Segunda vuelta: voces de Arauco sugieren medidas concretas e integrales para resolver conflicto
Tres organizaciones creen que es necesario dialogar con las comunidades, generar estrategias para enfrentar la violencia que tengan plazos asociados y restablecer la confianza de la ciudadanía para que vuelva a visitar el territorio.
Tres representantes de la provincia entregaron sus claves a los postulantes a La Moneda respecto a cómo deberían abordar la compleja situación de la Provincia, marcada por el rezago, los ataques incendiarios y otros hechos delictuales, los que separaron de las reivindicaciones del pueblo mapuche.
En la primera vuelta presidencial, realizada el 21 de noviembre, José Antonio Kast le sacó más de 12 puntos de ventaja a Gabriel Boric en la Región del Biobío. El abanderado del Frente Social Cristiano tuvo un mejor desempeño -porcentualmente hablando- en la Provincia de Arauco, donde fueron más receptivos a su mensaje de mano dura para abordar la violencia rural que afecta a ese territorio, según concordaron varios analistas locales. Es allí, dijeron, donde ambos candidatos tenían que revisar sus mensajes.
Durante las últimas semanas ambos abanderados han hecho actividades en la zona y realizaron ajustes a sus programas en los que abordaron esta situación.
Sector productivo
Andrés Sanhueza, gerente de Corparauco, planteó que la violencia debe abordarse desde varios frentes. Primero, indicó, debe haber mayor control y fiscalización de las actividades ilícitas que existen en el territorio, como el robo de madera y distribución y/o comercio de drogas. "Asimismo, instamos a que se investigue y sancione de manera ejemplificadora a quienes realicen estos actos", expuso.
Por otro lado, planteó, hay que generar instancias de diálogo, principalmente a nivel provincial, que permitan fomentar iniciativas de convivencia y desarrollo del territorio.
A su vez, sumó, hay que promover iniciativas que propicien la idea de pertenencia de los habitantes y con ello, se genere un mayor compromiso que potencie el desarrollo económico local y a su vez, permita fortalecer las unidades productivas que existen o que se puedan generar en la provincia.
Si esto no se aplica y el problema no se resuelve, Sanhueza cree que el sector turístico, que es uno de los principales motores económicos del territorio, se vería gravemente afectado: "La visita de turistas caería notoriamente. Junto con el turismo, se ven amenazados los puestos de trabajo de quienes laboran en el sector maderero y el comercio en general, que son rubros de gran relevancia para el desarrollo económico del territorio".
Anabel Ramírez, presidenta del Consejo Público Privado de Turismo de Arauco, agregó que esta situación podría aumentar la migración, tanto de jóvenes como de personas mayores establecidas en el territorio, cierre de empresas turísticas y otras relacionadas, vinculado a las amenazas de toma de terrenos o ataques a las familias.
Según la dirigente, para frenar esto el nuevo Presidente tendrá que reunirse con las comunidades para recoger sus inquietudes y sugerencias, también hablar con las víctimas de la violencia y mantener el estado de excepción hasta que se desarticulen las bandas delictuales vinculadas al robo de madera y el narcotráfico. Así habrá condiciones que permitan garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes, planteó.
Mirada de las víctimas
Solange Etchepare, directora ejecutiva de la Fundación FVT Chile, comentó que el nuevo Presidente debe tener una mirada integral respecto a lo que ocurre en Arauco y cómo solucionarlo. Lo primero, dijo, es asumir una planificación estratégica para hacerle frente a la violencia, que incluya medidas con plazos específicos y que estén en permanente revisión. También debe incluir un reordenamiento de las policías y Fuerzas Armadas.
En paralelo, indicó Etchepare, hay que establecer instancias de diálogo con las comunidades indígenas. "Esto, jamás implementado por ningún gobierno, es un tema fundamental, es el camino paralelo al tema de la seguridad y que se debe desarrollar como un programa continuo del Estado en las comunidades. Para ello se deberán disponer los espacios físicos, los recursos económicos y humanos que sean necesarios, y pedir las ayudas externas pertinentes, a las fundaciones internacionales especializadas en el tema", señaló.
Si la nueva autoridad omite esto y el conflicto se mantiene, la representante de la Fundación FVT Chile cree que lo que vienes es "la pérdida de los derechos constitucionales y violación sistemática de los derechos humanos de las personas que habitan en la macrozona sur, lo cual ha ido en estrepitoso aumento en los últimos dos años".
Etchepare recordó que el conflicto ha costado vidas humanas y en menos de 10 años se aumentó de 2 víctimas fatales al año a 13 víctimas fatales. También se han perdido puestos de trabajo y solo en el área forestal van más de $32 millones en pérdidas.