Por Karlyng Silva Leal

Principalmente venezolanos, seguidos por colombianos y haitianos son los extranjeros en la región del Biobío que postularon al proceso de regularización extraordinario que el Gobierno dispuso desde abril del año pasado y que finalizó hace una semana, dejando con ello atrás las últimas gestiones de una ley que data de 1075. No obstante, desde la comunidad venezolana que tiene la mayor presencia en el país, manifestaron su preocupación por el escaso avance del proceso, lo cual genera el vencimiento de cédulas de identidad, impidiendo la realización de trámites relevantes.

Alejandro Reyes, director de Migraciones de la Región del Biobío, explicó que de las 212.655 personas de distintas nacionalidades que se sumaron al procedimiento a nivel país, el 2,58% corresponde a la región del Biobío, ubicándose en el séptimo lugar en cuanto a la concentración de las solicitudes, mientras que la Región Metropolitana concentró el 62% de las mismas.

Sobre la cantidad de participación, Reyes sostuvo que "tiene que ver con dos cosas, primero con la cantidad de extranjeros que tenemos en la región, existe la sensación de que son muchos, pero proporcionalmente no existe una gran concentración como Valparaíso, la Región Metropolitana o las regiones del norte. Y por otra parte es que no tenemos tasas tan altas de informalidad".

Además, en cuanto a las nacionalidades a las que corresponden las solicitudes, el director sostuvo que se reitera el patrón nacional, ya que son principalmente "venezolanos, colombianos y peruanos, después se hace un enroque de haitianos por sobre los bolivianos, a diferencia del total país, en la Región del Biobío hay muy poca presencia de esta nacionalidad".

TRAMITACIÓN

En cuanto a la tramitación de estas solicitudes, el director comentó que se trata de un proceso centralizado, en el que las postulaciones se realizaron a través de una plataforma única y que la expectativa es que en un periodo cercano a los seis o siete meses puedan estar completamente revisadas y solucionadas.

Sin embargo, desde la Organización de Venezolanos (Orve) Biobío que colabora y gestiona asesorías para la comunidad que se encuentra con distintos tipos problemas, su presidenta, Francia Campos, comentó que lamentablemente el proceso parece estar detenido, sin registrar avances.

"Muchas de las personas que postularon al proceso se encuentran aún en espera por parte de extranjería, pero nosotros no hemos recibido ningún tipo de respuesta, todo está igual. Ellos han mandado informes a los correos de los usuarios que están solicitando su estatus y que sus visas tienen un cierto porcentaje de avance, pero la verdad es que no hay ningún tipo de respuesta clara", comentó.

En este contexto, Campos acusa que lo más complejo de esta situación es que todas estas personas que se encuentran con la cédula de identidad vencida no puedan realizar ningún tipo de actividad remunerada a contrata ni gestionar modificaciones al Registro Social de Hogares, sacar una cuenta de banco, etc. "No podemos vivir de extensiones, la gente necesita su documento al día, necesita sus Rut para poder hacer trámites, poderse mover en este país legalmente y eso en este momento aún no es posible", agregó.

DIFICULTADES

Según detalló la representante venezolana, una situación preocupante entre sus compatriotas es el estado emocional que provoca la demora de estas tramitaciones. "Ellos llevan meses en esta posición de que sus papeles se tramitan en extranjería sin recibir respuesta, tienen sus cédulas vencidas y se coacciona su proceso de avanzar porque no pueden hacer nada", comentó.

"Esto además complica a sus hijos, principalmente en el espectro educativo, porque tienen que tener el Rut vigente de sus padres para seguir cursando la enseñanza. A pesar de que el Ministerio de Educación da un Rut provisorio para esto, rige hasta cierto tiempo, si los padres no han terminado su regularización y no tienen una visa definitiva, urgente, eso trae consecuencias para los menores", agregó.

En vista de estas dificultades, Campos comentó que lamentablemente la organización ni ninguna otra está en condiciones de prestar ayuda a todas las familias que se encuentran en esta situación, aunque si colaboran con artículos de primera necesidad y alimentos. No obstante, ella detalla que para sostenerse, varios venezolanos se han reconvertido en diferentes oficios, principalmente gastronómicos, pero también trabajando sin posibilidad de contrato.

Se espera que en un periodo cercano a los seis o siete meses puedan estar completamente revisadas y solucionadas las solicitudes presentadas durante esta fase extraordinaria.

El 7 de marzo se realizará la audiencia de preparación de juicio oral contra seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, por hechos ocurridos en 2018.

Los imputados fueron acusados por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, por el delito de propiciar con sus acciones y omisiones la propagación indebida de elementos químicos que, por sus propiedades, son susceptibles de poner en riesgo la salud de los organismos vivos que habitan en las zonas de Concepción-Talcahuano y Quintero-Puchuncaví.

En específico, la Fiscalía sostiene que los tres imputados tuvieron responsabilidad en el ilícito ocurrido en la Región el 4 de agosto de 2018, cuando se percibieron fuertes malos olores que obligaron a evacuar el mall Plaza del Trébol y la Clínica Bío Bío. A su vez, la Fiscalía sostiene que otros tres imputados tuvieron participación en el mismo tipo de delito ya mencionado, pero ésta vez en la Región de Valparaíso, entre los días 17 al 25 de agosto de 2018, cuando se desató una grave emergencia ambiental que afectó a las personas.

A estos tres últimos imputados, el Ministerio Público también los acusó por el inadecuado manejo de residuos, contemplado en el artículo 44 de la Ley 20.920.

La fiscal especialista en investigar delitos ambientales en Chile, Ana María Aldana, quien forma parte de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía del Biobío, indicó que se pide al tribunal que condene a los tres primeros acusados a la pena de cuatro de presidio, y a los tres restantes se les imponga cinco años.

Explicó que presentarán 149 testigos, seis peritos, 242 documentos y aproximadamente 500 imágenes y otros medios de prueba.Se pronostica que la audiencia de preparación del juicio oral se desarrolle durante dos semanas, y el juicio, propiamente tal, se extienda por tres meses.

El Juzgado de Garantía de Santa Juana reprogramó la audiencia de preparación de juicio oral en contra del único imputado por el Ministerio Público como autor del delito de violación contra una joven que posteriormente se suicidó, hecho que habría ocurrido en enero del año pasado en la comuna.

En la audiencia de preparación, la defensa del imputado solicitó su postergación por la ausencia del defensor titular y la imposibilidad de concretar peritajes siquiátricos a Palma Paz por las restricciones sanitarias impuestas por Gendarmería, debido a la pandemia de coronavirus.

El tribunal, con el allanamiento de la fiscalía y la querellante respecto al primer argumento, acogió la solicitud y reprogramó la audiencia de preparación de juicio oral para las 11 horas del miércoles 9 de febrero próximo. Asimismo, mantuvo sujeto al imputado a prisión preventiva; medida cautelar que cumple Palma Paz desde la audiencia de formalización, realizada el 14 de abril de 2021.

"Se acogió esta petición -sin oposición de fiscalía y querellante- porque la relación de confianza entre imputado y abogado forma parte de su legítima defensa y, por lo tanto, del debido proceso, manteniendo -eso sí- al imputado en prisión preventiva", afirmó la magistrada Leal