Por Diana Aros Aros

La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, realizó ayer una serie de actividades en Biobío con sectores productivos, organizaciones sociales y autoridades regionales, en el marco de su primera visita a la zona desde que asumió el cargo, con el objetivo de explicar y socializar el proyecto de reforma de pensiones que fue ingresado hace unos días al Congreso. Según detalló el Ejecutivo en la presentación del proyecto, la finalidad de esta reforma es aumentar las pensiones, tanto para los actuales como para los futuros jubilados, con especial énfasis en mujeres a través de tres mecanismos que incluyen un incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el otorgamiento de una nueva pensión del seguro social financiada por empleadores y la disminución de las comisiones y mejoramientos de la rentabilidad obtenida en el componente de capitalización individual.

Ante esto, la subsecretaria de Hacienda explicó que "es importante aclarar que los fondos que muchos tienen en sus cuentas individuales hoy día en la AFP no se tocan, nadie los va a expropiar ni robar. El aporte de los trabajadores va a ir directo a esas cuentas y que el traslado de esos fondos que hoy están ahorrados va a ser automático a los inversores de pensiones privados. La gente que quiera se va a poder cambiar a nuevos gestores privados o al gestor público de inversiones que se llama Inversor de Pensiones Público y Autónomo".

En la misma línea, detalló que este inversor se encargará de administrar los ahorros y que tendrá autonomía legal y operativa. Respecto a los cambios, estos se introducirán de manera automática, para así simplificar los trámites asociados a esta materia.

Compensación a mujeres

Este proyecto busca poner énfasis en la situación actual de pensiones de mujeres, por lo que genera beneficios en diferentes aspectos, definidos por los componentes del seguro social. "Las pensiones de los actuales jubilados, las pensiones de las mujeres son menores a las de los hombres, entonces eso se va a compensar, porque a las mujeres se aplica una tabla con mayores expectativas de vida", precisó Sanhueza.

A su vez, este seguro social incorpora otro tipo de seguros, donde figura el de maternidad, contemplando que por cada hijo nacido vivo existirán 24 cotizaciones adicionales. En el caso de personas que deban salir del mercado laboral por razones de cuidado a personas en situación de discapacidad, severa o moderada, también se incluirán 24 cotizaciones más.

"Además, el seguro social ocupa tablas unisex, entonces no produce esa diferencia para quienes han trabajado lo mismo y se jubilan al mismo tiempo", puntualizó la subsecretaria de Hacienda.

Aporte de empleadores

La reforma presentada también contempla que los empleadores hagan un aporte del 6% a las cotizaciones. Esto último ha generado dudas en los diversos sectores productivos, principalmente en empresas de menor tamaño por los costos asociados que significa esta contribución al sistema.

"Nosotros hicimos un informe que evaluaba el impacto en la economía de este 6% de los empleadores y hay dos conclusiones. Primero, nosotros hicimos un estudio de largo plazo como esto se transforma en un fondo de ahorro, esto se transforma en inversión y también en mejores condiciones para acceder a créditos para financiar estas inversiones y, por lo tanto, mayor crecimiento y empleo", dijo Claudia Sanhueza.

Respecto a las incidencias, la subsecretaria de Hacienda afirmó que en el largo plazo existe una seguridad de que esta reforma favorece al empleo y no lo perjudica. "En el corto plazo, sin embargo, pueden asegurarse de que este incremento en el costo es la contribución adicional del empleador, no perjudique al empleo y por eso el aumento es bastante gradual. Esa es la forma en la cual uno puede enfrentar el mayor costo", añadió.

De acuerdo al planteamiento, el primer año el empleador deberá contribuir con un 1% a las cotizaciones de sus trabajadores, aumentando otro 1% al segundo año. Esto, en un plazo de seis años y "esperamos que en esos seis años la agenda de productividad e inversión que tiene el Gobierno permita mayor crecimiento y absorba esos costos adicionales", dijo Sanhueza.

Así, para el caso de los actuales pensionados, el 6% entregará una pensión equivalente a 0,1 UF por año cotizado y compensando a las mujeres por las tablas diferenciadas por sexo. Esos incrementos se materializarán de manera inmediata para los pensionados actuales. Para los futuros pensionados, el 6% operará con lógica de seguro social y los beneficios dependerán de lo que cada persona aportó.

Vecinos de la población El Triángulo de Hualpén interpusieron un recurso de protección en contra de Enap y del Ministerio de Medio Ambiente por vulneración de garantías constitucionales "por un episodio de contaminación" que se registró el pasado 24 de octubre en el sector. En el documento se solicita que deje de funcionar la antorcha de la refinería y se habla de "una contaminación sistemática y metódica" de parte de la estatal.

El abogado Remberto Valdés, quien representa a los 1.380 vecinos e interpuso la acción judicial en el Tribunal de Justicia de Concepción, señaló que "le estamos haciendo un llamado al Presidente Gabriel Boric y a la presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, ellos no son culpables de todas estas atrocidades ambientales, porque han acontecido en tiempos pretéritos a su administración, pero deben ser responsables de una inmediata solución".

Según indicó Valdés, desde el año 2019 "la antorcha está quemando menos de los ácidos que debe quemar, pues la norma ambiental establece que se debe quemar 1 millón 300 mil kilos cada 15 minutos, pero resulta que están funcionando a una capacidad máxima de 200 mil kilos, eso significa que 1 millón 100 mil contaminantes están en el aire en la comuna de Hualpén desde hace tres años y la autoridad no pone coto a esto".

El día 24 de octubre llegaron cinco niños de la Escuela República del Perú con síntomas de náuseas, vómitos y dolor de cabeza, lo que obligó a la suspensión de clases en el recinto.

En el día mundial del saneamiento queremos compartir reflexiones acerca de la relevancia del tratamiento de las aguas servidas para el desarrollo de nuestra sociedad y de los desafíos que se nos abren a partir de los logros alcanzados como región y país.

Comenzamos el siglo XXI con un cambio radical en nuestra calidad de vida y el cuidado ambiental a través de un esfuerzo público privado que impulsó la descontaminación de las aguas urbanas ya utilizadas. El positivo impacto en el medioambiente que trajo este esfuerzo está hoy a la vista en la región del Biobío. Los ríos y esteros que por décadas recibieron las descargas directas del alcantarillado, hoy han recuperado su biodiversidad y permiten el desarrollo de la comunidad libre de los riesgos de enfermedades como tifus o cólera. Esto ha permitido un desarrollo agrícola, turístico, recreacional y muchas actividades vinculadas a la naturaleza, estableciendo así un nuevo estándar en estas materias.

Las regiones del mundo que no avanzaron en saneamiento hoy tienen serios problemas para su desarrollo. De la mano de la innovación social, países como Colombia y Argentina tratan de cerrar sus brechas de saneamiento en medio de situaciones críticas que afectan a millones de personas. En Chile, el salto que dimos en 20 años nos ubica entre las zonas más avanzadas del mundo en saneamiento, que ha traído bienestar de largo plazo a las comunidades.

Esto no significa que la tarea esté concluida. El próximo paso es llegar con soluciones a las comunidades rurales y requiere de un esfuerzo de colaboración entre todos los actores. No podemos permitir que en nuestro país existan dos categorías de chilenos los que en las ciudades cuentan con un servicio de clase mundial y otros que por vivir en el mundo rural tengan condiciones bajo el estándar, por lo que necesitamos impulsar nuevas ideas con innovación y colaboración.

Otro paso que está a nuestro alcance es reutilizar las aguas tratadas para actividades industriales o incluso agrícolas no comestibles. Así podremos contar con mayor disponibilidad de agua para el consumo humano, que es aún más valioso en un contexto de sequía, en especial en comunas que viven de forma más acentuada los efectos del cambio climático.

El saneamiento, entonces, es un pilar para el desarrollo sostenible que buscamos y además hemos descubierto nuevos beneficios en ello, por ejemplo, la detección de virus en la pandemia. El proyecto Centinela que impulsamos con autoridades y la academia nos permitió analizar las aguas servidas y detectar el gen inactivo del SARS Cov2 en estas aguas. Esta información se transformó en una potente herramienta para la gestión de la salud pública. Así, conocimos que la infraestructura de saneamiento es un verdadero sistema digestivo de nuestras ciudades que con innovación contribuye a la inteligencia para las decisiones de desarrollo urbano y salud.

Quien niegue los avances que hemos logrado como país en estas materias, se cierra a mirar los desafíos, potencialidades y oportunidades que presentan los sistemas de tratamiento de aguas servidas que hoy poseen las ciudades en Chile. El camino será continuar avanzando en sostenibilidad de manera colaborativa y hacernos cargo con responsabilidad del legado que dejaremos a las futuras generaciones.

Cristian Vergara

Gerente General de Essbio