Descentralización y nueva Carta Magna
Interesantes propuestas que serán un valioso aporte al crucial debate que implicará la elaboración de una nueva Carta Magna para el país -en el marco del trabajo de los convencionales constituyentes que se elegirán el próximo fin de semana- son las que entregó la Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado, en un documento que dio a conocer esta semana y que aborda dos ejes fundamentales para las regiones: la descentralización y la participación.
El objetivo central de la iniciativa es entregar a quienes resulten elegidos como miembros de la Convención un insumo con una mirada regional sobre una temática que suele ser siempre abordada desde el nivel central "hacia abajo", por lo cual tiene un especial significado que surja como una propuesta que integra especialmente a personas que habitan zonas fuera de la Región Metropolitana.
El texto fue el fruto de la labor de un grupo de 23 personas -la mayoría vinculadas al mundo académico y a los estudios científicos en torno a estas materias, pero también incluyendo a abogados y economistas- y derivó en una propuesta que considera el establecimiento de un nuevo modelo de Estado unitario y descentralizado. Además, propone un gobierno y administración interior que preserve la unidad del Estado, con más autonomía y coordinación territorial y plantea los principios asociados a la descentralización que deberían estar considerados en la futura Constitución Política de la República.
Como punto central se explica a qué apunta el concepto de modelo de Estado: unitario-descentralizado. "Unitario en lo esencial, sobre un solo territorio, único e indivisible, e integralmente descentralizado, con comunas y regiones dotadas de poder político, facultades y recursos de decisión autónoma; en el ámbito de sus competencias, capaces de asegurar servicios básicos de calidad a todos sus habitantes en materia de salud, educación, seguridad, vivienda, transporte, conectividad, cultura, deporte y recreación", detalla el documento.
Según se precisa, este nuevo modelo de Estado se diferencia del vigente -predominantemente uniforme y de descentralización exclusivamente administrativa- al consagrar constitucionalmente la diferenciación territorial. Y aunque puede resultar confuso, es bastante más simple: en la actualidad uno de los principales problemas que obstaculizan la descentralización es la absoluta uniformidad que existe en la aplicación de las políticas públicas. Aquello explica -por ejemplo- la resistencia que en su momento provocó la fórmula de fomento productivo generada en los albores del año 2000 en esta Región, en el marco del nacimiento de Innova Biobío, lo que luego de años de soterrado conflicto terminó con la absorción de éste por parte de una nueva entidad (el Comité de Desarrollo Productivo, el cual fue planificado y ejecutado principalmente desde Corfo Central), con lo cual se buscó uniformizar nacionalmente el modelo, a través de un plan piloto que ha tenido discutibles resultados.
Así, lo que señala la propuesta es que se propone garantizar la unidad del Estado, pero al mismo tiempo posibilitar que las entidades territoriales y locales puedan decidir autónomamente sobre aspectos que conciernen a su realidad territorial, regional y local, manteniendo las competencias del nivel central para aquellas materias que trasciendan al nivel local y regional. En otras palabras, se trata de aplicar el principio de la subsidiariedad territorial, que establece una preferencia de gestión de los asuntos públicos al nivel más descentralizado posible.
Frente a esta proposición, se debe complementar que un proceso de tal naturaleza, para un país con una historia centralista tan arraigada, requiere una necesaria gradualidad y relevar un aspecto menos reconocido cuando se trata de proponer procesos de descentralización. Este tiene que ver con la necesidad de enfatizar en las políticas de responsabilidad fiscal que deben fomentarse en los territorios subnacionales.
Por eso es destacable que entre los principios constitucionales a los que se alude en detalle se encuentre el de la responsabilidad fiscal, que apunta a la eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de competencias y recursos. Esta materia es fundamental, si se consideran experiencias de descentralización fallidas ocurridas en países de América Latina y otras latitudes, donde no se enfatizó en la necesidad de minimizar los riesgos de conflictos de intereses, tráfico de influencias y corrupción, en el ejercicio de las atribuciones de las nuevas autoridades, cuerpos colegiados y funcionarios públicos.
Para el buen cumplimiento de este principio es muy relevante crear y fortalecer capacidades locales, un aspecto en el cual sin duda hay mucho que trabajar tanto en Biobío como en el resto de las regiones.
Otro elemento destacable, sobre todo por la forma en que a veces se piensa erradamente en la descentralización (como una disputa frontal entre el centro y la periferia) es el de la coordinación multinivel, es decir, aquella que permita un adecuado desarrollo de acciones comunes y colaborativas entre gobierno nacional, regional y local. Esto es especialmente importante en procesos de transición, y cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de varias entidades territoriales autónomas (municipalidades, gobiernos regionales), la ley establecerá las modalidades para que dichas entidades organicen su acción colaborativa en común.
Contar con un estado unitario descentralizado, para un país con una historia centralista tan arraigada, requiere una necesaria gradualidad y relevar un aspecto menos reconocido cuando se trata de proponer procesos de esta naturaleza. Este tiene que ver con la necesidad de enfatizar en las políticas de responsabilidad fiscal que deben fomentarse en los territorios subnacionales.