Por Karlyng Silva Leal

Un amplio despliegue de peritos del Laboratorio de Criminalística de Concepción, detectives de la PDI de la Región del Biobío y la Fiscalía del Biobío se desarrolló ayer en el sector Chacai de la comuna de Santa Juana, esto en el marco de las investigaciones que se están realizando por parte del Ministerio Público para esclarecer los incendios forestales que afectaron a la zona durante el verano de este año.

"Estamos realizando las reconstituciones de escena respecto a los incendios del 3 de febrero del año 2023 que afectó a la comuna de Santa Juana, donde se produjeron víctimas fatales. Hoy junto a peritos, apoyo aeropolicial y todos los oficiales investigadores del equipo especial formado por la prefectura Concepción, estamos acá reunidos con las víctimas a fin de fijar sus versiones en el lugar, poder tener claridad de cómo efectivamente resultaron fallecidas estas personas y cómo les afectó el incendio en particular", explicó el fiscal Jorge Lorca Rodríguez de la Fiscalía Local de Concepción.

El persecutor junto al personal policial se reunieron con las víctimas hasta los lugares que fueron arrasados por el fuego, les explicaron la dinámica de la diligencia que permite contrastar testimonios en el lugar de los hechos, así como confrontar versiones de tal manera que se logre reconstruir con detalles la dinámica de lo ocurrido con precisión respecto a las consecuencias que también se registraron por el paso del fuego.

Diligencias

El prefecto regional (s) del Biobío, Víctor Ruiz Vallejos explicó que esta diligencia que se contextualiza en la investigación que se realiza respecto a los orígenes y responsabilidades de los masivos y destructivos incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío, en este caso relacionadas a la presunta responsabilidad que podría caber en el inicio del siniestro por parte de empresas que suministran electricidad en las zonas rurales.

"Estas pericias se están contrastando desde el inicio también con análisis criminal que se ha hecho en un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, donde se complementó con las entradas y registro que se hicieron hace un par de días a algunas instituciones de trabajo que aportan servicios a la localidad rural y principalmente los peritajes del laboratorio de criminalística van apuntados hoy a establecer las dinámicas en el sitio del suceso y las vías de escape; saber si en esa dinámica y contexto tienen relación con los decesos de las personas en el incendio", explicó el prefecto.

Respecto a las diligencias en el lugar, Ruiz detalló que producto del paso del fuego por la localidad se registraron víctimas fatales y que "sobre la base de las pericias realizadas en cada uno de los sectores, hoy se contrastan las versiones de las personas que fueron testigos, víctimas también del hecho y al mismo tiempo confirmar o descartar las hipótesis que se generaron en un principio de la investigación, así mismo poder contrastar las pericias que tenemos y poder esclarecer el hecho en su totalidad y poder entregar a la Fiscalía las herramientas necesarias para poder tomar decisiones jurídicas respecto a esta investigación".

Cabe recordar que el incendio que afectó a Santa Juana y tuvo su origen el viernes 3 de febrero se extendió por casi 3 semanas antes de que se pudiera controlar de forma total su avance, el cual provocó la muerte de 17 personas y dejando cerca del 50% de las superficie de la comuna completamente siniestrada, lo que corresponde a más de 42 mil hectáreas; territorio en que además cientos de casas fueron consumidas por el fuego, junto a infraestructura, animales y zonas agrícolas.

Responsabilidad de EMPRESAS

Hace unas semanas la Fiscalía Regional del Biobío reveló que el incendio iniciado el 3 de febrero de este año, que fue denominado como Santa Ana y que afectó tanto a la comuna de Santa Juana como a Nacimiento, junto a otros dos siniestros, tuvieron su origen por el contacto de material vegetal -como ramas de árboles- con cables del tendido eléctrico de empresas que proveen este servicio en las zonas rurales.

Ante esta certeza corroborada por peritajes y diligencias de carácter científico, a fines de septiembre la Policía de Investigaciones ejecutó órdenes de entrada y registro en oficinas de las empresas Coelcha y Frontel en 8 comunas de las regiones del Biobío, Los Lagos, La Araucanía y Región Metropolitana para recopilar antecedentes e información que permita esclarecer los hechos ocurridos y determinar si existen responsabilidades penales al respecto, sobre todo considerando las fatales consecuencias de los siniestros.

17 personas fallecieron producto del incendio que afectó a la comuna de Santa Juana y Nacimiento denominado Santa Ana

3 orígenes de incendios han sido atribuidos hasta ahora a la responsabilidad de empresas de suministro eléctrico

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Concepción inició la semana pasada la revisión de 240 solicitudes de internos propuestas por los tribunales de conducta de las diversas unidades penales de la jurisdicción para el segundo semestre de este 2023, trabajo que se estima se extenderá por al menos dos semanas.

En detalle, de las 240 solicitudes 147 corresponden al Complejo Penitenciario Biobío, 17 al Centro de Educación y Trabajo (CET) Concepción, 8 del CET Cañete, 16 del Centro de Detención Preventiva (CDP) Mulchén, 22 del CDP Yumbel, 19 del CDP Arauco y 11 del CDP Lebu.

En la comisión realizada durante el primer semestre se presentaron 239 solicitudes.

Cabe recordar que la ley establece una serie de requisitos para postular al beneficio penitenciarios, tales como haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería.

Según el reglamento, las comisiones de libertad condicional deben detallar fundadamente en sus informes si los postulantes cumplen o no cada uno de los requisitos, debiendo prestar especial consideración a la posibilidad de resocialización desglosada en los informes psicosociales.

La comisión es presidida esta vez por el ministro Mauricio Silva Pizarro, e integrada por las juezas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Concepción Antonella Fargarello Galleti, Paola Schisano Pérez; el juez del TOP de Cañete José Cánovas Fuentes y del Juzgado de Garantía de Concepción, el magistrado Carlos Aguayo Dolmetsch.

Durante los últimos años la cantidad de solicitudes se ha mantenido sobre doscientos, no obstante, el semestre pasado la Corte penquista solo acogió el 25,5% de las solicitudes realizadas por los internos de la región. Durante el año pasado de 518 de estas solicitudes, 90 fueron concedidas por la comisión, mientras que el 2021 de 455 fueron 122 las concedidas.

El alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, acudió a la Corte de Apelaciones junto a vecinos y el abogado del municipio para presentar un recurso de protección en contra de los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Transportes por la falta de inversión en infraestructura vial en la comuna, acusando un abandono del Estado y una falta de servicio.

El abogado Guillermo Rioseco apuntó a que los tres ministerios involucrados "tienen competencias en la crisis vial que toda la ciudadanía conoce. Es de tal gravedad, de tal envergadura que esto está afectando la vida cotidiana, las garantías constitucionales y la dignidad de las personas".

El alcalde, al igual que los vecinos, apuntó a que la falta de servicios y la configuración de la comuna actualmente impacta en la cantidad de accidentes que se registran, sobre todo ante la intervención de la vía férrea que divide a la comunidad en el sector costero.

También apuntó a que ante la eventual puesta en marcha del nuevo puente ferroviario, la frecuencia de los trenes aumentará, lo que se convertirá en un factor de riesgo para los sectores poblados ubicados frente a la ruta 160. Al respecto sostuvo que "ya tenemos más de 40 muertos, solo en San Pedro de la Paz, sin contar Coronel (...) La accidentabilidad que ha ocurrido en San Pedro de va a multiplicar, no queda la menor duda. Los trenes van a llegar a 70 mil u 80 mil pasajeros, en buena hora, pero hoy no está la seguridad".