Control de celulares en las cárceles
El incremento de la delincuencia es una queja constante de la población y llama la atención que la gran mayoría de quienes cometen delitos son jóvenes y reincidentes hasta el cansancio. Pero la detención y encarcelamiento de muchos de ellos no garantiza que las bandas no sigan operando desde el interior de los penales, gracias al uso de celulares.
Pese a que el reglamento penitenciario lo prohíbe, los teléfonos son de uso frecuente en las cárceles. Estos son llevados desarmados por piezas, por los familiares, hasta que los reclusos están en condiciones de rearmarlo y comenzar a operar. Las investigaciones han determinado que la mayoría de las estafas telefónicas se cometen con llamados que se efectúan desde las cárceles. Según Gendarmería, entre enero de 2019 y julio del 2020, se decomisaron casi siete mil objetos en las penitenciarías del país. La mayor parte correspondía a teléfonos celulares, municiones, armas de fuegos y hasta explosivos.
El uso de la tecnología, como los "body scanner" en algunos penales, desde el año 2012, permite un control más eficiente del ingreso de quienes visitan a los privados de libertad y ha ayudado a evitar que ingresen a las unidades penales una cantidad enorme de teléfonos celulares, drogas y todo tipo de elementos prohibidos que vayan a poner en riesgo el funcionamiento normal de una unidad penal.
Hace unas semanas el presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile, Pablo Jaque defendió el uso de "body scanner" al interior de los recintos penitenciarios, luego de que la Subsecretaría de Salud Pública presentara un oficio que buscaba prohibir su implementación y aplicación en cárceles, apelando a que estos artefactos "pueden acarrear problemas de salud a largo plazo", producto de la tecnología de radiación ionizante que poseen. Si bien el Ministerio de Salud se retractó luego de la medida, anunció que trabajará en coordinación con el Ministerio de Justicia para generar una nueva alternativa que permita equiparar la seguridad en las cárceles, y al mismo tiempo, resguardar la salud de los familiares de reclusos que se someten a los escáner para poder hacer ingreso a los recintos penitenciarios. Pese a que la Subsecretaría de Salud Pública aclaró que estos dispositivos seguirán siendo usados en los recintos penitenciarios que ya los disponen, la Asociación de Gendarmes pide que sean masificados y colocados en cada penal de Chile, pues es la mejor opción para fiscalizar.
También desde el año 2020 se encuentra en el Congreso un proyecto de ley presentado por integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios y pretende fortalecer la seguridad pública, robustecer el combate del narcotráfico y brindar mejores herramientas de apoyo a la política anti delincuencia. Es sabido que familiares o amigos de los reclusos ingresan tales elementos durante las visitas regulares o los lanzan desde el exterior al recinto penitenciario o, incluso, utilizando elementos más sofisticados, como drones. Se plantea que la persona que con motivo de una visita o a propósito del ejercicio de su función, introduzca a un establecimiento penitenciario armas, municiones, partes o componentes, cuyo porte, uso o tenencia se encuentre sancionado por la ley 17. 798 sobre control de armas, será sancionado con la pena asignada al delito que corresponda, aumentada en un grado. Del mismo modo, la realización de conductas sancionadas en la ley 20.000, de tráfico ilícito de estupefaciente y sustancias sicotrópicas, que se verifiquen al interior de los establecimientos penitenciarios o con la intención de introducirlos, será castigado con la pena asignada al delito, aumentada en un grado.
Estos son claros reflejos de que la organización delictual no se extingue con la reclusión de sus integrantes y que, por el contrario, recurren a las herramientas de la tecnología para seguir delinquiendo desde el interior de los penales.
La mayoría de las estafas telefónicas se cometen con llamados que se efectúan desde las cárceles. Según Gendarmería, entre enero de 2019 y julio del 2020, se decomisaron casi siete mil objetos.