Por Redacción

Exhaustivas pericias fueron realizadas entre el fin de semana y ayer en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, para dar con el presunto autor del disparo que terminó con la vida de un carabinero. A raíz de esto, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, y otros integrantes de la oposición, plantearon la posibilidad de que militares realicen controles en la capital, como ocurre en la Macrozona Sur. El subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, respondió que "no se está evaluando un estado de excepción para la Región Metropolitana".

"Están puestos todos los recursos disponibles por parte de las policías para poder no sólo identificar, sino que también tomar detenidos a los responsables" del asesinato, afirmó la autoridad, agregando que "no da lo mismo asesinar a un carabinero en Chile, tanto así que no da lo mismo que el Código de Justicia Militar entrega sanciones muy severas para aquellas personas que cometen delitos de esta gravedad".

"No se puede decir que da lo mismo, a nadie en Chile le da lo mismo y me parece que es grave tratar de instalar esa idea", destacó Monsalve, quien durante la jornada asistió al multitudinario funeral del ahora suboficial mayor David Florido, en Quilpué, Región de Valparaíso.

"¿Por qué es tan importante tomar detenidos a los responsables? Porque efectivamente las sanciones son ejemplificadoras", dijo el subsecretario.

Esto, en respuesta a lo planteado ayer por el diputado RN Eduardo Durán: "Llegó la hora de lamentar menos y tomar acciones concretas. Yo creo que hoy Carabineros está superado en sus atribuciones y simplemente no da abasto para enfrentar la delincuencia desbordada que hoy tenemos. Por eso le estoy pidiendo al Gobierno que decrete estado de excepción en la zona de Santiago sur poniente, donde ya la situación es insostenible".

Piñera y su proyecto

El ex Presidente Sebastián Piñera ayer escribió en Twitter que "Carabineros y la PDI necesitan un estatuto de protección, porque lo merecen y porque un policía mejor protegido protege mejor nuestras vidas. Nuestro Gobierno envió al Congreso un Estatuto de protección de policías que lleva años en el Senado", subrayó.

El proyecto fue presentado a fines de 2019 y, junto con elevar el tiempo en prisión, establece que "sólo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena".

La ministra vocera, Camila Vallejo, replicó que "mañana (hoy) van a haber anuncios en torno a la agenda de seguridad ciudadana y de planes para fortalecer todo el trabajo de las policías y su coordinación, para garantizar mayor protección a nuestros ciudadanos en torno a un tema que ha sido prioritario en la agenda pública".

"Muy bien sabe el ex Presidente de la República que no basta con anuncios o frases grandilocuentes o publicitarias. Todos queremos que a los delincuentes se les acabe la fiesta, pero no basta con señalarlo y decirlo, hay que abordar el problema de la seguridad y la delincuencia de manera integral", afirmó la secretaria de Estado.

Vallejo luego subrayó que "queremos evitar todo tipo de aprovechamiento político sobre el dolor de las personas, porque nuestra agenda es sumamente clara en cuando a la seguridad ciudadana y también el respaldo de las policías sobre lo que la ley y la Constitución les mandata bajo los protocolos que tienen".

Votación

La Cámara de Diputados votará hoy la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, frente a lo cual la vocera del Ejecutivo, tras la reunión del comité político, señaló que "tenemos una evaluación positiva del comportamiento y el resultado que vamos a tener en el Congreso".

El jefe de la bancada PS, Marcos Ilabaca, señaló que el Gobierno ha tenido "mayor relación con los pueblos originarios, buscando atender los problemas de fondo que existen hoy día en la Macrozona Sur". Pese al apoyo, "tenemos una sola excepción, que es la diputada (mapuche) Emilia Nuyado, que ha planteado legítimamente algunas diferencias".

El presidente de la UDI y senador Javier Macaya agregó que La Moneda "abrió los ojos tarde", por lo cual pidió que este estado de excepción no tenga el "apellido de acotado".

El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, dijo ayer que el sospechoso del asesinato del cabo -ascendido póstumamente a suboficial mayor-, David Florido, es "chileno, de 24 años, que tiene antecedentes penales e incluso ha estado cumpliendo pena en un recinto penitenciario". El persecutor indicó a quienes "le estén dando cobijo o que lo estén ayudando a ocultarse actualmente: también los vamos a perseguir si es necesario, puesto que están encubriendo al autor de este delito tan grave". El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo esperar "que la Justicia aplique la máxima pena posible, penas que son severas".

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió ayer al ataque incendiario que afectó al fundo en La Araucanía del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC): "Solidarizamos con Juan Sutil, no sabíamos que era la quinta vez" que atentaban contra el predio ubicado en el sector de Galvarino.

Sutil regresó ayer de Estados Unidos, tras guardar cuarentena al contagiarse con covid-19 durante la gira del Presidente Gabriel Boric. En aquel país se enteró, en las últimas del domingo, del incendio de la vivienda, autos y maquinarias del predio, donde los trabajadores fueron intimidados con armas de fuego por cerca de una docena de desconocidos. No hubo heridos.

"Solidarizamos con Juan Sutil, no sabíamos que era la quinta vez, pero bueno, tremendo. Solidarizamos con lo que le ha tocado vivir", dijo ayer Valenzuela durante un seminario de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), citó Emol.

"inversiones detenidas"

El presidente de la entidad, Cristián Allendes, además de plegarse a las palabras del ministro, destacó la "celeridad" con que se están expandiendo los hechos de violencia en la Macrozona Sur y "ganando en radicalidad".

"De acuerdo con datos levantados por la Multigremial de La Araucanía, si en 2018 se registraron 126 ataques incendiarios en seis provincias de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, en 2021 esta cifra se duplicó, llegando a 267 ataques, expandiéndose a ocho provincias de dichas regiones", aseguró el líder de la SNA.

La zona, continuó Allendes, tiene una importancia mundial ante una posible "catástrofe alimentaria", debido al bloqueo a Ucrania por parte de Rusia. "Hace algunos años llamábamos a La Araucanía el 'granero de Chile' por su reconocida producción de trigo, sumada a los cereales y la ganadería, la hacían una zona multiproductiva. Sin embargo, ello dejó de ser real y está crecientemente amenazado, con inversiones detenidas".

Como ejemplo, en los mercados internacionales el precio de la urea (fertilizante) ha subido 282% en los últimos 12 meses, y el potasio lo hizo en 278% en el mismo periodo. No obstante, "sus valores no los registrábamos desde la década de los 80. Estas variables temporales junto los aumentos en la logística explican las alzas de precios de los alimentos, alzas de las cuales los agricultores no tenemos ninguna responsabilidad ni obtenemos ningún beneficio", dijo Allendes.

La Multigremial de La Araucanía, en tanto, señaló que "estamos lejos aún de superar esta grave crisis de seguridad", por lo que pidió al Ejecutivo "desarticular a estas redes delictuales en todas sus acciones, como el robo de madera, el narcotráfico, atentados contra personas y usurpaciones de predios".