Por Felipe Cuevas Mora

El déficit de viviendas que registra nuestra Región y el país es una de las mayores preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía y el Gobierno, para lo cual se dispuso en los cuatro años de la actual administración entregar 260 mil viviendas.

En el Biobío se requiere un total de casi 27 mil viviendas según estimaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ante lo cual durante el último año se ha avanzado en un plan de emergencia habitacional (PEH) con el objetivo de acortar dichas cifras.

En el marco de la tercera sesión de la mesa regional que aborda la temática, se informó que del universo total de casi 19 mil viviendas proyectadas para el periodo 2022-2025, ya se ha entregado el 36% (6.045) -la mitad de ellas corresponden a la provincia de Concepción- y que el buen avance de la medida permitiría aumentar la cobertura a más de 20 mil familias de aquí al final del periodo de Gobierno.

En esa línea, uno de los pilares del trabajo multisectorial ha tenido relación con la entrega de terrenos para la construcción de nuevas viviendas: Bienes Nacionales actualmente ha catastrado en seis las hectáreas de terrenos fiscales que se podrían aportar en los próximos meses para contribuir a la construcción de las 13 mil viviendas aún pendientes.

Positivo avance

La seremi de Vivienda, Claudia Toledo, explicó que tanto la reactivación de proyectos como el trabajo con las empresas han permitido avanzar en las cifras, y anticipó que el mayor avance se verá durante el transcurso de este año.

"Tenemos una meta de 18.896 viviendas a proveer en este periodo de Gobierno, una meta presidencial y en eso hemos estado trabajando, pensando en las familias que están detrás de este meta. La meta primaria que teníamos la superaremos seguramente", dijo junto con señalar que el ajuste de la meta inicial da cuenta de un positivo avance: "Vamos con un 36% de avance lo que nos tiene bien aspectados incluso a nivel nacional sobre otras regiones".

Toledo explicó que "cuando asumimos había una serie de dificultades del punto de vista financiero con algunas empresas que tenían obras ralentizadas. Eso hizo que el ministerio generara una serie de herramientas para colaborar en este proceso, y eso se ha ido dando de buena forma. Los proyectos han ido avanzando, e incluso hemos podido destrabar situaciones complejas".

Algunas de las iniciativas tienen relación con la compra de viviendas industrializadas, los programas de arriendo a precio justo o la autoconstrucción tutelada.

A la hora de abordar los plazo para la entrega de las 13 mil viviendas proyectadas originalmente, la autoridad apunta a que "la meta tiene que ver con entregar la vivienda, y la ejecución muchas veces dura 700 días, y pueden ocurrir situaciones que vayan en desmedro del proyecto. Pero el objetivo es entregar las viviendas. La meta la medimos con la vivienda entregada, tenemos un avance respecto a un mes atrás incluso y unos pocos días, y hemos ido avanzando".

Toledo también apunta a que el plan tiene un fin inicial, pero también permite "llegar a sectores de la Región donde antes no se construía, al igual que generar empleo, dinamizar la economía y finalmente mantiene al sistema funcionando, con una relación virtuosa entre lo social y el movimiento de la economía".

Títulos de dominio

Otro de los elementos centrales que permiten avanzar al plan del Gobierno para combatir el déficit habitacional tiene que ver con la regulación de los terrenos y la entrega de espacios públicos para poder iniciar futuras construcciones.

El seremi de Bienes Nacionales, Eduardo Pacheco, detalló que "ha sido una prioridad contribuir con terrenos fiscales en este plan. Eso estamos haciendo, por lo que iniciamos una mesa de trabajo técnica con Serviu y Minvu para concretar la evaluación de terrenos en observación de algunos nuevos que no habíamos revisado. Entre lo evaluado y pronto a entregarse, tenemos seis hectáreas de terrenos fiscales que estarán disponibles para evaluación e incorporación al plan. Estamos en el trabajo a nivel técnico para seguir avanzando".

36% de avance registra el Plan de Emergencia Habitacional en la Región del Biobío, con 6 mil viviendas entregadas

Autoridades y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) dieron el inicio a las tradicionales clínicas jurídicas como parte de la última etapa formativa de los estudiantes de la carrera, cuya práctica profesional se realiza a través de asesorías y apoyo jurídico directo a la comunidad penquista.

Este año, las Clínicas Jurídicas operarán en las parroquias San José y San Juan de Mata, ambas con atención los días miércoles (10 a 12 horas) y jueves (15 a 17), instancia donde los alumnos prestarán ayuda legal en áreas de familia y derecho civil, como pueden ser contratos de arrendamiento, prescripción de derecho de aseo, o consultas en materia laboral.

El coordinador de la práctica profesional, el académico Mauricio Ortiz indicó que la instancia "se excluye expresamente el tema divorcios, que no tramitamos en atención a la naturaleza propia de nuestra universidad. Partimos esta semana, primero organizando todo, revisando causas en tramitación anterior y dándole curso oficialmente al funcionamiento de las clínicas".

El decano de la Facultad de Derecho, Carlos Céspedes, invitó a los estudiantes a entregar un buen servicio con todo lo aprendido y ponerlo a disposición de quienes lo necesitan: "Tenemos que poner todo de nuestra parte para dar un atención jurídica amigable, acogedora y una defensa razonable".

Uno de los sellos de las clínicas jurídicas es la atención a público extranjero, que ha concitado gran interés en diferentes temáticas: ingresos irregulares, decretos de expulsión, falta de atención del sistema público respuesta a necesidades.

Las personas que son atendidas por la UCSC tienen derecho a que la gestión de su asunto se realice mediante la utilización del denominado "Privilegio de Pobreza", certificado que los exime de todo pago en servicios relacionados con la justicia.

"Nuestros beneficiarios son personas vulnerables del gran Concepción, para quienes la atención jurídica prestada constituye la única opción de que disponen, dado que no se encuentran en condiciones de solventar los costos de un juicio (abogado, receptor, perito, documentos, etc.) y tampoco desean concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial, pues su contraparte está representada por ésta", explicó Mauricio Ortiz.

La atención se entregará en las parroquias

San José y San Juan de Mata por parte de

alumnos de último año.

El alcalde de Chiguayante y presidente de la Asociación del Territorio Nonguén, Antonio Rivas, se reunió con el director regional de Conaf, Rodrigo Jara, con el objetivo de trabajar lineamientos conjuntos por la preservación del parque nacional que cuenta con más de tres mil hectáreas emplazadas entre las comunas de Hualqui, Concepción y Chiguayante.

Entre los puntos conversados estuvo la disposición de portales de accesos y salidas al parque, lo que pretende evitar los accesos irregulares, el reforzar la prevención de incendios dentro de la zona, pero sobre todo, el alinear criterios de acción en caso de catástrofes medioambientales.

"Este territorio es un santuario único en nuestro país; nos ayuda a regular la temperatura de la región, favorece la biodiversidad, y alberga a decenas de especies endémicas, por lo cual su cuidado es, y será, una bandera de lucha para nosotros", dijo el alcalde Rivas.

En tanto, el director de Conaf apuntó que este tipo de reuniones son necesarias para aunar criterios con los municipios, pues en ellas se pueden diseñar estrategias que fomentan el cuidado, y evitan la destrucción del medio ambiente, así como ocurrió con los incendios de febrero que alcanzaron en un mínimo porcentaje al parque nacional.