Por Karlyng Silva Leal

Son 750 los niños, niñas y adolescentes que como usuarios de programas del Servicio Mejor Niñez a fines de este mes deberán cambiar los equipos interdisciplinarios de atención. Esto es producto del resultado de un concurso público para 5 de los 6 programas que presta la Fundación Ciudad del Niño y que se adjudicó otra institución, situación que el sindicato intenta revertir apelando en el proceso administrativo y ante la justicia.

Ciudad del Niño Ricardo Espinoza entrega servicios como parte del Programa de Reparación en Maltrato en el que se atienden menores de edad por orden de los tribunales de familia, esto para abordar a menores que han sido víctimas de vulneraciones de derechos y sus derivados en cuanto a abuso y maltrato. En ese sentido, actualmente opera con 6 de estos programas, los cuales al ser repostulados en el segundo concurso público fueron evaluados con nota máxima y la detección de numerosas fortalezas.

Desde la institución señalan que pese a ello, tras existir un empate con otras Organizaciones sin Fines de Lucro se resolvió que perdieran la continuidad de 5 de los 6 programas que mantienen vigentes. La situación implica que los menores y sus familias pierdan la continuidad de las intervenciones de los equipos psicopedagógicos, pero -por sobre todo- la exposición a la revictimización.

Preocupación

Entre los argumentos de los funcionarios para apelar a esta situación se encuentra una situación similar registrada en la región de Los Lagos, donde frente a un empate la directora nacional de Mejor Niñez determinó la adjudicación del proyecto a la organización que se encontraba en funcionamiento, esto al utilizar como criterio la protección a los niños, niñas y adolescentes como usuarios.

Al respecto, la presidenta del sindicato, Claudia Parra, aseguró que la situación ya fue informada a las familias, las cuales rápidamente hicieron notar su preocupación por esta situación sobre la continuidad de la asistencia a sus hijos o menores a cargo, ya que se trata de programas especializados en terapia de situaciones graves y de carácter delictual, por lo que el proceso terapéutico cobra gran relevancia.

"Acá la importancia de la acción terapéutica es la estabilidad del niño, llegar a un equilibrio emocional. Entonces ellos vienen dos veces a la semana, conversan y generan una alianza terapéutica para lograr externalizar aquello que quieren decir. Esos niños ahora tienen miedo y resistencia, en algunos programas las familias están dispuestas a participar de la manifestación. Ese es el nivel, porque hay un gran desconcierto e incertidumbre".

En ese sentido, comentó que también se vulnera el derecho de los menores a escoger, pues el servicio ha instado en sus últimas directrices que los usuarios deban escoger a sus terapeutas, situación que no está siendo respetada en esta instancia. "Algo cierto que puede ocurrir es que los niños puedan retroceder en sus procesos y que las secuelas que en algún momento remitieron eventualmente se puedan reactivar, por ello esta ansiedad y angustia de necesitar volver a la estabilidad", agregó.

Molestia

Parra explicó que tras el resultado del concurso comunicado a principios de este mes solicitaron vía transparencia información sobre el proceso, con lo cual se dieron cuenta además de que con la positiva evaluación la diferencia entre fortalezas identificadas con las otras organizaciones también era importante, pues Ciudad del Niño mantuvo 40, en comparación a las 3 y 5 de las otras dos fundaciones que concursaron.

En ese sentido, aseguró que la molestia y los argumentos para apelar en la fase administrativa nace de una situación objetiva. "El Servicio Mejor Niñez se equivocó al puntuar y en esta aplicación de la rúbrica. Nos molesta que, de manera arbitraria, por así decirlo, consideran nuestras fortalezas, pero le adjudican los proyectos a quienes tienen menos fortalezas que nosotros", aseguró.

También apuntó a que en la fundación ya generaron todas las instancias legales, siendo una de las más importantes un recurso de reposición, ya que los programas finalizan este 30 de noviembre y pasarían a la ejecución de quienes se lo adjudicaron, y con esta acción legal los usuarios podrían mantenerse bajo el servicio de la fundación a la espera de que se resuelva la apelación por la vía administrativa.

5 de 6 programas que mantiene en curso la Fundación finalizarían su adjudicación este 30 de noviembre tras el nuevo proceso

1.000 aproximadamente son los menores que atiende la Fundación Ciudad del Niño en el total de programas y proyectos a su cargo

Durante la última semana se registraron tres ataques incendiarios a maquinarias en la provincia de Concepción, dos de ellos afectaron a maquinarias que estaban realizando obras en la ampliación de la costanera camino a Chiguayante; otras del nuevo puente ferroviario sobre el Biobío y un tercero en un fundo entre Tomé y Coelemu donde quemaron una máquina forestal.

A raíz de estos hechos, el día jueves el senador Gastón Saavedra acudió hasta la Fiscalía Regional para solicitar una dedicación exclusiva para la investigación de estos actos de violencia. "En estos hechos que se han venido propagando, desarrollando y afectando más territorio y más población, se debiera denominar una persona en términos exclusivos a los hechos que han ocurrido en Concepción, que a mí entender tienen una connotación un poquito distinta", agregó.

Por su parte, el diputado Eric Aedo acudió ayer hasta la misma institución para ingresar un oficio solicitando a la fiscal regional la creación de un foco investigativo criminal respecto a los últimos atentados registrados en el Gran Concepción.

"Necesitamos investigar si estos hechos tienen vinculación con esa violencia que ocurre en la macrozona Sur o si obedecen a un fenómeno distinto, más bien de algunos grupos anarco que operan en la zona y que lo han dicho abiertamente los servicios de inteligencia; y para eso necesitamos investigarlo de forma autónoma", aseguró el parlamentario.

3 ataques incendiarios ocurrieron en

Este sábado 19 de noviembre comienza a regir el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, instrumento que nace al alero de la Ley N°21.389 y a propósito de la triste constatación de cientos de miles de pensiones impagas, detectadas en el proceso de retención y retiro del 10% de los fondos previsionales que los deudores de pensiones alimenticias mantenían en las cuentas de capitalización individual.

En la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción se recibieron 75.700 solicitudes de retención de fondos de las AFP, lo que dio pie al pago de más de $38.470 millones por concepto de deudas.

Frente a este problema, el Estado adoptó una actitud, tal vez no tan frecuente, de ponerse de acuerdo para generar caminos de solución para un comportamiento social que obviamente va mucho más allá del no pago de una deuda; siendo trascendente para las instituciones y la sociedad posicionar el principio de la corresponsabilidad parental en un lugar prioritario, ya que es la única forma de conformar una sociedad sana, equilibrada y justa. Y esta ley ha significado un avance, pues estimula el cumplimiento de obligaciones que nunca deben ser consideradas una elección para los progenitores, sino un deber.

Para ello, la ley endurece las herramientas que pueden utilizarse para exigir el pago de alimentos, como la denegación de licencias de conducir por parte de un municipio o la retención de un porcentaje del crédito obtenido en una entidad bancaria.

La Ley N°21.389, si bien no resuelve el problema de fondo, representa el compromiso de atender necesidades sociales de relevancia, y posibilita un cambio de paradigma en la forma de sancionar o perseguir el cumplimiento de una obligación.

El sistema coercitivo que hoy se pone en marcha también constituye un reto que impone desafíos a todas las personas que se desempeñan en instituciones llamadas a hacer efectivo el espíritu de la ley, principalmente aquellas que por obligación deben consultar el registro antes de visar un trámite. Si esto no se sortea favorablemente puede generarse un descrédito ante la ciudadanía, justamente a quienes servimos.

Por lo pronto, hay que tener la esperanza que la ley atenuará un problema social y cultural asentado en nuestro país, permitiendo dar tranquilidad a los progenitores que tienen el cuidado personal de sus hijos e hijas de contar con la manutención mensual necesaria para que puedan vivir con dignidad y con la certeza del respeto de todos sus derechos.

Fabio Jordán Díaz.

Presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción