El modus operandi que hay detrás del robo de madera
El mundo forestal plantea la existencia de cuatro fases que parten con la realización de atentados para despoblar los territorios y así iniciar los trabajos ilícitos. El prolongado período de robo, la presencia de sujetos armados y las caravanas de camiones caracterizan parte del proceso.
Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
Las últimas cifras entregadas por Carabineros respecto al delito de robo de madera en la Macrozona Sur son certeras: en los primeros siete meses de 2022 se contabilizaron 586 eventos, de los cuales 231 corresponden a la Región del Biobío (145 a la Provincia de Arauco), según el balance dado a conocer a inicios de semana. Desde el rubro forestal precisan que el problema se acentuó en el último año, lo que se observa, por ejemplo, en el alza exponencial de la circulación de camiones con madera sustraída de forma ilegal.
Datos de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) indican que durante 2021 fueron robados 1,5 millones de metros cúbicos de madera, equivalentes a 50 mil camiones y a un impacto monetario de US$ 92,4 millones. Agregan que en lo que va de 2022 la estimación habla de 25 mil camiones, es decir, "números que muestran un volumen que ha crecido cuatro veces en los últimos cuatro años".
A esta estadística hay que sumar otro antecedente que no ayuda a la causa: de las dos mil querellas y denuncias ingresadas por la industria forestal entre 2020 y 2022 -muchas acompañadas de imágenes que reflejan la magnitud del robo, el tipo de equipamiento y placas patentes de los camiones-, en solo dos causas se ha fallado, dejando a cuatro imputados multados. "Recordemos que el robo de madera no está tipificado como un robo específico y que tiene el mismo castigo que robarse un celular", advierte el presidente de la Corma, Juan José Ugarte, quien revela que a un mismo chofer y camión se le ha registrado ocho veces actuando de manera consecutiva bajo el mando de estas bandas.
El método
Poco a poco las cifras comienzan a estrecharse. Desde el ámbito parlamentario y empresario forestal estiman la participación de unos siete u ocho grupos delictivos organizados detrás del robo de madera en la Macrozona Sur. Todos ellos, dicen, tienen una concomitancia con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), órgano que la semana pasada reconoció una "recuperación y reapropiación" de madera y leña, aunque puntualizó que eso "no puede concebirse como robo".
Esta concomitancia, según dicen, se materializa con la entrega de seguridad, es decir, se les proporcionan guardias armados en toda la operación ilegal, a fin de llevar acabo las faenas al interior de los bosques que, en su mayoría, pertenecen a pequeños y medianos propietarios forestales y aserraderos de escala menor que han esperado unos 20 años para cosechar sus árboles. Casi el 80% de la madera hurtada proviene de pinos.
En todo este proceso hay cuatro etapas identificadas por las firmas forestales: ocupación territorial, robo de madera a escala industrial, transporte de madera robada y procesamiento ilegal y "blanqueo" de madera (ver infografía). El primero se caracteriza por la detección que hacen las bandas a los bosques en estado de cosecha para luego efectuar atentados contra las maquinarias y camiones e interceptar a los trabajadores, de manera de despoblar el territorio mediante la aplicación del temor.
Así, y ya en una segunda etapa, estos grupos se internan por un período que, incluso, puede extenderse entre los seis meses y los dos años. Por medio de equipos sofisticados y alta tecnología para cosecha, trozado, carguío y comunicaciones concretan un robo de nivel industrial que se concentra luego de las 18:00 horas, cuando merma el número de vigilantes en las carreteras que podrían descubrir a los camiones involucrados. Según la Corma, en una de las últimas incautaciones se advirtieron, por ejemplo, seis camiones con acoplado, cuatro maquinarias de última tecnología, tres camionetas, una motoneta, equipamiento de motosierras y armas, elementos avaluados en $1.200 millones.
En la tercera fase, en tanto, los camiones instalados en dichas faenas salen por caminos rurales cargados con rollizos de madera en caravana y escolta armada. Tras pasar por caminos bloqueados se insertan a la vía urbana, en donde camionetas del mismo grupo les avisan sobre los controles existentes en la ruta. Este proceso se caracteriza también por la adulteración de documentos públicos, ya sea del vehículo, planes de manejo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), guías de despacho del Servicio de Impuestos Internos (SII) y patentes.
Finalmente, la madera llega a una cancha de acopio de terceros donde se "blanquea" o, dicho de otro modo, en alrededor de dos días se mezcla con madera de cualquier origen, incluyendo de predios ocupados. Así, el producto es vendido y se establece el delito de receptación por personas que compran a sabiendas, además del fraude a personas y empresas que reciben el material con papeles falsos. Además de estos centros de acopio, existen aserraderos informales o móviles que actúan como receptadores, de tal modo de llegar a diversos puntos de venta del país.
Rol de las forestales
El delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, recuerda que este fue un tema que logró percibir en junio de 2014 cuando se desempeñaba como gobernador en la zona. En aquella oportunidad ya se producían cortes de árboles en predios forestales y de otros privados "que se traducían en un frondoso negocio". Los "empresarios del robo", como él les llama, son capaces de facturar volúmenes correspondientes a miles de hectáreas, cuando lo que en realidad tienen es solo una, según ejemplifica.
Aunque aún todo esto está en materia investigativa, Toro ve probable que la madera robada sea exportada por los puertos nacionales, o ingrese, derechamente, a las empresas forestales de manufactura debido al blanqueo de las facturas y la falta de trazabilidad. Estos últimos problemas, además de las dificultades de las policías y el SII para identificar si las cargas son lícitas o ilícitas, han hecho que este sea un tema complicado de abordar.
Hoy, desde el Ejecutivo no solo esperan abordar el delito por medio del Consejo Regional de Crimen Organizado, sino que también a través de un sistema de trazabilidad generado junto a la Corma y los lineamientos de la Mesa de la Madera, instancia coordinada por la Delegación Provincial y en la que participan nueve grandes, medianas y pequeñas empresas forestales de la Provincia de Arauco, y representantes de firmas contratistas.
"Las investigaciones las llevan las policías y el Ministerio Público, pero es evidente que aquí hay crimen organizado de alto nivel que está ejerciendo este ilícito, y que tiene ganancias estratosféricas, de mucho volumen. Al ser crimen organizado se horizontaliza el tema de la influencia, pero también se verticaliza, y ese es el mayor riesgo", plantea el delegado provincial, quien afirma que gran parte de los responsables de estos delitos son grupos y personas conocidas en la Provincia.
Eric Aedo, diputado DC y presidente de la comisión ad hoc, sostiene que la madera robada se va, en su mayoría, a aserraderos que luego comercializan a tiendas, ferreterías o al extranjero. Ahí, enfatiza, hay otro punto que aclarar, y que tiene que ver con un eventual ingreso del producto irregular a los procesos de las celulosas locales. "No puedo afirmar eso, pero hay que despejarlo a partir de la investigación que desarrolla nuestra comisión. Por eso invitaremos a la Corma y a las forestales, pues todos tenemos que hacer claridad respecto a un negocio ilegal que financia la acción de violencia en la Macrozona Sur", dice.
Para facilitar la comprensión del asunto, el legislador añade que al año son sustraídas hectáreas equivalentes a "unos 11 parques Ecuador de bosque" por parte de grupos y equipos ligados a acciones de resistencia territorial, similar al actuar expuesto por la CAM.
Es por esta razón que realza la necesidad de sacar adelante cuanto antes la normativa que tipifica la sustracción de madera y otros relacionados. Este proyecto fue visado, en general , el martes por el Senado y busca, entre otras cosas, habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución y aumentar sanciones correspondientes al delito del robo con violencia o intimidación contra las personas en dicho contexto.