El conflicto por las querellas de la UdeC
En los últimos días ha crecido la controversia a propósito de la posibilidad de que la UdeC sea sede de algunas de las actividades de la Convención Constitucional, durante su primera salida a regiones, que tendrá lugar en Biobío entre el 22 y 26 de noviembre próximos. Se trata de una polémica que aún no está del todo resuelta y que ha alineado a varios de los constituyentes que fueron elegidos en los distritos 20 y 21 en torno a posiciones que dan cuenta de sus convicciones de fondo y, a la vez, la valoración que tienen de una de las instituciones más relevantes y representativas de la historia regional.
Fue una misiva suscrita el jueves 21 de octubre por siete miembros de la Convención (entre ellos Bastián Labbé, del distrito 20 y Vanesa Hoppe, del 21), la que marcó el inicio de la controversia. En ella, plantean: "Solicito expresamente que ninguna de las sesiones de plenario ni de comisiones se realice en la Universidad de Concepción. Lamentablemente, la Universidad de Concepción ha tenido un rol como persecutor penal en el caso de presos políticos del estallido social en la ciudad de Concepción, quienes estuvieron durante varios meses en prisión preventiva y actualmente se encuentran en arresto domiciliario, a la espera de juicio".
La carta agrega: "Realizar actividades en este contexto no solo pone en riesgo la legitimidad del proceso, sino también significa una amenaza para el funcionamiento efectivo del plenario".
La alusión de los convencionales a quienes llaman "presos políticos del estallido" corresponde a una docena de personas encausadas por la Fiscalía por situaciones que se vinculan a tres querellas presentadas por la casa de estudios entre febrero y marzo de 2020, por los sucesivos ataques que sufrió en un plazo de aproximadamente un mes y que consideraron -entre otros delitos- los daños a un monumento nacional, robos en lugar no habitado e incendios. Estos hechos y las respectivas acciones judiciales se detallan en un reportaje que se publica en la edición de hoy de EL SUR.
Lo lamentable es que esa primera solicitud pareció haber tenido "buena acogida" en la mesa de la Convención, cuya presidenta, Elisa Loncón, planteó el martes que "sabemos que hay una situación conflictiva y necesitamos cuidar a la Convención y cuidarnos nosotros".
En la sesión plenaria del jueves, en tanto, Loncón volvió a referirse al tema y sostuvo que "como mesa, todavía no hemos tomado la decisión, agradecemos sus opiniones y las tomaremos en cuenta. Todavía no está la última decisión, se está evaluando todo, no hay nada en contra de los convencionales de la zona".
Esas últimas palabras se conocieron poco después de la difusión de dos oficios que mostraron diferencias con la primera posición sostenida en torno a la materia.
Uno de ellos fue presentado por la convencional Amaya Álvez, con el apoyo de otros 30 miembros del órgano constituyente, quienes si bien expresaron su inquietud por la situación en que se encuentran los jóvenes acusados de los delitos cometidos en el campus de la UdeC y reafirmaron "su compromiso con el proyecto de ley de indulto general que actualmente discute el Congreso", también sostuvieron que "estas preocupaciones no pueden ser obstáculo para que la Convención Constitucional sesione en la Universidad de Concepción, institución con fuerte arraigo regional y nacional".
A éste se agregó otro oficio suscrito por siete convencionales de centroderecha -a quienes se sumó el convencional del distrito 20 Andrés Cruz (Indep-PS), de la Lista del Apruebo- quienes señalaron que "las causas judiciales seguidas ante los tribunales de justicia vinculadas con la Universidad de Concepción, en calidad de víctimas de delitos, no pueden ser causales para no considerar a dicha institución como sede de la Convención".
Y añadieron que la UdeC "nació desde la sociedad civil para descentralizar la educación superior en nuestro país", por lo cual se debería condenar "cualquier acto de violencia que afecte a sus colaboradores, infraestructura patrimonial e incluso a los habitantes de la ciudad en su conjunto".
Es innegable que detrás de cada una de estas posiciones se expresa una perspectiva de fondo en torno al rol que debe cumplir la Justicia en la persecución de hechos de violencia vinculados al denominado "estallido social". Frente a aquello es importante reafirmar que todas las personas acusadas de cometer delitos tienen el derecho a un debido proceso judicial. Pero eso no justifica que se intente presionar la búsqueda de una salida alternativa o -como se plantea en otro plano- un "indulto general" a casos tan graves, pues eso puede derivar en que se termine justificando y hasta alentando que los ataques se repitan y queden sin castigo.
Y, en este caso, eso sería especialmente grave, considerando que hace poco más de una semana la casa de estudios fue víctima de un nuevo ataque incendiario, donde se hizo alusión -precisamente- a una presunta "colusión" de la casa de estudios con la Fiscalía.
Ahora bien, si el caso es que efectivamente hay una dilatación excesiva de los procedimientos o una inadecuada utilización de la prisión preventiva, evidentemente debe ser una materia a revisar caso a caso, través de la institucionalidad competente, pero de ningún manera puede significar la exigencia de una respuesta política a hechos que caben claramente en el plano judicial.
Es innegable que detrás de cada una de las posiciones se expresa una perspectiva de fondo en torno al rol que debe cumplir la Justicia en la persecución de hechos de violencia. Eso no justifica que se intente obligar a la búsqueda de una salida alternativa o -como se plantea en otro plano- un "indulto general" a casos tan graves, pues eso puede derivar en que se termine justificando y hasta alentando que los ataques se repitan.