El Consejo Regional y la fe pública
Hace casi dos semanas, el gobernador Rodrigo Díaz se refirió a la situación generada por convenios suscritos por el Gobierno Regional con fundaciones de la zona por medio de asignación directa -sin necesidad de aprobación del Consejo Regional- y que fueron cuestionados no solo por diversos sectores políticos, sino también gatillaron el inicio de investigaciones de oficio por parte de la Fiscalía Regional de Biobío. En sus dichos, Díaz sostuvo que más allá de las dudas o el cuestionamiento público, "lo importante es que nosotros asumamos un compromiso de elevación de estándares, porque la fe pública exige elevación de estándares".
A un mes que comenzara una seguidilla de denuncias y posteriores indagaciones en el plano administrativo, legal y penal por este tipo de convenios entre organismos públicos y fundaciones, lo concreto es que actualmente son tres las investigaciones que realiza el Ministerio Público a nivel regional, a las que se suman una querella por fraude al Fisco y cohecho en contra de una funcionaria del Gobierno Regional.
Se trata de casos que han sido expuestos públicamente desde distintos sectores y que tienen aristas e involucrados imposibles de imaginar en forma previa, por lo tanto sorprenden a la opinión pública, no sólo por las millonarias cifras que se manejan, sino también por la forma en que figuras y organizaciones logran objetivos que no está del todo claro merezcan.
En ese contexto, el Consejo Regional adoptó esta semana una serie de medidas para conocer a fondo el detalle y las circunstancias en que se ha asignado un total de $88 mil millones a fundaciones y organizaciones durante los últimos dos años. Durante una sesión realizada en los últimos días, los integrantes del órgano colegiado aprobaron por una amplia mayoría -con la excepción de dos abstenciones- que se aplique una auditoría externa que examinará el detalle de todas las asignaciones directas de recursos desde mediados de 2021 a la fecha.
A ella se sumarán al menos diez medidas que tomará por iniciativa propia el Gobierno Regional , que fueron informadas en la comisión de Ética, entre las que se cuenta una decisión clave, como es que todas las iniciativas deberán ser aprobadas por el pleno del Consejo Regional, incluidas aquellas menores a las 7 mil UTM, es decir, alrededor de $430 millones y que hoy, por ley, pueden ser definidas y entregadas sin necesidad de su aprobación.
El respaldo entregado por consejeras y consejeros a la decisión de aplicar la auditoría externa es una señal de interés en la recuperación de la aludida fe pública, y que se ve acrecentada por el hecho de que haya sido visada por representantes de todos los sectores políticos, dando una percepción de unidad en el rol fiscalizador que sirve para la recuperación de la confianza por parte de la ciudadanía.
Además, en palabras de la consejera Teresa Stark, que preside la Comisión de Ética, en la sesión el administrador regional Rodrigo Martínez informó las medidas que se adoptarán para aumentar los estándares de fiscalización, y que ya habían sido adelantadas en el pleno anterior. "Se indicó que las medidas se dividen en tres ámbitos, y consideran la creación de la unidad de Análisis, Control y Fiscalización de Programas "Glosas Comunes", para asegurar la legalidad de cada uno de los procedimientos (...) implementación desde mayo y una ampliación para una auditoría a todos los programas desde 2018, independiente si sean de asignación directa o no", detalló.
También se actualizarán los manuales e instructivos internos para postular a los programas y se gestionará con Contraloría que desde 2024 todos los programas sean rendidos en línea y que, como se señaló, todos los programas deban ser aprobados por el Gobierno Regional.
El presidente de la comisión de Presupuesto, consejero Andrés Parra, también expresó que es clave conocer el comportamiento de los programas, considerando que la Ley de Presupuesto establece glosas presupuestarias que permiten que los gobiernos regionales lleguen a convenios con fundaciones sin fines de lucro, por lo que está dentro de los procesos normales que haya convenios y programas en ejecución.
Tal como han señalado distintas autoridades y personajes públicos, las situaciones que actualmente están en desarrollo no sólo tienen relación con la disquisición referente a su los trámites y decisiones fueron realizadas dentro de la legalidad establecida, si no que también con la ética esperada dentro de las organizaciones públicas y que presentan servicio a las personas. Tenemos, por ende, un problema de fe pública o, peor aún, un problema que genera pérdida de la fe pública y que pone un manto de dudas que debe ser aclaradas, en beneficio de la sociedad y de la Región.
A la espera de los resultados que tengan las indagaciones administrativas internas, las de Contraloría y las iniciadas por el Ministerio Público, decisiones como la del Consejo Regional van por el camino correcto y necesario para una mejor conducción y una elevación de los actuales estándares, que nunca volverán a ser suficientes.
El respaldo entregado por consejeras y consejeros a la decisión de aplicar la auditoría externa es una señal de interés en la recuperación de la aludida fe pública, y que se ve acrecentada por el hecho de que haya sido visada por representantes de todos los sectores políticos