Por Karlyng Silva Leal

A poco más de 4 meses de administración, el actual gobierno ha presentado un total de 13 querellas en la Región del Biobío. De estas 11 corresponden a los denominados hechos de violencia rural que ocurren en las provincias de Arauco y Biobío, ambos territorios bajo estado de excepción a causa de la grave alteración al orden público.

Según datos entregados por la Delegación Presidencial Regional, una de las querellas es por la Ley de Seguridad del Estado, esta por los hechos ocurridos el 24 de mayo de este año, cuando un grupo de 70 personas encapuchadas atacaron a una base temporal de la unidad COP de Carabineros que cumplía una medida de protección en el predio Quidico. Situación que se repitió en horas de la tarde.

Adicional a este evento, las demás querellas tienen relación con los delitos de incendio, maltrato de obra a Carabineros, porte ilegal de armas de fuego prohibida y municiones, disparos injustificados, lesiones leves, robo con intimidación, homicidio frustrado de Carabinero en servicio y obstaculizar caminos públicos.

Gobierno y querellas

El delegado regional (s), Humberto Toro, explicó a diario El Sur los criterios que está utilizando la actual administración para interponer una querella ante un atentado o situación similar de violencia. "En primer lugar todo atentado en que está en riesgo la persona y la vida humana, los que generan un destrozo material o a herramientas de trabajo como maquinarias, camiones, etc.", comentó.

A esto agregó aquellos atentados que afectan a un determinado territorio con el riesgo de incendio y cuando se utilizan carreteras o caminos de uso público. A esto se suma también la evaluación ante la presencia de panfletos o lienzos que hayan sido dejados en el lugar de un evento, o bien una adjudicación posterior de un hecho violento.

Respecto a la importancia de este instrumento legal, Toro detalló que tiene relevancia por tres razones, una de ellas es dar apoyo y respaldar a los afectados ante la situación que los aqueja, la segunda es que el gobierno se haga parte de la persecución penal de los responsables de los ilícitos cometidos.

En tercer lugar, el delegado indicó que la medida "permite que en el seguimiento de la causa podamos incorporar otros elementos, ya que algunas veces los mismos autores de un evento también generan otros. Por lo tanto, a la medida que uno va entregando más elementos indagatorios a una querella eso ayuda mucho para el posterior juicio y llevarlos donde todos queremos, a la persecución penal con resultados positivos en términos de encarcelamiento".

Investigaciones

El gerente general de Acoforag, René Muñoz, explicó que para la asociación las querellas son solo un trámite para cumplir, pero que en la práctica no tienen resultados.

"Nosotros comparamos, por ejemplo, los resultados de la Fiscalía de La Araucanía que son bastante notables respecto de lo que está pasando acá en el Biobío y en términos de violencia de atentados es muy parecido. Entonces yo no sé si la efectividad de las querellas tiene algún sentido en cuanto a que la Fiscalía está muy disminuida y las policías por lo pronto también", explicó.

Bajo este contexto, explicó que -al menos para el gremio- parece difícil que las querellas avancen en los términos que ellos esperan, que es encontrar a los culpables, que los procesen y condenen.

"A nosotros nos interesa que el Gobierno entregue recursos tanto a la Fiscalía como a las policías para avanzar en las investigaciones. Sin medios la verdad es que es imposible avanzar (...). Se necesita que esos recursos lleguen de manera pronta porque es la única herramienta que va a permitir lograr los resultados que todos esperamos", aseguró.

Mientras tanto, comentó que los que continúan avanzando son los grupos armados "porque ya están instalados por ejemplo en Alto Biobío con un nuevo grupo que es la Resistencia Mapuche Pehuenche".

5 querellas han sido presentadas durante el periodo que lleva vigente el estado de excepción en Arauco y Biobío

10 del total de las querellas han sido interpuestas ante Juzgados de Garantía de comunas de la Provincia de Arauco

Carabineros del OS7 logró detener a dos hombres adultos en la comuna de San Pedro de la Paz por el delito de producción y cultivo de drogas. Ambos detenidos, de 25 y 28 años, no cuentan con antecedentes penales y fueron presentados para su respectivo control de detención por instrucción de la Fiscalía Local de Concepción.

El procedimiento fue en el marco del plan de búsqueda de información que la sección mantiene permanentemente, que también es apoyado por vecinos de los sectores afectados. Así los uniformados lograron detectar un domicilio en la Villa San Pedro, donde se estaría cultivando específicamente plantas de cannabis.

Con una previa coordinación con el Ministerio Público, el OS7 llegó hasta el lugar denunciado, deteniendo a los dos hombres en su interior e incautando más de 1 kilo de marihuana, además de 38 plantas del género cannabis. De esta forma se pudo comprobar que ambos sujetos almacenaban y producían droga al interior de la vivienda.

"Nuevamente las denuncias anónimas recepcionadas en nuestra unidad han sido fundamentales para realizar este tipo de diligencias, por lo que instamos a la comunidad para que siga confiando en nosotros y nos haga llegar la información", comentó el jefe del OS7 Concepción, capitán Patricio Opazo.

La comunidad puede llamar al fono drogas 135 para aportar antecedentes o denunciar actividades relacionadas al tráfico.

1 kilo de marihuana a granel fue incautado en el lugar. Además, encontraron plantas de más de un metro de altura

El sacerdote católico Carlos Valderrama, conocido por realizar rituales de sanación y exorcismo, presentó un recurso de protección contra el Arzobispado de Concepción por haberle imputado la comisión de delitos graves en forma pública y revelar de forma pública un proceso canónico sin las garantías de racionalidad y justicia.

A fines de junio y a través de un comunicado, el Arzobispado confirmó la responsabilidad del sacerdote en un caso de abuso sexual cometido en contra de una mujer en medio de una ceremonia de exorcismo.

En el recurso se detalla que el sacerdote presentó dos testigos que habían acompañado al sacerdote en las ceremonias, entre otros más. Así mismo sostiene que se realizó una denuncia pública en un medio de comunicación que dañó su carrera sacerdotal.

Con la acción judicial, el sacerdote pide a la Corte de Apelaciones que el Arzobispado retrotraiga la investigación canónica para una debida defensa y que se abstenga de informar sobre el proceso canónico.

Estefanía Gutiérrez, Dafne Gutiérrez y Elisa Martínez, madre, tía y abuela del menor Tomás Bravo, serán formalizadas en agosto por el delito de lesiones leves y amenaza de muerte en contra de la abuela paterna del niño, Elicea Salazar.

A las tres mujeres se les imputarán hechos ocurridos en diciembre del 2021, cuando Elicea fue golpeada y amenazada frente a un establecimiento educacional en Arauco. Estos hechos fueron denunciados por Salazar y las acusadas serán formalizadas en agosto.

El Juzgado de Garantía de Arauco había evacuado una orden de arresto para las tres mujeres pues no se presentaron a declarar de forma voluntaria cuando correspondía. No obstante, la situación fue solucionada recientemente fijando la audiencia para el 24 de agosto a las 9 horas.

Cabe recordar que Tomás Bravo de 3 años se extravió en Arauco durante 9 días, hasta que fue encontrado sin vida a unos kilómetros de su hogar.