Por Karlyng Silva Leal

Continuamente la fiscal regional, Marcela Cartagena, ha apuntado a la necesidad de sumar a más fiscales a la institución del Ministerio Público, el cual tiene por objetivo la investigación y persecución penal de los delitos. No obstante, para lograr que esto se concrete se requiere la modificación de la ley orgánica constitucional que decreta el presupuesto y cantidad de personal, por ello es que existe un compromiso por parte del Gobierno para avanzar en esta materia, la cual parlamentarios locales apoyarían en pos de las necesidades de la comunidad.

El fiscal adjunto de Concepción y consejero regional de la Asociación de Fiscales de Chile, Paolo Muñoz, explicó que en su opinión hoy la seguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos y que "las dotaciones actuales con las que cuenta el Ministerio Público son bajas para hacer frente a todo este fenómeno delictivo y nuevas cargas de trabajo".

Proyecto y necesidades

Al respecto, el persecutor explicó que el gobierno adquirió el compromiso el año pasado con el Ministerio Público para presentar un proyecto de ley para fortalecer la dotación de fiscales y que sea discutido por el Congreso. Por ello, durante los últimos meses el fiscal nacional ha mantenido reuniones junto al Ministerio de Justicia y la Dirección de Presupuestos para realizar una propuesta que considere la cantidad necesaria de fiscales a integrar para cumplir con la persecución penal que exige la comunidad.

Además, Muñoz indicó que son cerca de 60 los fiscales que trabajan en la jurisdicción del Ministerio Público en la Región del Biobío, los mismos que operan en las fiscalías locales con sistemas de turnos distintos, haciéndose cargo de cada vez más audiencias y causas a investigar, juicios en curso y tareas complementarias o administrativas que en fiscalías más pequeñas recaen también en los persecutores ante la falta de personal.

Por ello, el consejero comentó que si bien todas las fiscalías se encuentran con un déficit importante de fiscales, algunas como Coronel o Talcahuano, presentan una situación incluso más crítica al operar con dotaciones bastante más inferiores de lo que se requiere.

Parlamentarios

Parlamentarios locales fueron consultados sobre esta iniciativa y si respaldarían su avance en el Congreso eventualmente, de tal forma que los diputados Félix González (PEV), María Candelaria Acevedo (PC), Leonidas Romero (IND) y Karen Medina (PDG) manifestaron su apoyo a este proyecto.

La diputada Acevedo sostuvo que "en este caso se considera la gran carga laboral que tienen los fiscales, un tema del cual se viene conversando hace varios años y que hoy se podría transformar en una bomba de tiempo, ya que su capacidad humana se está viendo sobrepasada. En ese sentido, si buscamos combatir el crimen organizado; el narcotráfico; perseguir la ruta del dinero, que es muy relevante; tenemos que fortalecer y modernizar el Ministerio Público, y un paso relevante sería aumentar la dotación de fiscales para atender la alta demanda que el sistema actual ha generado".

Por su parte, González, apuntó que hoy el crimen organizado representa un desafío investigativo. "La Fiscalía necesita que los fiscales puedan dedicarle más tiempo a aquellas causas que son más complejas y eso pasa por aumentar la cantidad de fiscales, así que respaldamos esta iniciativa. Es necesario junto con entregar más herramientas investigativas, equipos y también atribuciones, pasa por tener mayor capacidad o más horas de trabajo de fiscales, y no sobrecargar a los que ya existen".

Romero, en tanto, apeló a la calidad de los persecutores, indicando que "creo que se necesitan más, efectivamente, pero de mejor calidad y más humanizados, que ocupen los cargos personas que deben, quieren y pueden estar en este ámbito y que sea lo más pronto posible me parece bien, a nivel nacional se necesitan más fiscales que tengan conocimiento de causa, con el compromiso de atender y escuchar las necesidades de la gente más humilde, porque no se puede hacer diferencias en esto".

Por otra parte, la diputada Medina, sostuvo que la situación del Ministerio Público está colapsado por la gran cantidad de causas y el aumento de la criminalidad en el país. "Es fundamental que para lograr perseguir con toda la fuerza al crimen organizado y el narcotráfico se requiere una reforma para aumentar la cantidad de fiscales, pero también para avanzar en una mayor modernización del sistema, con más facultades y herramientas para los fiscales regionales", agregó.

Un funcionario de la Armada fue detenido por carabineros durante la jornada del domingo y quedó en prisión preventiva tras intentar quemar la vivienda que compartía con su cónyuge, quien se mantenía al interior del inmueble.

La situación fue confirmada por la directora regional de SernamEG, Lissette Wackerling, quien condenó "este nuevo hecho de violencia con una mujer, ocurrido en San Pedro de la Paz. Valoramos la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el Tribunal, dada la complejidad de los hechos y, por sobre todo, resguardar a las víctimas directas e indirectas de los delitos de lesiones menos graves en violencia intrafamiliar, amenazas e incendio, por los cuales se formalizó al imputado".

El sujeto fue detenido luego de que Bomberos acudieran hasta el domicilio ubicado en el pasaje Lago Caburga en San Pedro de la Paz, atendiendo el inicio del fuego que inició en el segundo piso de la casa. En el mismo inmueble se encontraba una mujer, esposa del funcionario naval, quien denunció que habían sostenido una discusión, tras lo que el sujeto la amenazó de muerte y roció parafina para iniciar el fuego.

Para recabar más antecedentes de lo ocurrido y tras ser formalizado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas e incendio, se determinó que Labocar de Carabineros trabajara en el lugar y generar el informe técnico de Bomberos.

La Corte de Apelaciones revocó el beneficio de cumplimiento de pena en libertad vigilada de Luis Lugo Machado, condenado por el delito de tenencia ilegal de arma y que, actualmente, se encuentra también imputado por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma, quien falleció el pasado 5 de abril mientras realizaba fiscalizaciones vehiculares en la Región Metropolitana.

El fiscal de Concepción, Jorge Lorca, explicó que la defensa insistía en que se mantuviera la pena sustitutiva y con ello el cumplimiento de la pena de 3 años y un día en libertad. Sin embargo la Corte de Apelaciones resolvió en un fallo unánime lo contrario.

"En definitiva, Lugo debe entrar a cumplir los tres años y un día, a lo que fue condenado por el porte del arma de fuego. Así se confirma la resolución y, entonces, el condenado ahora debe cumplir su condena de forma efectiva", explicó el fiscal.

En esta línea indicó que la solicitud fue acogida, considerando que la libertad vigilada es de carácter intensiva, por lo que las personas condenadas por delitos y que gozan de este beneficio deben cumplir determinados requisitos de forma sostenida a lo largo de la condena, lo cual en este caso Lugo Machado no respetó.

"No se presentó en las oportunidades que el delegado lo citaba, no comunicó los cambios de domicilio, no acreditó el domicilio, de hecho, cambió su domicilio reiteradas veces y no lo informó a la autoridad de Gendarmería. Y además se ve involucrado en el hecho que le costó la vida al suboficial de Carabineros Daniel Palma", agregó el fiscal.

Cabe recordar que Luis Lugo Machado, de nacionalidad venezolana, de 23 años fue detenido en junio de 2021 en la comuna de Penco, tras lo cual fue formalizado y posteriormente condenado por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones.

En el marco de esta causa, y en vista del incumplimiento de las directrices para mantener el beneficio de libertad vigilada intensiva, a fines de marzo se emitió una orden de detención en su contra, la cual se encontraba vigente cuando el suboficial mayor Palma fue víctima del homicidio mientras ejercía sus funciones.