Trámites de subdivisión de predios rústicos crecen 23% en dos años
Autoridades de la zona lamentan el fenómeno por los efectos negativos en áreas rurales. Advierten que el incremento de los créditos hipotecarios motiva a la gente a llegar al campo.
Si bien la gente de campo advierte que fue el terremoto y tsunami de 2010 lo que motivó el arribo de familias citadinas a sectores rurales, lo cierto es que el fenómeno se comenzó a notar de manera más nítida luego de la pandemia por covid-19, momento en que parte de las personas que habitaban -o habitan aún- las ciudades decidieron evitar el encierro y apostar por espacios más amplios. Aquí, la emergencia económica también juega un papel clave.
El problema volvió a ponerse en agenda cuando el Ministerio de Agricultura estableció regulaciones en parcelaciones rurales en vista del explosivo aumento que estas han tenido en el último tiempo. Con ello, la autoridad central instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a suspender la certificación de la subdivisión de predios rústicos (SPR) que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de las localidades. Aunque la situación ha causado polémica, el Ejecutivo ha salido a aclarar que a través de la determinación no se prohiben las parcelaciones, sino que frente a solicitudes de certificación de SPR y frente a sospechas fundadas de que es evidentemente una urbanización a escondidas con razones habitacionales se le consultará al Ministerio de Vivienda o a los respectivos municipios.
Según datos del SAG Biobío, durante 2021 la zona registró un total de 1.004 certificaciones, lo que representa un incremento de 23% en relación a la cifra alcanzada en 2019. En lo que va de 2022 se han concretado 629 trámites, es decir, poco más de tres quintos de lo que se obtuvo el año pasado.
Por provincia, Biobío, Arauco y Concepción registraron en 2021 616, 322 y 66 certificaciones de este tipo, respectivamente, con variaciones de 8%, 89% y -16%. Desde el SAG aclaran que en el caso de la Provincia de Concepción solo se consideró la información de Florida, ya que el resto de comunas se rige bajo el Plan Regulador Metropolitano.
Entre enero y junio de este año Biobío sumaba 382 trámites, Arauco 187 y Concepción 60.
Otro dato aportado por el SAG Biobío dice relación con la cantidad de certificaciones rechazadas. Los datos muestran que en un período de tres años el número de respuestas negativas por no cumplir los requisitos solicitados ha aumentado. Por ejemplo, si en 2020 se rechazaron 17 requerimientos, en 2021 y en el primer semestre de 2022 fueron 89 y 77, respectivamente.
Impactos y razones
El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, precisa que en el caso de su comuna lo anterior representa una situación de complicación en virtud de problemas asociados al estropeo de caminos rurales, a fallas en la conexión a internet o en la entrega de servicios básicos. Agrega que el municipio también debe hacer frente a una mayor recolección de basura y que hay un tema relacionado a la productividad de las tierras, en donde buena parte de los sectores que eran destinados a la agricultura hoy se están parcelando para levantar loteos habitacionales.
"Hacen que la agricultura se vaya alejando de los centros más poblados, y también se ha abierto un mercado de la tierra que es irregular y que genera temas de impacto ambiental, por ejemplo", cuestiona el jefe comunal, quien también acusa que el fenómeno es originado, principalmente, por la dificultad de gran parte de la población para acceder a créditos hipotecarios que les permitan tener una casa en condiciones dignas.
En el último Censo, se registraron 52 mil habitantes rurales en Los Ángeles, aunque a la fecha se estima que hay 10 mil más, según cálculos del municipio.
La seremi Pamela Yáñez asegura que la decisión se tomó, justamente, por el alza exponencial registrado a nivel país y en la Región del Biobío, "panorama que ha a implicado un deterioro de los sistemas agroproductivos y del equilibrio ecológico donde se desarrollan, amenazando la sustentabilidad local, como los sistemas de Agua Potable Rural" y que "provoca problemas de acceso al agua a las comunidades, además de saturación vial, junto con otras externalidades negativas dadas por la urbanización no planificada".
Así, se establecerá un trabajo coordinado con Vivienda, Bienes Nacionales, el SAG y la Conaf para buscar acuerdos que permitan una regularización más estructural fuera de las ciudades, "sin dañar el entorno y sin hipotecar el futuro de las siguientes generaciones, la seguridad alimentaria y la conservación del bosque nativo", según Yáñez.