Por Karlyng Silva Leal

En su visita a la Región del Biobío, el coordinador nacional de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, detalló ayer que se ha identificado la intervención de cuatro organizaciones "radicalizadas y terroristas" operando en distintos puntos de La Araucanía y Biobío, las que estarían detrás de los hechos de violencia que afectan a ambas regiones.

El personero aseguró que la organización Resistencia Mapuche Lavkenche sería la que estaría operando en específico en la Provincia de Arauco, principalmente en el cono sur del territorio, que es donde se han focalizado los ataques y hechos de violencia.

En el marco de la aprobación de recursos que beneficiarán a 20 víctimas de violencia rural en la Región del Biobío (ver recuadro), Urquízar explicó que "hoy contamos con más de 20 medidas que tienen dos líneas, una línea legislativa y una administrativa, en que estamos focalizando desde distintos planes y con foco especial en las zonas más complejas de la Macrozona Sur y una de ellas es la Provincia de Arauco".

Al respecto, detalló que a nivel general en la zona operan cuatro grupos, los que identificó como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Weichan Auka Mapu (WAM), Resistencia Mapuche Malleco y Resistencia Mapuche Lavkenche, siendo esta última la que opera en la zona con mayor afectación en el área sur de la Región del Biobío.

Urquízar precisó que se trata del grupo que operaría en dos zonas, una de ellas comprendida por la ruta P-72, que inicia en el cruce Peleco de Cañete con dirección al sur por la costa, pasando por Antiquina y Quidico, y llegando a la zona urbana de Tirúa. El otro sector afectado sería alrededor de la ruta P-60, que también atraviesa el cruce Peleco, pero con dirección al este, es decir, hacia la comuna de Contulmo, rodeando el lago Lanalhue. Ambas rutas tienen continuidad hasta la Región de La Araucanía.

En las últimas semanas los ataques y actos violentos se han concentrado en el camino que une Cañete y Tirúa, así como también en la localidad de Quidico.

"Estos grupos radicalizados y terroristas buscan aterrorizar a personas mapuches y no mapuches para que se sientan inseguras y ejercer el control territorial", agregó.

SITUACIÓN DE QUIDICO

Según el conteo que llevan los mismos habitantes de Quidico, en tres años han lamentado el siniestro de 56 viviendas, además de constantes tiroteos. A esto se suma el robo de vehículos en la ruta P-72, y corte de la misma por parte de grupos armados, con móviles e incluso camiones quemados.

En la zona se encuentra un retén de Carabineros que cumple funciones de orden y seguridad pública, pero el control de las actividades violentas se encuentra a cargo de la Subcomisaría de Tirúa que, a su vez, depende de la Zona de Orden Público radicada en Pailahueque, Región de La Araucanía.

Al respecto, el general Juan Pablo Caneo, jefe de la Octava Zona de Carabineros, aseguró que la situación es compleja y amerita medidas extraordinarias, ya que en cinco meses el retén fue atacado dos veces con armas de grueso calibre, por lo cual se implementó el blindaje de casi la totalidad de la unidad policial para entregar más seguridad a los funcionarios.

Caneo sostuvo que la presencia policial en la zona es necesaria, ya que "el beneficio de ellos (habitantes) supera el costo que tenemos que asumir los Carabineros para poder brindarles seguridad y tranquilidad". Explicó que por esto se actualizan y modifican los servicios policiales, como los horarios, lugares y la ubicación de los vehículos blindados para disminuir la acción de los delincuentes.

Asimismo, explicó que para enfrentar la situación se está haciendo efectiva la llegada de recursos, logísticos y humanos, los cuales por motivos de seguridad y efectividad de los operativos no pueden ser revelados. No obstante, aseguró que la dotación de carabineros en Quidico es suficiente para los servicios, funciones preventivas y la realidad del sector.

Recursos para víctimas de violencia rural

El coordinador nacional de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, visitó la zona en el marco del Comité Técnico Regional del Biobío, el cual aprobó $724 millones para 20 víctimas de violencia en la Provincia de Arauco.

Los recursos responden a un nuevo convenio entre la Subsecretaría del Interior y Sercotec para financiar un Plan de Negocios con recursos financieros no reembolsables.

Urquízar detalló que los beneficiarios residen en distintas comunas como Tirúa, Cañete, Lebu y la localidad de Quidico. "Esto busca reponer maquinaria forestal, agrícola, camiones, hotelería y una serie de instrumentos que sirven para la reposición de actividades económicas esenciales para estas víctimas", agregó.

"El apoyo a las víctimas es primordial y este programa tiene como objetivo acompañarlos en este proceso, trabajo que comenzamos con el catastro iniciado el 2018. Hoy estamos contribuyendo a la reparación y ayudando a muchas familias a recuperarse", sostuvo el intendente de Biobío, Patricio Kuhn, quien presidió la instancia.

20 víctimas de violencia rural serán beneficiadas con los recursos aprobados durante la jornada de ayer.

Según Urquízar, el grupo Resistencia Mapuche Lavkenche opera desde 2020 principalmente en las rutas ubicadas en el cono sur de la Provincia de Arauco.

Tres inmuebles en la comuna de Cañete fueron objeto de un nuevo ataque en la zona durante la madrugada de ayer martes. Se trata de dos viviendas que resultaron siniestradas en la ribera del Lago Lanalhue y la escuela Pedro Etchepare Borda, la que en junio del año pasado fue incendiada por completo.

El establecimiento educacional fue reconstruido en un trabajo conjunto del gobierno, Desafío Chile y CMPC y hasta el lunes las obras presentaban un 90% de avance. En este ataque se constató el daño de la infraestructura con ventanas rotas, puertas quemadas, impactos de balas en las paredes, focos de punto de ignición de fuego y en el lugar también se encontró un panfleto que señalaba "Libertad a los presos políticos mapuches", además de incluir los nombres de dos personas actualmente imputadas.

La directora del recinto, Patricia Carreño, sostuvo que el daño perjudica a los 16 alumnos matriculados que en el lugar podían recibir educación, alojamiento y alimentación. "Me preocupa tener un lugar físico, porque es incómodo estar trabajando desde la casa. Si esta gente cree que hace daño al Departamento de Educación, al alcalde, a los profes, no. Esto afecta directamente a los niños", aseguró.

El exseremi de Educación, Fernando Peña, quien que todavía estaba en el cargo cuando se produjo el incendio el año pasado, afirmó en su cuenta de Twitter que existe impunidad para los autores de estos hechos en la zona, lo que acompañó con un video del la escuela siniestrada.

"Nueva Escuela Lanalhue, hace pocos días recepcionada luego de brutal ataque incendiario en 2020, es nuevamente vandalizada por narcoterroristas que operan con absoluta impunidad en Tirua-Cañete ¿Hasta cuándo? ¿Dónde están las instituciones y el Estado de derecho? ¡Basta!", expresó la exautoridad.

INVESTIGACIÓN

Por su parte, el coordinador regional de la Macrozona Sur, Roberto Coloma, confirmó que en horas de la madrugada ocurrió otro ataque incendiario que afectó a dos cabañas de veraneo, una de ellas con pérdida total y la otra con daños parciales. Ambas se encontraban deshabitadas y no se registraron lesionados a causa del fuego.

"Se está iniciando la investigación de los hechos con el objeto de determinar con precisión la naturaleza de los mismos y los responsables de estos actos", agregó.

También reiteró, como lo ha afirmado en otras oportunidades, que estas acciones corresponden a la reacción de las medidas de control de orden público que desarrolla la coordinación, afirmando que por ello el hecho no los tomó por sorpresa, pero que de todos modos siguen trabajando con los mandos policiales para prevenirlos.

16 alumnos es la matrícula de la escuela Pedro Etchepare, que el año pasado también fue atacada.

El Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero decretó la prisión preventiva del único imputado como autor del delito frustrado de femicidio y del delito consumado de porte y tenencia de arma de fuego. Ilícitos perpetrados el sábado 8 y el domingo 9 de mayo recién pasados, en la comuna.

En la audiencia de formalización, la magistrada Macarena Bobadilla García ordenó el ingreso del imputado al Centro de Detención Preventiva de Yumbel, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Además, fijó un plazo de investigación de tres meses.

Según la Fiscalía, alrededor de las 23.50 horas del sábado 8, el sujeto ingresó al domicilio de su exconviviente, ubicado en Cabrero, donde disparó un arma de fuego directo al rostro de la víctima, para huir inmediatamente del lugar. A consecuencia del disparo, la víctima sufrió lesiones de carácter grave.

El imputado fue detenido el domingo y todavía tenía en su poder el arma de fuego, sin contar con los permisos y autorizaciones que establece la ley de control de armas.