Estadísticas del estado de excepción
Dos hechos de violencia de gran magnitud se registraron esta semana en la Provincia de Arauco, los que significaron la pérdida de 19 vehículos de diverso tipo, todos quemados por parte de un grupo de desconocidos, acciones que fueron posteriormente reivindicadas por la organización Weichan Auka Mapu (WAM), que en los últimos años mantiene actividad en el cono sur de la Región del Biobío.
Si bien no hubo lesionados durante estos eventos, que ocurrieron con horas de diferencia en la madrugada del martes en el sector de Horcones en la comuna de Arauco y en San José de Colico en Curanilahue, las similares características de los sucesos llamaron la atención de las autoridades y de las policías.
Lo primero es que, al igual que en otras oportunidades, se trató de un grupo de alrededor de 15 desconocidos, que actuaron amedrentando a las personas a cargo de la vigilancia de camiones, máquinas y vehículos menores, armados y organizados. Además, en el lugar dejaron planfletos a favor de comuneros que se encuentran recluidos por diversos delitos en los recintos penales de Concepción, Lebu y Angol.
Se trata del ataque de mayor envergadura ocurrido durante el estado de excepción constitucional en la zona, medida que rige desde el 17 de mayo para las provincias de Arauco y Biobío en la Región y que acaba de cumplir tres meses, con constantes renovaciones que incluyen también a la Región de La Araucanía. Este año, el evento que más daño produjo fue el 28 de abril, aproximadamente 20 días antes de que el Ejecutivo optara por aplicar el estado de emergencia, y que se registró en la comuna de Los Álamos, donde un grupo numeroso de encapuchados llegó hasta el sector de Los Ríos y en plena mañana amenazaron a trabajadores y quemaron 33 vehículos, lo que incluso fue catalogado como la acción más grande de los últimos ocho años en la región.
Dada la situación, tiene lógica que desde la Asociación de Contratistas Forestales, Acoforag, se plantee que más allá de las pérdidas económicas, la preocupación de fondo se sitúe en la ubicación de los ataques, que fueron cercanos a plantas industriales, y al hecho que se trata de situaciones que se siguen repitiendo, pese a la vigilancia de las rutas establecida por el estado de excepción y a la continuidad de la medida por más de 90 días. Uno de los principales voceros sostuvo que "creo que ya está bueno, hay que detener a alguien y las instituciones tienen que procurar hacerlo o de lo contrario esto va a continuar".
Esta misma semana, las autoridades locales encabezadas por la Delegación Presidencial de Biobío y la Jefatura de la Defensa Nacional a cargo del estado de excepción realizó un balance de las medida aplicada de mayo, asegurando que las estadísticas indican que existe una disminución del 40% en los hechos de violencia en general en las provincias donde está en vigencia, lo que incluye los sucesos asociados a la violencia rural y también a delitos comunes.
Desde el Gobierno también se abordaron las acciones realizadas en torno al plan Buen Vivir, que cumple la misma cantidad de tiempo que el estado de excepción, ya que fue anunciado al mismo tiempo, y que actualmente ha desarrollado avances en el trabajo realizado con las distintas comunidades y con proyectos de inversión social y conectividad.
Pese que la evaluación realizada incluyó también a las policías y a parlamentarios de la zona, llamó la atención la ausencia de representantes del Ministerio Público, que tienen a cargo la indagación de estos delitos, y del Servicio de Impuestos Internos, que son quienes contribuyen a las indagaciones por robo de madera, uno de los ilícitos considerados centrales en ambas provincias en estado de excepción. Se explicó que se trata de instituciones que participan de instancias como el Comité Regional de Crimen Organizado y la delegada Daniela Dresdner planteó que "si hay que mejorar el trabajo que estamos haciendo desde las instituciones del gobierno lo haremos, si es necesario pedirle al SII que haga más investigación y más persecución, también. No descartamos ninguna medida y estamos ante la mira y escrutinio de absolutamente todas las personas que conformamos el Estado".
Los hechos de violencia ocurridos en la semana y la positiva evaluación del estado de excepción pudieran parecer contradictorios, ya que lo sucedido en Curanilahue y Arauco no refleja lo informado por las autoridades en torno a los resultados de la medida. La coordinación de todas las instituciones involucradas en las iniciativas definidas por el Gobierno en las provincias afectadas por la violencia, así como también la voluntad de realizar investigaciones de los ilícitos que dañan a ambos territorios a fondo son acciones básicas para enfrentar la situación que, más allá de los resultados estadísticos o las definiciones estratégicas, siguen afectando a habitantes de la Región, a sus familias y a su calidad de vida.
Los hechos de violencia ocurridos en la semana y la positiva evaluación del estado de excepción pudieran parecer contradictorios, ya que lo sucedido en Curanilahue y Arauco no refleja lo informado por las autoridades en torno a los resultados de la medida.