Por Nicolás Álvarez Arrau

En agosto de 2019 entró en vigor la llamada "Ley de la Jibia", normativa que entregó la captura exclusiva del recurso al sector artesanal. Este hecho tuvo serios impactos en la pesca industrial, área que perdió más de dos mil empleos, según cifras proporcionadas por la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) en octubre del año pasado.

A 20 meses de su aplicación, las consecuencias negativas no solo se palpan en las grandes empresas, sino que también entre los mismos artesanales que en algún momento miraban con buenos ojos dicha disposición legislativa. Consultados al respecto, hoy estos trabajadores advierten una serie de complejidades asociadas a la disminución de las capturas y al precio del kilo de jibia.

Por ejemplo, si antes de la ley se pagaban cerca de $600 por kilo, actualmente este número bordea los $200, es decir, hubo una baja superior al 66%. Por lo mismo, es normal observar que las embarcaciones hayan reducido en más de siete mil kilos la captura de estos calamares en cada zarpe, incluso cuando muchas veces no hay a quién ofrecer.

"La evolución de la ley ha sido pésima, ya que los valores se fueron al suelo al no existir poder comprador. Aquí el poder comprador más grande era la industria y de una u otra forma ellos distribuían (...) Ahora no hay demanda, no hay precio", grafica José Beltrán, pescador artesanal de Talcahuano.

El relato de Beltrán es recogido por su par de Caleta Coliumo, Paula Reyes. Según la pescadora, el haber legislado en la manera drástica que se hizo perjudicó finalmente la labor de sus compañeros, sobre todo "en la mano de obra, en el número de fletes, o el muelle que dejó de generar. Los políticos cometieron un grave error".

Ambos agregan que la merma en los costos surge a raíz de la falta de volúmenes adecuados para mantener activas las plantas industriales y por la calidad del producto que es suministrado por los artesanales ante la falta de cadenas de frío.

REACCIÓN GREMIAL

Pese a que en su oportunidad el presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales (Ferepa), Hugo Arancibia, calificó la normativa como "un logro histórico" -según se lee en material de prensa de la época-, actualmente el dirigente reconoce que es efectiva la situación negativa que viven parte de los trabajadores del sector.

"Después de la promulgación de la Ley de la Jibia, y luego de que algunas empresas cerraron sus plantas, el precio en la compra ha decaído fuertemente con factores de venta que varían entre $350 y $180 por kilo, lo que representa una baja de más de 60% de lo que nos tenían acostumbrados", sostiene Arancibia.

Eso sí, dice que Ferepa no posee en este instante un diagnóstico claro para precisar si desde el punto de vista de los artesanales hay arrepentimiento. "Lo que sí hay es descontento por los valores y el sacrificio de pescar jibias, que es grande, porque no compensa con aquello", revela.

Al contrario, su par del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, opina que la ley no tiene nada que ver con los efectos relatados por sus compañeros, razón por la que mantiene su postura positiva frente a la norma. A su juicio, las diferencias en los costos nacen más bien producto de un tema de mercado.

"Si hay una baja en el precio, seguramente, es porque hay una sobreoferta de alguna otra parte y hay poca demanda desde los sectores habituales a los que Chile vende. Hay que analizar eso", argumenta Cortés, quien además llama al Estado a "asumir su rol pendiente" para fomentar el consumo interno de la especie.

De acuerdo a Ferepa, se espera que este jueves se realice una nueva mesa de trabajo con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. En la oportunidad, el gremio tratará de expresar la inquietud para buscar alguna solución que permita mejorar el panorama de los jibieros.

La "Ley de la Jibia" entró en vigencia en agosto de 2019. Su puesta en marcha implicó lapérdida de miles de empleos en la industria, lo que generó controversia.

Un grupo de 24 directores y fundadores de compañías nacionales y regionales crearon una plataforma en donde invitan a empresarios y emprendedores de todo Chile a asumir un rol activo en el proceso político, económico y social que vive el país, como una oportunidad para diseñar una nueva hoja de ruta, tanto en la evolución de la labor de hacer empresa, como en la relación con la ciudadanía.

Por medio del espacio web www.unnuevoequilibrio.cl buscan destacar el valor de hacer empresa con el propósito de construir soluciones que reactiven la economía y contribuyan a disminuir las brechas sociales. Eso, de acuerdo a tres ejes: País, Reactivación y Sostenibilidad.

Entre los empresarios que conforman la instancia figuran Juan Sutil, Bernardo Larraín y Mónica Retamal.

ROL REGIONAL

Javier Álvarez, socio fundador de Un Nuevo Equilibrio, cuenta que la plataforma tiene por objeto ser un puente de diálogo para recoger ideas e impulsar conceptos clave en el marco de la nueva Constitución o la pandemia. Agrega que a nivel regional surge una tarea importante asociada al tema de la descentralización.

"La centralización y la acumulación de poder en la capital es muy grande, y eso genera una realidad en donde las autoridades locales y las regiones pasan a ser insignificantes (…) Esto no es solo un problema del Estado, ya que también pasa en las firmas privadas. Tenemos que remarcar esto mediante aspectos comunicacionales", plantea el también presidente de Pares&Álvarez.

Lo bueno, dice, es que entre los empresarios que componen el grupo "hay una conciencia bastante colectiva" sobre la descentralización, ítem que será plasmado en un documento programático dentro de los próximos dos meses.

Álvaro Ananías, líder macrozonal de Un Nuevo Equilibrio y gerente general de Genesys, añade que también es necesario que desde la Región se levanten los problemas asociados a la violencia en Arauco. "Hay personas en ese sector que están muy complicadas. Mientras no se resuelva el problema, habrá una detención del desarrollo", enfatiza.

A eso suma lo que ocurre hoy con el encadenamiento productivo, "que tiene que ver con que las grandes compañías que están instaladas en Biobío puedan desarrollar programas de ayuda a sus proveedores para apurar la reactivación, es decir, acelerar ciertos proyectos o pagar anticipadamente los servicios".

Los ejes de la fundación son trabajados de forma periódica por los participantes. A la fecha han realizado diversos encuentros públicos de diálogo con candidatos constituyentes y se espera que durante mayo se efectúen dos más.

Hace tiempo que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia, para convertirse en un "deber ser". Hoy, gobiernos, empresas, gremios y casi todo tipo de organizaciones tienen algo que decir en la materia. Algunos han incorporado unidades especiales en sus organigramas para abordar el tema y otros han buscado la visión de asesores externos, como también hay varios que siguen ambos caminos para una gestión y reportabilidad más objetivas.

Es un largo camino que en Chile viene siendo empujado, entre otros, por la Comisión de Mercados Financieros (CMF), que a través de la Norma de Carácter General (NCG) Nº 30 indica cómo deben presentarse las memorias financieras. En 2010, la entidad inició un proceso de alineación de las normas de gobierno corporativo a las tendencias internacionales, como los Principios de Inversión Responsable, el que sigue enriqueciéndose hasta hoy.

En 2012, la CMF creó la primera regulación en materia de gobierno corporativo para sociedades anónimas abiertas de Chile: la Norma de Carácter General (NCG) Nº 341. Sin embargo, en 2015 la dividió en dos componentes: la NCG Nº 385, sobre buenas prácticas en gobierno corporativo, y la NCG Nº 386, de reporte de información ESG (la sigla en inglés para "económica, social y de gobernanza").

Recientemente, la Comisión cerró un proceso de consulta vía web que se inició a fines de 2019 y que apunta a que las prácticas de sostenibilidad estén consideradas en dichas memorias, y de manera más rigurosa. Por lo tanto, políticas, metas y métricas que permitan al inversionista conocer el impacto que la organización tiene en su entorno debieran ser consideradas en el documento financiero anual.

Lo anterior implica dar a conocer datos concretos que reflejen, por ejemplo, el compromiso de la empresa para prevenir la corrupción, la existencia de una relación justa con proveedores, el consumo energético y de insumos, o cómo se promueve la diversidad, los derechos, seguridad y beneficios de las trabajadoras y trabajadores.

Es cierto que aún falta una etapa de mesas de conversación para que la iniciativa se vuelva obligatoria para las empresas que emiten memorias a la CMF, pero también lo es que se trata de una transformación irreversible. De hecho, es necesaria no solo para que Chile se ponga al nivel de reportabilidad de los países desarrollados, sino sobre todo para que la sostenibilidad deje de ser una palabra de moda para convertirse en resultados gestionables.

Rodrigo Monsalve Riquelme, gerente general Puertos de Talcahuano