Por Redacción

Ayer se reveló que la Fiscalía de Antofagasta evalúa citar a declarar en calidad de imputados por el caso Democracia Viva al exministro de Segpres y Desarrollo Social Giorgio Jackson, a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, todos militantes de Revolución Democrática, partido al que pertenecían los firmantes del convenio Daniel Andrade, director de la fundación, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda.

Esta información fue publicada por El Mercurio y las reacciones vinieron desde la oposición y el oficialismo.

En primer lugar los diputados de Renovación Nacional José Miguel Castro, Juan Carlos Beltrán y Sofía Cid exigieron la renuncia de Martínez, quien por estos días trabaja en la tramitación del Presupuesto 2024 elaborado por el Gobierno.

En una declaración conjunta liderada por Castro, afirmaron que "un grupo grande de parlamentarios, y se están sumando muchos más, creemos que ella debería renunciar, que ella no debería estar presente. Chile requiere de una directora de Presupuesto que realmente esté completamente limpia de toda sospecha, porque aquí lo que uno podría pensar es que el círculo más cercano del Presidente podría estar involucrado o al menos conocería de irregularidades".

Añadieron que "esto ocurre justo cuando estamos en medio de la discusión del Presupuesto 2024, cuando las energías del Ministerio de Hacienda deberían estar enfocadas en ver de qué forma vamos a distribuir los recursos para generar crecimiento y empleos y no en prepararse para responder ante la justicia. Necesitamos autoridades preocupadas en eso, y no encargadas de crear fórmulas para defensas corporativas en casos de corrupción".

Un discurso similar tuvieron contra Crispi, exdiputado y hoy principal asesor del Ejecutivo, cuya presencia en La Moneda consideraron "inaceptable".

En este punto, el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), quien afirmó que dijo que "es impresentable que el jefe de asesores del Presidente de la República tenga que declarar como imputado una causa. Eso no admite presentación en ninguna parte".

Agregó que "yo espero que él de un paso al costado porque esta situación no tiene presentación. Él es jefe de asesores, es el pensamiento estratégico del Gobierno, la mirada larga y de largo plazo y debe tener la tranquilidad suficiente".

Vallejo: "no sorprende"

Ante esta situación, la ministra vocera, Camila Vallejo, desdramatizó la información, ya que "el Partido Republicano (querellantes del caso), no solamente le imputó públicamente a estas personas delitos, sino que se presentaron querellas. Entonces ya no es solamente la acción política mediática comunicacional, sino que además lo transformaron en una acción judicial".

"Esto ya recae en un poder autónomo y que le corresponde frente a esas querellas proceder a investigar", explicó. Por eso, añadió, "no nos sorprende, porque esto iba a pasar. Se hace noticia de algo que sabíamos que iba a suceder, era algo natural que iba a pasar, porque es parte del procedimiento judicial".

También planteó que "hay una intención política del Partido Republicano hace rato en esto. Y recordemos que al exministro Giorgio Jackson se le imputaron de manera injusta delitos que no ha cometido".

Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert expuso que "lo que quiere la ciudadanía es que se dejen de robar y es que las personas responsables asuman y cumplan las sanciones que corresponden, por lo tanto es muy lamentable este doble discurso. Nuevamente el Gobierno señalando que busca la probidad, pero en el momento en el que el sistema judicial avanza, critica y alega una persecución política".

Pese a que internamente se había decidido dedicar tres días a presentar observaciones y dos para votarlas, con la intención de llegar a algún acuerdo entre oficialismo, oposición y sectores no alineados, la Comisión Experta no logró ninguno de estos objetivos: la presentación de indicaciones se atrasó casi un día entero, no hubo enmiendas conjuntas y hoy, último día de trabajo de este organismo se deberán votar más de 800 observaciones.

El plazo inicial para entregar las indicaciones era la medianoche del martes, pero se acordó postergarlo hasta las 14:00 horas de ayer y luego se volvió a patear el límite hasta las 16:00 horas con la intención de buscar diálogos y acuerdos, pero no ocurrió.

Para hoy quedaron entonces todas las votaciones, lo que hace pensar en una jornada maratónica pues los comisionados no se midieron a la hora de presentar observaciones, que fueron presentadas por separado.

La cifra total llegó a 870 indicaciones luego de que el oficialismo presentara 366 y la oposición agregara 504. Entre estas últimas hay algunas de Chile Vamos y Republicanos, así como otro número que son solo del bloque, sin el partido liderado por José Antonio Kast.

La presidenta del organismo, Verónica Undurraga (independiente-PPD) expresó que "lamentamos no haber llegado a acuerdos en temas muy importantes como la interrupción del embarazo en tres causales, la objeción de conciencia. En un último esfuerzo hemos presentado enmiendas que pretenden corregir el texto". Y Natalia González (UDI) dijo que "llegamos a muchos acuerdos con la izquierda. Lamentablemente se nos dijo que no iban a haber firmas comunes y que teníamos que duplicar las enmiendas".

Sin embargo, puede que no todo sea tan peleado hoy, pues los comisionados han dicho que en algunos casos hay enmiendas duplicadas que fueron presentadas por ambos sectores con el fin de hacer un gesto y asegurar su aprobación.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) dio a conocer ayer las principales conclusiones del informe "Déficit habitacional en Chile: Evolución y análisis de la crisis de vivienda", que establece que el déficit habitacional en el país supera el millón de viviendas.

Las cifras fueron presentadas por el presidente del gremio de la construcción, Juan Armando Vicuña, la vicepresidenta, Jacqueline Gálvez, y el gerente Nicolás León. Y para llegar a dicha cantidad se consideran las 935 mil familias sin casa detectadas por la encuesta Casen de 2022 más las sobre 150 mil que viven en campamentos.

León señaló que "junto con el aumento del déficit habitacional, nos preocupa cómo este problema afecta crecientemente a la clase media. Podríamos decir que la labor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha permitido incluso reducir el déficit habitacional en los grupos vulnerables y los hogares con viviendas irrecuperables. Sin embargo, de 2017 a 2022 el número de hogares de clase media allegados por incapacidad financiera aumentó 165%".

Vicuña hizo un llamado a todos los actores que puedan contribuir a reducir con urgencia el déficit habitacional: "Estamos frente a una crisis humanitaria que necesita más y mejores respuestas. Y no solo de un ministerio en particular. Es clave, por ejemplo, pensar en cómo facilitar el acceso de los sectores medios al crédito hipotecario y que los municipios se hagan parte de una política de densificación equilibrada porque, de lo contrario, solo estarán cerrando las puertas de las comunas a la llegada de nuevas familias".

Junto con ello dieron a conocer una serie de propuestas para atenuar este drama, entre otras, adecuar la normativa a la realidad de los hogares, reforzar los programas habitacionales y ampliar la garantía estatal al pie de los créditos hipotecarios.