Viene de la página anterior
-¿Le preocupa la imagen que proyecta la Convención?
-No me preocupa tanto. Yo creo que esta primera etapa de instalación ha tenido sus dificultades principalmente por lo que significa no sólo superar las dificultades propias de las carencias técnicas, de infraestructura, de apoyo logístico, sino por la novedad que significa implementar una forma de representación de la voluntad popular distinta a la que hemos conocido históricamente y tengo la impresión de que cuando termine esta primera etapa de la instalación de la constituyente, y la preocupación de nuestro trabajo deje de ser el reglamento y comience a ser el contenido de la nueva Constitución, la ciudadanía se va a enganchar nuevamente y va a empezar a exigir de alguna manera, involucrarse en los contenidos que la nueva Constitución recogerá en aquellos conflictos sociales que de alguna manera están esperando algún tipo de respuesta o solución. Y van a emerger los grandes temas que justifican y explican de alguna manera la crisis social, política y económica en que estamos. Entonces, en este momento puede que haya una pequeña baja en la percepción que algunas encuestas muestran respecto de la constituyente, pero no tengo ninguna duda de que cuando empiecen las discusiones de fondo, esas percepciones van a cambiar.
-Hay un estudio universitario a las redes sociales que concluye que hay una orquestación en contra de la Convención. ¿Comparte ese juicio?
-No soy experto en redes sociales, pero efectivamente el estudio demuestra que hay una cantidad importante de cuentas falsas que replican un tipo de mensajes odiosos respecto del trabajo nuestro, de manera que hay que procesar esa información siempre con calma, siempre con cuidado y siempre siendo muy consciente del prestigio que se juega el proceso en cada una de sus etapas. No soy experto, pero los resultados del informe son bien elocuentes.
-¿Y ustedes como convencionales están monitoreando y recibiendo informes sobre eso?
-Estamos recibiendo informes. No los monitoreamos nosotros directamente sino que a través de los especialistas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la información que está surgiendo de ellos es bien interesante.
-¿Lo encargaron o se lo ofrecieron a ustedes?
-Es un trabajo que está realizando la universidad y que forma parte de un convenio de colaboración que suscribió la constituyente hace algunas semanas.
-¿Y tiene costo para ustedes?
-No. Todos los acuerdos de colaboración que firmamos son gratuitos.
-Hay opiniones que señalan que la Convención está cercenando la posibilidad de debatir, con medidas como sancionar el negacionismo. ¿Es partidario de algún límite?
-Yo creo que el debate democrático no debiera tener límites predeterminados. El único límite al debate democrático es el debate democrático propiamente tal. Eso supone el reconocimiento recíproco de nuestra condición de personas sujetos a derechos fundamentales, supone el reconocimiento de hablantes legítimos, de sujetos que tienen la posibilidad de expresar sus opiniones para levantar su discurso y me parece que una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos es el surgimiento de voces de distintos sectores económicos, políticos, sociales y culturales que por mucho tiempo habían estado postergadas e invisibilizadas. Y muy probablemente el ruido, la polémica que hemos visto en las últimas semanas o meses, surja precisamente por la irrupción de esos discursos que habían estado en condiciones estructurales de postergación. Entonces creo que una de las contribuciones que puede generar el proceso constituyente en ese mismo plano más pedagógico que tienen los procesos políticos, sea precisamente en acostumbrarnos a escuchar esos nuevos discursos, nuevas voces y más allá de que estemos de acuerdo o no con el contenido de lo que sostienen, las podamos reconocer como sujetos legítimos, como voces válidas de tal modo de que las fronteras de la democracia puedan ampliarse y no restringirse como ha ocurrido los últimos 40 años.
"La regulación de estas instituciones (Fuerzas Armadas, Carabineros) es un mandato fundamentalmente de carácter legal. En la Constitución sólo vamos a tener las definiciones macro, los principios más importantes, y la configuración final de estas instituciones queda siempre en manos del legislador".