Hoy, 18 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Migrante, fecha que nos invita a pensar y reflexionar sobre la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en nuestros territorios y comunidades. Y la primera pregunta que me nace es si sabemos y entendemos quiénes son los migrantes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.

De acuerdo al último informe sobre las migraciones en el mundo, emitido por dicha organización, en 2020 un total estimado de 281 millones de personas vivían en un país distinto de su país natal. Las razones de estos movimientos migratorios están dadas por una variedad de factores, ya sean económicos, culturales, familiares u otros, o como el resultado de acciones relacionadas a la violencia o la búsqueda de una mejor calidad de vida.

En Chile, conforme al Instituto Nacional de Estadísticas, la población extranjera llegó a 1.482.390 personas en 2021, un 1,5% más que en 2020. Para el caso de la Región del Biobío, esta se encuentra dentro de las regiones que más crecieron en términos relativos, en el período 2018-2021, con un aumento de un 22,1%. Así, actualmente 34.398 personas extranjeras residen en ella. Esta realidad exige avanzar con celeridad en contar con mecanismos eficaces de respuesta que permitan promover y proteger los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, especialmente de grupos de atención prioritaria como son niñas, niños y adolescentes.

Esta garantía y protección de los derechos de las niñeces y adolescencias migrantes, debe ser provista por la familia, la sociedad y el Estado, quienes están llamados a desempeñar papeles específicos y complementarios que permitan asegurar las condiciones y experiencias necesarias para su pleno desarrollo; acompañar, orientar y sostener afectivamente sus procesos de autonomía progresiva; garantizar el acceso oportuno a sus derechos, así como fortalecer y habilitar para que se asuma la debida promoción, protección y ejercicio de los mismos en forma individual y colectiva, y de acuerdo a su grado de desarrollo.

De esta manera, las decisiones de las autoridades migratorias sobre el ingreso o permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes o sus padres, tutores o adultos responsables en el territorio de un país resultan decisivas para la unidad o separación del grupo familiar, garantizando o impidiendo de esta forma el ejercicio de su derecho a vivir y desarrollarse en su entorno familiar.

Así, en esta nueva conmemoración del Día Internacional del Migrante, la invitación a nuestras autoridades es a adoptar mecanismos que prioricen decisiones normativas y de política pública que promuevan el mantenimiento de la unidad familiar, evitando la separación, bajo la sola excepción que dicha separación responda al interés superior del niño, la niña o el adolescente.

La recuperación económica y de los puestos de trabajo en el país luego de la crisis social y de la pandemia producto del Covid -19 parece presentarse con un escenario esperanzado para miles de trabajadores y trabajadoras que perdieron sus empleos hace ya casi dos años, sin embargo, esa alegría no es para todos y todas pues la recuperación ha sido mucho más lenta para hombres y especialmente mujeres con niños/as menores de dos años.

Mientras el mercado laboral continúe con la rigidez que lo caracteriza y el derecho a sala cuna siga siendo un costo para el empleador será difícil incluir a este grupo postergado con rostro de mujer. Es por esto, que en las temporadas navideñas florecen los emprendimientos femeninos de distinta índole, especialmente asociadas a la elaboración de alimentos como panes de pascua, galletas navideñas, tortas de todo tipo, entre otras. A estos florecientes emprendimientos, les llamamos de subsistencia, los cuales desde la pandemia aumentaron significativamente, alcanzando un porcentaje de 19,6% este último año, en su mayoría informales. Ya en el 2021 la Fundación Sol indicó que el 75,3% de los emprendimientos de mujeres están en la informalidad y en situación de precariedad.

Cuando hablamos de emprendimientos femeninos de subsistencia estamos hablando de una situación laboral precaria, en donde las actividades de producción se realizan en los hogares de mujeres en los cuales no necesariamente existen los espacios adecuados y seguros para el trabajo. En jornadas extensas, a veces las elaboraciones de alimentos se realizan en las noches, mientras los niños y las niñas duermen manteniendo las dobles jornadas remuneradas y no remuneradas dificultando tiempos de descanso. Las ganancias se instalan en el ámbito de la sobrevivencia, en muchos casos no alcanzando el salario mínimo. Sin embargo, el emprendimiento de subsistencia es la única opción para cientos de mujeres excluidas de los espacios laborales formales y que no pueden acceder a ellos por temas de cuidados siendo esta ocupación la que les permite mantener a sus familias.

Con los relatos de cerca de 40 mujeres en proceso de capacitación junto a TPH y el Gobierno Regional del Biobío, observamos que las lógicas del emprendimiento femenino apuntan hacia la cooperación, la solidaridad, la intencionalidad de apoyar a otras mujeres desde el ámbito del trabajo, el anhelo de darles una mejor calidad de vida a sus hijos e hijas y de generar las confianzas para el desarrollo de su liderazgo.

Desde Fundación Trabajo Para un Hermano gracias al financiamiento del Gobierno Regional del Biobío nos aventuramos en el apoyo a mujeres que tienen o buscan crear emprendimientos que están en el nivel de subsistencia; esto porque creemos que la capacitación técnica junto con el desarrollo de habilidades blandas y el apoyo con un capital de emprendimiento permitirán fortalecer o abrir oportunidades para la generación de ingresos femeninos. Un primer escalón para quienes requieren oportunidades para el desarrollo económico y social, dignificar una labor productiva que implica una transformación y validación en sus vidas y que esperamos favorezca romper barreras y avanzar hacia su autonomía económica.

Chile son sus regiones, donde vive la mayor parte de la población, donde se generan sus riquezas, aportadas por miles de personas que impulsan la minería, agricultura, energía, comercio y tantas otras áreas. Donde sus paisajes naturales y humanos son la postal que presenta al país ante el mundo. De ellas provienen y han vivido nuestros Premio Nobel, artistas, intelectuales, obreros, técnicos, profesionales, científicos (as) y pueblos originarios. Hombres y mujeres que con su esfuerzo han forjado el desarrollo de esta "fértil provincia y señalada", como la describiera Ercilla.

Chile es también una historia ingrata que, desde los inicios de la república, ha cimentado desigualdades, una aguda concentración territorial de población, recursos y actividades, un implacable centralismo social y político, y sobre todo, una cultura que persistentemente ignora o subestima las capacidades de mujeres y hombres que viven fuera de la capital.

Recientemente se generó un amplio acuerdo político para retomar el proceso constituyente destinado a enmendar y superar anomalías que tensionan nuestra comunidad y limitan los esfuerzos de desarrollo. Valoramos que el denominado Consejo Constitucional, integrado por 50 consejeros (as), sea electo por la ciudadanía, permitiendo la presencia de representantes de todas las regiones, incluidos pueblos originarios.

Pero, vemos con preocupación, y en esto la historia nos respalda, que en la conformación de las dos instancias técnicas previstas, el centralismo metropolitano nuevamente cobre plena vigencia, marginando o dando espacios meramente simbólicos a personas que representen la diversidad de las comunidades, de saberes y territorios de nuestro país.

Compartimos que la comisión experta tenga una composición paritaria. Las universidades regionales han sido principales impulsoras de la equidad de género. Pero, el concepto genérico de "indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica", y elegidos en proporción a las fuerzas políticas en el Senado y Cámara, despiertan el justificado temor que se reediten esquemas con personas cuya experiencia vital y laboral se resuma en unas pocas comunas metropolitanas. Similar preocupación tenemos respecto del Comité Técnico de Admisibilidad.

Seria incomprensible que la "casa de todos", como se aspira sea la nueva Constitución, ignore la perspectiva regional, la que da cuenta de las inquietudes y sueños del 60% de las y los chilenos, todo ello en un país que se enorgullece de su diversidad territorial.

Chile demanda garantías efectivas, no discursivas, de un proceso legítimo y altamente representativo. Esto requiere considerar personas cuyos conocimientos y experiencias incorporen a la discusión variables regionales que dan cuenta de inequidades y de un centralismo que, nueva Constitución mediante, ya es hora de remediar.

Finalmente, reiteramos una vez más, la completa disposición de las 22 universidades regionales que conforman AUR, de sus más de 20.000 académicas y académicos para aportar en este magno desafío por el desarrollo de Chile, en todo Chile y con y para todas y todos los chilenos.