Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl

En un contexto colmado de emergencias, crisis y diálogo constitucional es comprensible que a veces se pueda perder el rumbo del trabajo que desarrollan los diputados de la República. En medio de toda esta vorágine nacional, no obstante, los 13 legisladores que representan a la Región del Biobío en la Cámara Baja han venido marcando desde el 11 de marzo de 2022 sus énfasis a través del ingreso de diferentes proyectos de ley. Según se observa en el portal de la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados, hay representantes que se han destacado ampliamente en este ejercicio, ya que en esta primera parte del nuevo ciclo legislativo han logrado firmar más de 40 mociones, quintuplicando así la marca de otros parlamentarios, por ejemplo. Ahora bien, tampoco hay que obviar que en el caso local la mayoría se trata de proyectos generados en conjunto a otros legisladores, es decir, comparten autoría, y a planes que apuntan a concretar modificaciones a otras leyes o normas. Son pocos quienes se han animado a presentar planes por sí solos.

En el análisis se advierte, además, un avance lento respecto a las ideas planteadas por los diputados de los distritos 20 y 21, sobre todo si se tiene en consideración la gran cantidad de proyectos ingresados en estos primeros nueve meses. Tan solo seis parlamentarios han logrado dar un empuje más rápido a tres mociones que hoy se encuentran en segundo y tercer trámite constitucional, y dos han podido hacer que un mismo proyecto termine transformándose en ley.

Pero más allá de eso, ¿qué temas preocupan a los diputados? ¿Sobre qué legislan en sus proyectos? EL SUR se propuso hacer un zoom a esta realidad y poner sobre la mesa parte de sus áreas de acción, ya sea desde el análisis de las mociones de autoría única o las que presentan un camino más recorrido al interior del Congreso, o también aquellas que han representado un consenso mayor entre los representantes que tiene la zona o aparecen como ideas más llamativas. Bajo ese parámetro, temas como la pesca, los alimentos, el voto obligatorio, las asignaciones parlamentarias, la vulnerabilidad en el embarazo o la administración pública son elementos dignos de destacar.

Hasta los primeros días de esta semana, Eric Aedo (DC), Roberto Arroyo (IND), Leonidas Romero (IND-REP) y Cristóbal Urruticoechea (REP) se mantenían como los únicos diputados locales en presentar mociones de exclusiva autoría. El demócrata cristiano ha firmado 22 iniciativas y solo una es empujada por él en todo sentido. Se trata de un proyecto que busca establecer una prohibición en los cambios de hora oficial, pero al día inmediatamente anterior a un proceso electoral o plebiscitario. Su eventual aprobación, sostiene el diputado en el documento ingresado al Congreso, evitará que los cambios horarios generen una "desorbitación o desorientación en el ser humano, al deberse ajustar una anormalidad horaria que pudiera contraponerse u obstaculizar el libre ejercicio democrático".

El diputado Arroyo, quien hace unos días renunció al PDG, pretende modificar la actual Constitución para establecer el voto obligatorio en elecciones y plebiscitos. Un tema que ya ha sido abordado por otros parlamentarios, e incluso, esta semana, pasó a su tercer trámite constitucional una moción refundada con otros proyectos para avanzar en su reposición.

Por su parte, Romero y Urruticoechea cuentan con dos proyectos cada uno. Mientras el primero busca impulsar reformas constitucionales para establecer la obligación legal de reembolso de gastos de asignaciones parlamentarias que hayan sido objetadas o reparadas, así como otorgar un alivio a la actividad pesquera artesanal respecto a remanentes no consumidos de cuotas anuales, el segundo dirige su atención a crear un fondo para el acompañamiento integral de las mujeres con embarazo vulnerable y clarificar, además, la categoría de auxiliares de la educación pública.

En promedio, es posible decir que un diputado de la Región ha firmado unas 25 mociones en estos nueve meses. Son muy pocas, sin embargo, las que contaban a inicios de semana con un avance superior al primer trámite constitucional. En una labor mancomunada, Sergio Bobadilla (UDI), Leonidas Romero (IND-REP) y Eric Aedo (DC) han visto cómo uno de sus proyectos hoy se mantiene en segundo trámite constitucional. El plan compartido tiene por objeto modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para sancionar a aquellas personas que apocen, extraigan, transporten o comercialicen recursos hidrobiológicos contaminados.

En este mismo nivel, un proyecto en el que participan Marlene Pérez (IND-UDI), Joanna Pérez (IND), Karen Medina (PDG) y el mismo Aedo apunta a garantizar el derecho a alimentos asociados a las personas mayores con dependencia y/o personas con discapacidad, estableciendo que el familiar que acredite ejercer el rol de cuidador o cuidadora pueda representarlo en el ejercicio de la acción. "Actualmente, el Estado entrega escaso reconocimiento y apoyo hacia estas personas", acusan.

Leonidas Romero es el único legislador de la zona que mantiene una moción en tercer trámite constitucional. De autoría propia, el proyecto del ex alcalde de Coronel -que se menciona en el recuadro anterior- modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura en recursos como la sardina común y austral, o la merluza común y austral, y en regiones particulares de Chile. Dentro del contenido se explicita que "este proyecto de ley busca otorgar un alivio definitivo a la actividad pesquera, esencialmente artesanal" y que eso "se llevaría a cabo sin afectar la sustentabilidad de las especies".

Dentro de la lista de iniciativas que en su mayoría comparten los diputados existe una gama amplia de ideas y argumentos, conceptos que convergen gracias a la afinidad política que parte de ellos tienen. En el caso del resto de parlamentarios aparecen planes que apuntan, por ejemplo, a establecer reglas de igualdad para la designación de representantes del sector pesquero artesanal o introducir la calificación jurídica "ausente por desaparición forzada", tal como promueve María Candelaria Acevedo (PC), o crear una ley general de protección de humedales o fomentar la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, como aspira Félix González (PEV). Clara Sagardía (IND-FA), otra de las representantes locales del ala izquierda, se ha enfocado en buscar sanciones a autoridades o funcionarios públicos que causen alarma pública por difundir noticias falsas o en modificar el reglamento de la Cámara para normar sesiones parlamentarias distritales.

Al otro lado, en la derecha política, Francesca Muñoz (IND) apuesta por crear una especie de empadronamiento de trabajadores de plataformas digitales o mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Su par Flor Weisse (UDI), en tanto, apela a aumentar las penas a quienes cometan delitos contra personal de Bomberos y tipificar delitos de terrorismo rural y reconocer las calidades de víctimas y desplazado forzado por violencia rural.

Por supuesto, todas estas mociones son una muestra de una cantidad más extensa de proyectos de ley en los que también participan otros diputados regionales y nacionales.