Por Redacciñon

Errores geográficos e imprecisiones sobre las tareas que deben cumplir los integrantes de las Fuerzas Armadas enviados a resguardar la frontera norte del país fueron detectados por Contraloría en el decreto enviado hace unos días por el Ejecutivo.Ello llevó al Gobierno a retirar y ayer, a reingresar el documento corregido, cuya aplicación comenzará la próxima semana, adelantó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien viajará a la zona.

"No es el objetivo que las FF.AA. detengan la circulación por la frontera haciendo actos de fuerza con las personas que están circulando, porque no es un tipo de práctica aceptada que se detenga la migración a balazos, no es la idea", subrayó la secretaria de Estado.

Por esto, las labores que desempeñarán los uniformados serán controles de identidad, registros de equipaje y la detención de personas que luego serán entregadas a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) o Carabineros.

El tiempo de detención fue otro de los aspectos cuestionados, por lo que ayer Tohá explicó "que cuando se dice que las FF.AA. cuando detienen una persona tienen que ponerla a disposición de las policías dentro de un plazo máximo 12 horas, se diga de manera explícita desde qué momento se empiezan a contar las 12 horas. Esos son los comentarios que Contraloría hizo".

El decreto original decía que la aprehensión no debía superar las 24 horas, pero Contraloría apuntó al artículo 6, donde se leía: "Los procedimientos de control de identidad, registro, detención y demás referidos en el presente artículo se ajustarán a los plazos aquí establecidos, siempre que las condiciones materiales lo permitieren y que el cumplimiento de dichos plazos no pusiere en riesgo la integridad física de las personas involucradas".

La corrección invocó el artículo 19 de la Constitución, que dice que "nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley, y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado".

Rutas y comunas

El texto original también señalaba que el perímetro de acción en Huara, Región de Tarapacá, "sólo considera el territorio que se encuentra en la Ruta 5 Sur", pese a que está en el norte, dato que el Gobierno corrigió dejando "Ruta 5", sin el "sur".

Asimismo, en un principio se excluyó la presencia militar en la zona urbana de Camiña y Pica, pero en la corrección se eliminó la referencia a la primera comuna. Luego, en la Región de Antofagasta, también se quitó la mención a la "provincia" (es comuna) de Ollagüe.

"La próxima semana vamos a tener Fuerzas Armadas desplegadas en la zona limítrofe de la frontera de Chile", aseguró la ministra del Interior.

Miles de personas cada mes ingresan de forma irregular a Chile por la comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, confirmó La Moneda el año pasado, hecho que la ubica como el epicentro de la crisis migratoria. A comienzos de semana se espera que las Fuerzas Armadas tomen control de los pasos fronterizos, frente a lo cual el alcalde, Javier García, dijo que "van a contribuir a controlar el ingreso de migrantes irregulares. Sin embargo, no es la solución total".

El despliegue de uniformados es "una herramienta que es urgente implementarla en la frontera norte, sobre todo cuando estamos esperanzados que esta nueva figura va a contribuir al control fronterizo de todos modos, ya que nosotros vivimos la vigencia del estado de excepción, y con decepción pudimos apreciar cómo el Ejército no cumplió con los objetivos que esperábamos", señaló en radio Cooperativa el jefe comunal, en referencia a la medida aplicada a comienzos del año pasado.

Esto, explicó García, porque "el Ejército estaba apostado en la frontera y miles de migrantes cruzaban la frontera sin dificultad, con equipajes, sin que el Ejército contara con facultades siquiera para revisar los equipajes de los migrantes y obviamente muchos aprovecharon para ingresar armas blancas y armas de fuego".

Tras la experiencia, "la ciudadanía hoy día demanda acciones concretas, demanda recursos, porque lamentablemente la inseguridad no solamente afecta a Colchane, sino que se ha desplegado al resto de la Región de Tarapacá, principalmente a las ciudades de Iquique y Alto Hospicio", continuó la autoridad.

Esta vez, no obstante, "hemos creído desde un inicio que esta nueva figura va a contribuir a controlar el ingreso de migrantes irregulares al país. Sin embargo, no es la solución total, se requieren medidas complementarias o adicionales que sean implementadas de manera paralela, como por ejemplo la modificación de la Ley migratoria para los procedimientos de la expulsión administrativa como también la reconducción, que hoy día no está operando", puntualizó el alcalde.

El senador PS por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, dijo a Radio Infinita que "probablemente esta solución debió adoptarse mucho antes, el Ejercito está para defender la soberanía del país y el territorio nacional".

El legislador subrayó que en la zona "Carabineros está extremado, llevado a un límite en materia de seguridad. (…) En el norte un día tienen que patrullan las calles y otros resguardar la frontera con Perú y Bolivia".

El presidente de la Cámara de Diputados, PL Vlado Mirosevic, agregó en Tele13 Radio que la avanzada militar "es una demanda desde el norte que venimos pidiendo hace rato, que requería de una modificación mayor, porque la normativa hoy en Chile no permitía que las FF.AA. tuvieran un rol decisivo en las fronteras".

El excandidato a La Moneda por el Partido Republicano, José Antonio Kast, agregó en Twitter que "la inmigración ilegal lleva años sin solución. Ni este Gobierno, ni el anterior".