Los ejes constitucionales que buscan visibilizar y acentuar al mundo rural
Uno de los elementos que más se destaca es la posibilidad de fortalecer el poder de decisión de las personas y comunidades rurales a la hora de generar políticas públicas. El fomento de los mercados locales y la comercialización también asoman como acciones de interés.
Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
Biobío es una región que, en esencia, se podría definir como rural. De hecho, gran parte de sus comunas se identifican con esta dimensión asociada al campo y a las labores propias de la agricultura y la ganadería. Datos de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, de acuerdo al Censo 2017, plantean que de las 33 urbes que componen el territorio, 15 se clasifican como predominantes rurales, ocho como predominantes urbanas y 10 como mixtas. "En conjunto, las comunas mixtas y rurales abarcan el 87,4% del territorio regional", según advierte la instancia.
No pueden pasar desapercibidos, entonces, los lineamientos que plantea el proyecto de nueva Constitución en materia de ruralidad. El concepto es abordado, principalmente, entre los artículos 241 y 243 que se desprenden del capítulo de Estado regional y organización territorial, aunque también en otros apartados. Además, estos se vienen a instalar como algo novedoso en el marco constitucional, pues la actual Carta Magna no desarrolla la materia ni hace mención de ella en sus páginas. Para algunos habitantes, incluso, la ruralidad es algo que por años ha sido dejado de lado en Chile.
El detalle
¿Qué dice la propuesta? En primer lugar, el texto que se será votado este 4 de septiembre plantea que el Estado es el encargado de promover el desarrollo integral de los territorios rurales del país, entendiendo que la ruralidad es una "expresión territorial" en donde las formas de vida y producción se desenvuelven en una relación directa de las personas y comunidades "con la tierra, el agua y el mar".
En términos más concretos, el documento plantea que el Estado establecerá mecanismos para facilitar la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño y la implementación de programas y políticas públicas que les afecten o conciernen, es decir, se busca otorgar una mayor influencia a estos grupos a la hora de generar soluciones de sus propios problemas.
En los artículos 242 y 243 se detallan también nuevos roles estatales, de acuerdo a dos ejes. Por un lado, se pone sobre la mesa un tema que va en directa relación con las mujeres y niñas rurales. Ahí, la idea es que las instituciones públicas implementen medidas que sirvan para prevenir la violencia y desigualdad que muchas de ellas sufren, o promuevan la puesta en marcha de políticas que garanticen el goce de los derechos que la propuesta constitucional pretende consagrar.
El segundo y último eje tiene que ver con el mercado rural. Aunque se precisa de una forma breve, el proyecto redactado por la Convención dice que el Estado, entre sus innumerables tareas, tendrá que fomentar los mercados locales, las ferias libres y los circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad.
Hay otros elementos que conciernen al ámbito rural y que están fuera del apartado, como la garantía que se deberá dar respecto a las condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, la promoción y protección de la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, el fomento de la conectividad regional, con especial atención a territorios aislados, rurales y de difícil acceso, la garantía de un tratamiento equitativo y un desarrollo armónico y solidario entre las diversas entidades territoriales, tanto urbanas como rurales, o la prioridad de instalar centros de justicia vecinal en estas últimas zonas.
Tres visiones
Actores asociados al tema ven con buenos ojos la inclusión de este elemento en el proyecto constitucional. Danae Mlynarz, directora de la Oficina Chile de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, afirma que es sumamente relevante el hecho de que en esta oportunidad se haya considerado al ámbito rural.
"Este es un cambio muy significativo de una realidad de nuestro país que estaba invisibilizada y que hoy está presente, por eso es un gran avance (...) Creo que esto marca un hito importante, de un trabajo que hay que construir una vez que esto se apruebe, porque se entregan derechos que actualmente no existen y visibiliza problemáticas que antes no se consideraban", celebra la profesional.
La clave, agrega, está en la cantidad de temáticas que son abordadas y que se amplían en los demás capítulos del documento, entre ellas la descentralización, la mayor participación de la población rural en la toma de decisiones, el uso del agua y la relación con el medioambiente y la naturaleza. De acuerdo a Mlynarz, estos puntos ya habían sido visualizados en un análisis previo liderado por el organismo, "por eso sentimos que ha sido un gran avance el cómo quedó plasmado el mundo rural en el texto, ya que plantea medidas para estos cuatro temas".
Ahora bien, más allá de las menciones, la experta sostiene que habrá un trabajo crucial, siempre y cuando se opte por el Apruebo, y que tiene que ver con los habilitadores que lleven a la práctica las reformas y políticas públicas que catapulten el cumplimiento de esos cuatro objetivos.
El exconvencional Javier Fuchslocher (Independientes por una Nueva Constitución) coincide en el análisis y plantea que la norma tuvo por objeto promover un desarrollo integral de los territorios rurales, pero por medio de una "protección reforzada y la participación de las comunidades en el diseño e implementación de programas y políticas públicas que consideren las diferentes realidades rurales y sus problemáticas particulares".
A su juicio, uno de los aspectos destacables es el establecimiento de circuitos cortos para promover la producción de alimentos de los pequeños agricultores, considerando también en norma transitoria la protección del recurso hídrico que permite esta actividad.
"El articulado enfocado a la ruralidad mandata al Estado a garantizar aspectos de interés para estos sectores, lo que en la práctica permitirá un enfoque integral y progresivo de la política pública y la legislación, que genere un mayor desarrollo de los sectores rurales de forma efectiva y en un contexto de Estado social y democrático de derecho", puntualiza Fuchslocher.
Desde el área municipal, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, cree que el planteamiento de la Convención es destacable, sobre todo porque pondría fin al abandono que el Estado ha practicado por años, según dice. En segundo lugar, afirma que hay nuevos puntos que se relevan, como la soberanía y seguridad alimentaria.
"Lo que se hace en la propuesta de Constitución es reconocer a la ruralidad como una expresión territorial, y eso es súper importante, pues tiene directa relación con las personas que están en un territorio y con las formas de vida y producción que ellas desarrollan en torno a la tierra, el agua y el mar", asegura la jefa comunal, quien agrega que en el fondo se quiere valorar el trabajo de los campesinos, lo que significa que el Estado tendrá que hacer efectiva una serie de apoyos urgentes.