Por Efe

La oposición italiana pidió esta semana la dimisión de un miembro del Gobierno y del vicepresidente del comité parlamentario que controla los servicios de inteligencia, a quienes acusa de haber revelado informaciones confidenciales sobre el caso del líder anarquista encarcelado y en huelga de hambre Alfredo Cospito para usarlas con fines políticos.

La principal fuerza opositora, el progresista Partido Demócrata (PD), exige las dimisiones de Giovanni Donzelli, diputado del los ultras Hermanos de Italia (FdI), que lidera la primera ministra, Giorgia Meloni, y de Andrea Delmastro, subsecretario de Justicia, después de que el primero asegurase en el Parlamento, que Cospito había mantenido conversaciones con capos mafiosos.

Las revelaciones de Donzelli, a raíz de la información facilitada por Delmastro, desencadenó esta semana una tormenta política y a las peticiones del PD se sumaron el centrista Tercer Polo, del ex primer ministro Matteo Renzi, y los Verdes, mientras que el populista Movimiento 5 Estrellas exigido la "inmediata destitución" del subsecretario por "su conducta grave y dolosa".

La Fiscalía de Roma abrió una investigación por revelación y utilización de secretos oficiales después de que Donzelli "hiciese públicas las interceptaciones entre representantes de la 'Ndrangheta y la Camorra con Alfredo Cospito", revelan los medios locales.

"Hemos recibido la confirmación de que Donzelli no tuvo acceso a los documentos en el Ministerio, como torpemente intentó justificarse. La revelación procede, según confesión propia, de Delmastro, quien, como subsecretario de Justicia, con autoridad en el Departamento de Administraciones Penitenciarias (DAP) tiene acceso a información amparada por el secreto", dijo la vocera del PD en la Cámara de los Diputados, Debora Serracchiani.

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, compareció ante el Parlamento para informar sobre el caso, junto a los titulares de Exteriores, el vicepresidente Antonio Tajani y el de Interior, Matteo Pianttedosi, después de que el Gobierno reiterara que no iba a ceder ante los seguidores de Cóspito, quienes han protagonizado altercados en Italia, pero también en otros países, como España, Italia, Alemania y Grecia, frente a sus sedes diplomáticas.

De hecho, el país reforzará su seguridad, especialmente en lugares institucionales de Roma, después de que los anarquistas hayan convocado una manifestaciones, reuniones en universidades y frente a sedes de ministerios.

La semana pasada una manifestación en el popular barrio del Trastevere de Roma terminó con más de 40 detenidos y destrozos, mientras que en ciudades como Turín y Milán han ardido coches e instalaciones eléctricas y se han lanzado cócteles molotov en comisarías.

Los manifestantes apoyan a Cospito, en huelga de hambre desde hace más de 100 días, en su petición para que desaparezca el estricto régimen de aislamiento (41-bis) en el que se encuentra, una medida inicialmente reservada a los criminales de la mafia más peligrosos.

Donzelli considera que la mafia esta "utilizando" al "terrorista Cóspito para que el Estado ceda en el 41-bis" y a insinuado que la reciente visita de varios diputados del PD al líder anarquista en la cárcel podía suponer que estaban del lado de "los terroristas y la mafia".

Cospito cumple una condena de 20 años por un atentado sin víctimas cometido en 2006 y el deterioro de su salud obligó a trasladarlo desde Cerdeña a una prisión de Milán con mejor infraestructura médica.

Corte suprema

El Tribunal Supremo italiano (Corte de Casación) adelantó al 24 de febrero la vista que decidirá el recurso interpuesto por el líder anarquista.

El adelanto de la audiencia, confirmado por la agencia italiana Ansa, se anunció después de que los abogados del reo alertaran sobre su delicado estado de salud, tan crítico que podría "morir antes" de la celebración de la vista, dijeron.

La Suprema tendrá que pronunciarse sobre la decisión tomada por un Tribunal de Roma, que denegó la petición del anarquista de cancelar el régimen de aislamiento al que está sometido.

Inicialmente esa vista iba a celebrarse el 20 de abril, pero se adelantó al 7 de marzo y, ahora, será el 24 de febrero.

"Se ha dicho que el Estado no se da por vencido pero es sólo gracias a la movilización que hemos logrado sacar algo, de lo contrario Alfredo hubiera muerto en la cárcel de Bancali (Cerdeña)", insistió la Asamblea Permanente de Solidaridad en un comunicado.

Giorgia meloni

Por su parte, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha insistido en que su Gobierno no se dejará amenazar por los ataques anarquistas.

"¿Quién es Alfredo Cospito? Es un anarquista, está preso porque fue condenado por el delito de masacre y porque, entre otras cosas, disparó en las piernas de un directivo de Ansaldo nuclear. Terminó en el régimen 41 bis porque durante su detención enviaba o buscaba la manera de hacerles llegar mensajes a los anarquistas", defendió Meloni en una entrevista con el canal Rete 4.

La alarma por los ataques, cada vez más numerosos y violentos, llevó a que el ministro de Justicia, Carlo Nordio, organizase una rueda de prensa con los titulares de Exteriores, Antonio Tajani, y de Interior, Matteo Piantedosi, para prometer que no cederán ante las presiones de los seguidores de Cospito.

Venezuela

Las "amenazas anarquistas" contra Italia por el caso del líder encarcelado Alfredo Cospito se están extendiendo por el mundo y "la última viene de Caracas", aseguró también el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

"Nuestro cónsul general en Caracas nos ha comunicado que un exparlamentario de (el presidente Nicolás) Maduro ha convocado protestas frente a nuestras sedes diplomáticas" en Venezuela para apoyar a Cospito.

"No es una buena señal, sino un mensaje negativo contra el Estado italiano. Se trata de un exdiputado chavista que ahora es locutor de radio y este mensaje no es bueno para la estabilidad, porque apoya a una persona que está detenida por delitos de terrorismo", añadió el ministro en la televisión pública RAI.

"Se ha orquestado una campaña internacional anarquista contra instituciones y propiedad privada y pública en Italia y el extranjero", dijo el titular de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, sumando un actor global y aún más tensión a la crisis.

Siempre es un agrado que a uno le reconozcan los logros, pero algunas veces uno sabe que tampoco era para tanto. El Índice de Democracia 2022, construido por el grupo The Economist, recientemente ha situado a Chile en el grupo de países con democracia plena. Está en el lugar 19 a nivel mundial y tercero en América Latina después de Uruguay y Costa Rica. Es de los países que más subió desde el año anterior, magníficos seis puntos. Ascendió al cuadro de honor junto con Francia y España, antes en 'democracia defectuosa', principalmente gracias a la eliminación de las medidas restrictivas durante la pandemia. Es decir, sin esas medidas podríamos haber permanecido en primera, claro, solo tendríamos más muertes por Covid, pero ese problema humanitario parece no importar en la calificación democrática.

Para los espíritus noventeros, este podría ser un momento de éxtasis autocomplaciente. Si la generación dorada del fútbol ya se esfumó, que ahora venga la democrática. Pero la historia nos ha enseñado algunas cosas desde entonces, por ejemplo, que mucha autocomplacencia conduce a estallidos, que los estallidos engendran superioridad moral y que desde ahí se puede caer muy fuerte, más temprano que tarde.

La reciente Encuesta CEP ha hecho visible un ánimo democrático lúgubre en la población, unido a una alta desconfianza en las instituciones políticas y a oscuras expectativas económicas. La encuesta Feedback mostró hace unos días que la expulsión de migrantes ilegales, la pena de muerte a delitos muy graves y la prohibición de ideologías extremas concitan significativamente más apoyo que, por ejemplo, el incremento del gasto en beneficios sociales. ¿Serán así las 18 democracias plenas antes que la chilena? Más bien, nuestros indicadores anuncian rasgos posdemocráticos, una situación en la que el orden social liberal pierde legitimidad porque la experiencia cotidiana confronta a las personas con situaciones límite ante las cuales no encuentran respuesta institucional.

Hace exactamente un año en el norte de Chile hubo un paro regional y protestas cargadas de xenofobia por la crisis migratoria, el aumento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia en la zona. Hace unos días aconteció algo similar en Iquique y Alto Hospicio. Y se pueden anticipar el impacto que tendrá la crisis en el sur de Perú. El gobierno anunció que, por ley de infraestructura crítica, se instalarán militares en la frontera y que el estado de excepción no se descarta. Esta es la dimensión más urgente del problema, pero queda la crisis humanitaria no solo de los migrantes, sino de todos aquellos que se ven presionados por recursos y espacios de convivencia en una zona ya precaria en institucionalidad social e infraestructura de servicios.

Por otro lado, en la zona sur de Chile, la fuerte explosión de violencia en los últimos años ya condujo al estado de excepción. Con la detención de personas vinculadas a grupos violentos y la persecución de delitos como el tráfico de drogas, porte de armas y robo de madera, la violencia rural ha disminuido en alrededor de un 40% en 2022, según información del Ministerio Público. Pero de nuevo, enfrentar el delito es la tarea más básica de todo Estado de derecho. Paralelamente hay que preguntarse cómo aportar para la reconstrucción de la sociabilidad democrática. En 2022, la Encuesta CEP hecha en la zona mostró que la experiencia cotidiana de la violencia es igualmente grave para la población mapuche y no mapuche y que hay visiones comunes sobre la solución del conflicto. Sin profundizar este camino, la arrogancia moral puede ser nuevamente recibida a balazos en los territorios.

Todas estas, entre otras, son buenas razones para una nueva Constitución. Chile no es un cementerio de la democracia, pero tampoco un oasis de plenas libertades. En una reciente entrevista en El Mercurio, Juan Luis Ossa enfatizó en el valor de distintas posiciones políticas, de las minorías y de la democracia representativa para cimentar la legitimidad de nuestro orden social y político. Esto es clave para no caer presa de impulsos autoritarios o populistas que ya se advierten. No querríamos aparecer en unos años más en el índice de posdemocracia plena.