"Si queremos ser una política pública efectiva ojalá no necesitemos residencias"
A poco más de un año de funcionamiento, el servicio especializado hoy contabiliza a cerca de 11 mil menores bajo sus programas tanto ambulatorios como residenciales por graves vulneraciones a sus derechos.
Desde el 9 de enero Virginia Alvayay dirige de forma subrogante el Servicio de Protección Especializada Biobío, conocido también como Mejor Niñez. Previamente cumplía este mismo rol en la Región de Ñuble y asegura que Biobío tiene un gran volumen de programas y líneas de acción, lo que se refleja también en la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran intervenidos de forma ambulatoria o cuidados alternativos.
Alvayay es directa y comenta que prefiere que el servicio sea llamado como lo que es, un servicio que tiene por función la reparación de los derechos de los menores, ya que Mejor Niñez es un tema que compete a toda la sociedad. "Nuestro imperativo ético es visibilizar la problemática en la que están hoy los niños, niñas y adolescentes, quizás por la pandemia pudimos ver los problemas de convivencia escolar, pero creo que esa es una consecuencia de lo invisibilizada que está la niñez y adolescencia", agregó en esa línea.
La directora recordó que el servicio atiende a aquellos menores que han sido gravemente vulnerados, y por ende sus casos se encuentran judicializados, es decir, un tribunal determinó su intervención, la que la mayoría de las veces se trata de forma ambulatoria y en los casos más críticos con cuidados alternativos, es decir, sacarlos de sus hogares y familias.
-¿Cuántos menores están bajo intervención del servicio a nivel local?
-En Biobío tenemos alrededor de 11 mil niños, niñas y adolescentes en distintos programas, de esos 490 están en organismos colaboradores residenciales y tenemos 390 que están en administración directa. En familias de acogida, que están en cuidado alternativo y restituyen el derecho de vivir en familia, tenemos alrededor de 900 NNA, por lo tanto hay 9.500 menores que están en cuidados ambulatorios.
-¿En qué estado se encuentra la instalación y acreditación de colaboradores en la región?
-El Servicio tiene altos estándares de funcionamiento, es creado como un servicio especializado en materia de protección (...). Para operar hoy en el servicio se requiere un proceso de acreditación relacionado a aspectos económicos, administrativos, cumplimiento de normas y el respaldo técnico que tenga el organismo. Actualmente tenemos algunos ya acreditados que pueden seguir funcionando, otros que están terminando su proceso de intervención y no tienen interés en acreditarse y algunos que están en proceso de acreditación y que esperamos lo puedan finalizar.
-¿Y en qué situación se encuentran las residencias en la región?
-Es una realidad que existen más colaboradores para la intervención ambulatoria que para la intervención residencial, por eso es que en Biobío tenemos 4 residencias de administración directa, cuya responsabilidad recae solo en nosotros. Creo que si queremos ser una política pública efectiva ojalá no necesitemos residencias, ya que si la ley de garantía moviliza al sector público, privado, la sociedad en su conjunto y a las familias, nosotros no deberíamos tener niños, niñas y adolescentes que requieran cuidados alternativos. Sin embargo, sabemos que la realidad en nuestro país es que hay niños que son separados de sus familias y requieren este servicio.
-Considerando las vulneraciones que se han registrado a menores en residencias locales previamente ¿cómo este servicio busca evitar que se reiteren?
-El estándar es mucho más alto con este proceso de acreditación para los organismos que quieran ejecutar acciones del servicio (...). Además de fiscalizar, supervisar y hacer seguimiento a los distintos programas, este servicio cuenta con una unidad de Asistencia Técnica y Transferencia, ya que queremos acompañar los procesos de intervención, desarrollando instancias de capacitación, formación y conversatorio respecto a las distintas temáticas que aborda la vulneración de derecho (...) Entonces lo que diferencia a este servicio del anterior es desarrollar capacidades , asistencia técnica y verlo como un proceso permanente.
-¿Cómo se relaciona este servicio con otras instituciones?
-La misma ley que crea el servicio, determina la creación de un comité intersectorial que está bajo la tutela, dirección y presidencia de la Seremi de Desarrollo Social, es decir, Edson Díaz preside esta comisión y por ley tiene que sesionar una vez al mes y el Servicio que yo dirijo hace de Secretaría Ejecutiva. Aquí se convocan todos los servicios que trabajan con niñeces: el Ministerio de Educación para abordar acciones de inclusión, integración y hacerse cargo de la exclusión escolar (niños que salen del sistema); Seremi de Deportes, Seremi de Cultura; Seremi de Justicia; SernamEG porque detrás de una mujer violentada a veces hay víctimas que son NNA que participan como víctimas adicionales. Entonces se evidencian problemáticas respecto a la vulneración grave, pero también acciones protectoras y de verdad que uno ve el compromiso de todos los sectorialistas y seremis para participar con responsabilidad.
-¿Qué desafíos y dificultades ha identificado que enfrenta el servicio en la región?
-El mayor desafío que pasa a ser una oportunidad es que junto a la creación del servicio contamos con la Ley de garantías que permite expresarse como Estado, de manera más organizada en materia de protección. El desafío es que asumamos tanto el intersector público, el mundo privado, la sociedad y finalmente la familia que todos somos garantes de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. La mayor de las dificultades es que finalmente nos quedemos solos en materia de protección, como en algún minuto pudo haberse visibilizado en la labor del Sename, porque el servicio no puede estar solo en materia de protección.