Frente al actual escenario de beligerancia ciudadana, estancamiento de la inversión y obsolescencia de los planes reguladores que rigen nuestras ciudades, son muchos los que discuten cómo acelerar y modernizar sus procesos de actualización. Sin embargo, no parece plausible atribuir a los planes reguladores el actual escenario de conflictividad urbana que vivimos, como tampoco esperar que estos por sí solos restauren las confianzas ni establezcan nuevos tratos entre los distintos actores que comparecen a los acelerados procesos de transformación urbana.

Al mirar la literatura sobre conflictos urbanos, se suele identificar en los discursos de los grupos contrahegemónicos tres percepciones respecto del origen y definición de los conflictos urbanos. Los detonados por injusticias redistributivas, los que surgen por falta de participación, y aquellos fundamentados en el no reconocimiento de determinados actores y grupos estructuralmente excluidos.

Estos tres argumentos no son únicos ni excluyentes entre sí y suelen interaccionar de manera compleja y no necesariamente lineal. No obstante, este actual escenario de conflictividad urbana se ve especialmente acicateado por el evidente desgaste de una narrativa neoliberal, cuyo relato central sigue anclado a la idea de la modernización territorial para la competitividad económica nacional. Esta agotada narrativa ha justificado y sigue justificando las subordinaciones escalares y sacrificios de lo local en post de los intereses regionales y nacionales, bajo la sempiterna promesa de una recompensa futura que parece nunca llegar.

Esta longeva y mal llevada narrativa, al igual que la instalación del modelo neoliberal en Chile, lleva más de 50 años y se ha acompañado de dos procesos relevantes de consignar: (i) los ciudadanos han perdido los canales de diálogo con el poder estatal que otrora entregaban los hoy deslegitimados partidos políticos, y (ii) el Estado hoy actúa de manera corporativa, ejerciendo una no declarada alianza con los grandes actores de mercado en pro del crecimiento económico. Estas dos cuestiones hacen sinergia, acentuando y profundizando la percepción ciudadana de abandono, participación marginal y no injerencia en el devenir de sus espacios vitales y entornos cotidianos, instalando un frustrante convencimiento que la producción de la urbe y barrios que disfrutamos y padecemos se ha concentrado en reducidas élites económicas y técnicas.

Así, no estoy claro si debemos buscar mecanismos para agilizar la aprobación-actualización de los planes reguladores comunales o discutir su efectividad e idoneidad, en un escenario como el actual, marcado también por una aceleración de los procesos de acumulación capitalista y transformación urbana. En ese sentido, se vuelve relevante poner atención en el necesario diálogo inter-escalar entre los distintos actores, pensando en efectivos y dinámicos dispositivos deliberativos que permitan entronizar y negociar los intereses de la sociedad civil, la institucionalidad pública y el mercado, en sus distintas escalas. Dicho objetivo no puede cumplirse sin antes avanzar en el reconocimiento de aquellos grupos estructuralmente excluidos.

Más que buscar herramientas para agilizar la actualización de los planes reguladores, debemos construir las bases para un nuevo trato entre los distintos actores que convergen en los procesos de producción de nuestros entornos construidos, donde por cierto nadie sobra, sino por el contrario, todos somos necesarios.