en el Parlamento un desprestigio enorme.

Para el próximo 1 de abril fue agendada una audiencia en el Juzgado de Garantía de Coronel para discutir una posible ampliación del plazo de investigación que rige en la causa Puerto Coronel donde se investigan una serie de delitos tributarios a ejecutivos de la empresa y autoridades políticas, entre ellos el alcalde Boris Chamorro.

La solicitud fue elevada tanto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como también por el Ministerio Público, apelando a la necesidad de poder contar con más tiempo para nuevas diligencias, y considerando también la inclusión de actores como el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Así lo manifestó en el escrito la fiscal Glenda Lagos apuntando que "existen importantes diligencias de la investigación que aún no han podido realizarse", mientras que el abogado procurador fiscal de Concepción del CDE Georgy Schubert indicó en la misiva que "encontrándose pendiente la ejecución de diligencias de investigación, en análisis de los antecedentes contenidos en la presente causa, solicitamos se fije audiencia para debatir y resolver la petición de ampliación del plazo de investigación".

Actualmente el plazo de investigación vigente es de tres meses, con fecha de término para la próxima semana, por lo cual los siete formalizados continuarán con las medidas cautelares vigentes, entre ellas el arresto domiciliario nocturno con que se encuentra hoy el alcalde Boris Chamorro, por el posible delito de cohecho además de otros de carácter tributario.